PSOE y UP votaron ayer en contra de una propuesta del PP para sacar adelante una nueva línea de ayudas por valor de 1,5 millones de euros para que los comerciantes de Ibiza puedan afrontar las medidas que deben cumplir por el decreto contra la crisis energética aprobado por el Gobierno central el pasado mes de agosto. El concejal del PP Jacobo Varela recordó que estas medidas «afectan por igual a las grandes superficies que a los pequeños comerciantes» por lo que reclamó al Consistorio este apoyo.
Varela también indicó que los comercios de Ibiza se están viendo muy afectados por la «inflación descontrolada» y que están teniendo «pérdidas» porque el Ayuntamiento «tiene la ciudad levantada por obras», en clara referencia a lo que está sucediendo con la remodelación de la avenida de Isidor Macabich.
El concejal del PP explicó que este nuevo decreto del Gobierno obliga a los comercios a contar, por ejemplo, con sistemas de cierre de puertas que eviten que estas permanezcan abiertas innecesariamente. Según Varela, Ibiza cuenta en la actualidad con 1.875 comercios abiertos y, de haber salido adelante la propuesta, podrían haber contado con una ayuda de hasta 800 euros cada uno de ellos para implantar los sistemas a los que obliga el decreto.
El concejal de Ciudadanos Roberto Algaba se mostró de acuerdo con la petición. Recordó que es posible crear nuevas líneas de subvenciones en cualquier momento y puso como ejemplo que, precisamente en la sesión plenaria celebrada ayer, el Gobierno municipal había dado luz verde a una modificación del plan de subvenciones para incluir a tres nuevas entidades.
La concejal de Comercio, Desirée Ruiz Mostazo, fue la encargada de rechazar la petición del PP. Aseguró que se trata de una moción «sin pies ni cabeza», a pesar de que en la comisión previa al Pleno la había calificado como una propuesta «positiva». Ruiz Mostazo se escudó en que el Govern ya está preparando líneas de ayuda para 2023 y aseguró que los comerciantes de la ciudad no han transmitido al Consistorio necesitar este dinero.
Durante el Pleno, finalmente, Ciudadanos denunció que Vila solo cuenta con 35 bombillas de bajo consumo entre las 3.780 farolas de la ciudad. El portavoz de esta formación, José Luis Rodríguez, denunció que la concesionaria del servicio de alumbrado público, Citelum, no ha cumplido el contrato en lo que a la modernización de los sistemas se refiere y recordó al Gobierno municipal que la instalación de bombillas de bajo consumo supondría un ahorro del 60% en la factura de la luz. A estas palabras respondió la concejal de Economía y Hacienda, Estefanía Torres, señalando que el Consistorio no paga a Citelum «los trabajos que no hace». Ciudadanos también presentó una moción de control sobre los vertidos en el torrente de sa Llavanera y el puerto.