La reunión que Pablo y su familia llevaban tanto tiempo aguardando no ha dado este miércoles el resultado esperado. Este joven de 18 años, con una discapacidad intelectual moderada, tiene muy claro que su vocación es convertirse en jardinero. Con ese fin, lucha desde hace tiempo contra todo tipo de trabas burocráticas puesto que la Conselleria de Educación del Govern balear no le facilita el acceso a estos estudios de Formación Profesional. En un nuevo intento por lograr su objetivo, la madre de Pablo, Carmen Ortúzar, y Lola Penín, de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES), se reunieron ayer con la delegada insular de Educación, Marga Ferrer.
Tras el encuentro, Ferrer aseguró que existen unas normativas y en este caso hay además una resolución de responsables de Educación con las recomendaciones a seguir para la escolarización del joven, contando también para ello con el informe orientador realizado sobre el alumno. «A él le han recomendado una serie de opciones, hasta tres, aunque la madre no las quiere», apostilló la delegada.
Ferrer recordó que las ofertas pasan por inscribir a Pablo en una FP especial de cocina o en una formación sobre integración a la vida adulta que se presta en varios centros de la isla y «supongo que habrá algún curso del SOIB».
La delegada destacó que la madre de Pablo pretende que su hijo pueda seguir en el IES Algarb hasta ser aceptado en Jardinería: «Ya ha repetido dos veces la ESO. Siempre se le han dado los recursos que ha necesitado, como a todos los alumnos, que es lo que siempre reivindicamos».
«Como delegada, no me puedo saltar la normativa», reiteró Ferrer, asegurando que no todos los alumnos «pueden optar a todo y debemos aceptar que tienen unas características especiales y cada uno, según estas características, puede optar a unas cosas u otras».
La madre de Pablo, Carmen Ortúzar, ha asegurado este miércoles sentirse «fatal» tras el encuentro «porque no me han dado ninguna opción más que lo que ya habían propuesto».
Convencida de seguir luchando para que se cumpla la voluntad de su hijo, Carmen ha registrado este miércoles en Educación un nuevo documento solicitando la permanencia del joven en el instituto hasta que se resuelva el contencioso planteado en 2021 y cuyo objetivo es conseguir que Pablo pueda estudiar jardinería. En septiembre, responsables de Educación valorarán esta última petición.
Para Carmen, el «colmo» es que se hable de integración o inclusión de jóvenes como Pablo «y ahora me mandan una resolución diciendo que mi hijo tiene que estar con sus iguales. ¿Quiénes son los iguales de mi hijo?».
«Es muy duro porque mi hijo, aunque tenga un retraso madurativo, no es tonto. A mi hijo lo están poniendo como un inútil, como una persona que no sirve para nada. Después de cinco años, la delegada me ha preguntado si mi hijo es autónomo», lamentó tras el encuentro celebrado ayer con Ferrer.
Menorca sí, Ibiza no
También destacó cómo dos jóvenes de Menorca, con una discapacidad mayor que la de Pablo, han podido acceder a los estudios que eligieron contando para ello con los recursos necesarios. «¿En Ibiza por qué no?», concluyó.
Desde Apies, Lola Penín criticó el resultado de la reunión y valoró de manera negativa que a los alumnos con necesidades especiales se les limiten las posibilidades educativas por la falta de recursos.
Hace varias semanas, Apies ya lamentó que, para Pablo, el refuerzo de un auxiliar técnico educativo sí estaba concedido en la ESO, pero no en la FP. También criticó que, para este alumno, las opciones ofertadas son el aula TAVA (Transición a la Vida Adulta) de Blanca Dona, el aula TAVA de Sant Antoni o el centro especial de Sant Josep. «Lo que queremos es que Pablo se eduque, no que aprenda a hacer la cama o a poner la mesa porque ya sabe hacerlo», puntualizaron desde Apies.
La entidad aseguró que la oferta de Educación «no es nada inclusiva» puesto que tan solo se contemplan propuestas «exclusivas» para personas con diversidad. De hecho, lamentaron que «nos venden leyes inclusivas» cuando, a su parecer, nada está más alejado de la realidad.
Desde Apies recordaron cómo en Santa Eulària a una alumna de 21 años sí se le había permitido seguir en el instituto al no haber en el municipio un aula TAVA.