El Consell d´Eivissa no descarta poder cumplir plazos y contar en julio con el servicio de detectives para combatir las fiestas ilegales, tal como tenía previsto. El vicepresidente primero en la institución y responsable del área de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, reconoció este miércoles las inesperadas dificultades con las que se han topado a la hora de adjudicar este servicio.
A pesar de anunciarse la licitación «con bastante antelación para evitar posibles problemas», el Consell ha tenido que rechazar las propuestas de dos de las empresas que participaron en el procedimiento y confía en que a la tercera vaya la vencida.
«La primera de las empresas no aportó la documentación justificativa sobre aquello a lo que se había comprometido. Realizamos el llamamiento a la segunda empresa, que aseguró estar inscrita en el registro oficial de licitadores. No era así y también ha quedado excluida», explicó Juan.
El Consell está pendiente ahora de una tercera oferta que podría resultar la adjudicataria en caso de cumplimentar en tiempo y forma toda la documentación requerida. La decisión se conocerá en unos días.
Mariano Juan recordó este miércoles que cinco empresas en total se presentaron a este concurso, publicado el pasado marzo por valor de 144.000 euros. Según recordó el vicepresidente, la contratación de unos detectives en 2021 fue adjudicada de manera directa por 14.000 euros al tratarse de una prueba piloto que se llevó a cabo durante diez días.
Temporada alta
Esta temporada, la intención del Consell es concentrar el trabajo de los detectives entre mediados de julio y el mes de agosto, teniendo en cuenta que fue durante ese periodo cuando más fiestas ilegales se detectaron en la isla en 2021. «Hemos notado un descenso importante en cuanto a las quejas relacionadas con estas fiestas organizadas. Lo cierto es que no tenemos la presión del pasado año, probablemente porque el ocio está abierto», manifestó el vicepresidente.
Para Mariano Juan, es también «obvio»que el anunciado endurecimiento de las sanciones, con multas para toda persona implicada en uno de estos eventos, ha contribuido a este ansiado descenso: «Que se sancione a los organizadores, a los relaciones públicas o a los asistentes, tiene un efecto disuasorio importante. Está claro».
Aun así, para confirmar el éxito del servicio de detectives habrá que esperar a conocer el balance de su labor, una vez acabe el verano.
«En cualquier caso, nosotros nos comprometimos a poner este servicio a disposición de los ayuntamientos y seguimos adelante. Incidimos en su puesta en marcha porque en las reuniones que tuvimos con los consistorios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para analizar qué estaba pasando y dónde fallaban las administraciones públicas al registrarse esa explosión de fiestas ilegales, vimos que una de las conclusiones era que fallaba la ley, porque en aquel momento solo se sancionaba a quienes organizaban», explicó el vicepresidente.
Las cifras
Según manifestó también Juan, fue el Consell quien puso esta problemática sobre la mesa, constatándose además una «importante» falta de efectivos a la hora de combatir esta actividad irregular. «Las policías locales, porque los ayuntamientos son los competentes a la hora de aplicar las sanciones contra las fiestas ilegales, no contaban con efectivos suficientes para infiltrarse en estos eventos. El objetivo era reventar las fiestas antes de que empezaran y, si ya lo habían hecho, tener datos para identificar fácilmente a los organizadores e intermediarios. Consideramos que el Consell podía ayudar a los ayuntamientos y se demostró que fue así», aclaró también.
Según recordó Juan, en el verano de 2021 fueron identificadas cerca de 30 personas relacionadas con la celebración de fiestas ilegales en Ibiza, por lo que los ayuntamientos tramitan ya los correspondientes expedientes sancionadores. Sant Antoni y Santa Eulària, como mínimo, trabajan en estos expedientes gracias a las inspecciones impulsadas por el Consell, reiteró el conseller.
En concreto, el pasado año fueron detectadas cuatro fiestas en Sant Josep, dos en Sant Antoni y una en Santa Eulària. Ninguna de ellas en una vivienda con licencia para la comercialización turística. En estas fiestas fueron recopilados los datos de 29 personas, 17 relacionadas con la recaudación y 12 con la logística, siendo denunciadas a los ayuntamientos correspondientes, al Govern balear por el incumplimiento de la normativa Covid-19 vigente en aquel momento y, en el caso de las personas encargadas de la recaudación, también a la Agencia Tributaria. El trabajo realizado el pasado verano permitió descubrir incluso a una trabajadora del Servicio de Salud de las Islas Baleares que bajo el pseudónimo de Anita Dinamita vendía entradas para fiestas ilegales.
El Ayuntamiento de Sant Josep confirmó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que este verano se han realizado ya dos intervenciones por fiestas ilegales en el municipio. En relación a Santa Eulària, por el momento no se ha intervenido en ninguna fiesta ilegal.
En este 2022, instituciones como el Govern, el Consell o los ayuntamientos, apostaron por fortalecer las medidas para combatir las fiestas no autorizadas, modificando para ello la ley de actividades. De hecho, con la nueva normativa se realiza una definición clara de lo que son estas fiestas, diferenciándolas de las que tienen un carácter familiar o privado.
De este modo, se consideran fiestas ilegales las reuniones o acontecimientos multitudinarios de ocio y entretenimiento con ánimo de lucro, celebrados en espacios que no tienen consideración de establecimiento público y que se comercializan fuera de los canales convencionales.
Las sanciones pueden alcanzar los 300.000 euros en casos de faltas muy graves al organizarse, comercializar o anunciarse fiestas ilegales en espacios naturales protegidos o viviendas.