Miembros de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES) criticaron ayer que «la propia Administración se están saltando la ley de una manera reiterada y continuada» en relación al caso de Pablo, el joven con una discapacidad intelectual moderada que quiere estudiar una FP de Jardinería.
Joan Amorós, padre de un pequeño con necesidades especiales, cargó este lunes contra Educación y, más en concreto, contra la delegada insular Marga Ferrer, asegurando que «no se tiene en cuenta la normativa vigente, no solo a nivel del Estado español sino también en clave internacional».
«Es muy indignante y cada vez que vemos las diferentes negativas que se le dan a Pablo para que pueda estudiar Jardinería, la indignación es mayor. Las respuestas son, a cada cual, más surrealistas», expresó a Periódico de Ibiza y Formentera el también presidente de la Asamblea de Docentes de Ibiza.
A este miembro de Apies le afectó especialmente la respuesta de Educación sobre que el joven debería estudiar con sus iguales: «Esto es una barbaridad. No se puede decir algo así en el mundo de la Educación. Nadie estudia con sus iguales. Sería totalmente discriminatorio».
Otra de las contestaciones que indignaron a Amorós es cuando se aseguró que Pablo no está preparado para estudiar Jardinería. «Esto es como la película en la que sabían los crímenes antes de cometerlos. Esto es igual. Ya saben quién está preparado para estudiar una materia antes de hacerlo. Es muy grave y esto no se puede hacer». «¿Concebiríamos esto en relación a cualquier persona sin una discapacidad funcional? ¿Por qué entonces debemos concebirlo con Pablo?», reiteró Amorós.
A la hora de justificar los motivos por los cuales la delegada de Educación se está saltando la normativa, Amorós destacó que el listado de incumplimientos en relación a este caso «sería inacabable». De hecho, consideró que, en un país «normal», ningún responsable de esta decisión podría seguir en su cargo «ni un segundo más», menos alguien que debe velar por los intereses de los estudiantes de Ibiza.
Para el docente, con la decisión de Educación se incumplen artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de los Derechos de los Niños. También, aspectos de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006 y rafiticada por el Estado español en 2008.
«Que la propia Administración se salte todas las leyes habidas y por haber por no dotar del recurso necesario al joven para que pueda estudiar lo que él quiere, nos parece muy grave», insistió.
Amorós reconoció que situaciones similares ya se han dado anteriormente, aunque, en esta ocasión, desde Apies, y para revertir esta realidad, han plantado cara a esta problemática.
«Debe tener los recursos donde él quiera y no es la Administración quién debe decir dónde estará mejor alguien como Pablo», concluyó el docente.
El caso
Estas manifestaciones se producen tras la reunión que el pasado jueves se celebró entre la familia de Pablo y la delegada de Educación en las Pitiusas, Marga Ferrer, y que finalizó sin el resultado esperado para el joven estudiante. En un nuevo intento por lograr su objetivo, la madre de Pablo, Carmen Ortúzar, y Lola Penín, de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES), se reunieron con Ferrer.
Tras el encuentro, la delegada aseguró que existen unas normativas y en este caso hay además una resolución de responsables de Educación con las recomendaciones a seguir para la escolarización del joven, contando también para ello con el informe orientador realizado sobre el alumno. «A él le han recomendado una serie de opciones, hasta tres, aunque la madre no las quiere», apostilló la delegada el pasado jueves.
Ferrer recordó que las ofertas pasan por inscribir a Pablo en una FP especial de cocina o en una formación sobre integración a la vida adulta que se presta en varios centros de la isla.
La delegada destacó que la madre de Pablo pretende que su hijo pueda seguir en el IES Algarb hasta ser aceptado en Jardinería: «Ya ha repetido dos veces la ESO. Siempre se le han dado los recursos que ha necesitado, como a todos los alumnos, que es lo que siempre reivindicamos».
«Como delegada, no me puedo saltar la normativa», reiteró Ferrer, asegurando que no todos los alumnos «pueden optar a todo y debemos aceptar que tienen unas características especiales y cada uno, según estas características, puede optar a unas cosas u otras».
Desde Apies, Lola Penín criticó el resultado de la reunión y valoró de manera negativa que a los alumnos con necesidades especiales se les limiten las posibilidades educativas por la falta de recursos.