Con periodicidad cíclica y variedad de iniciativas, Ibiza ha retomado la reivindicación dirigida a subsanar la anomalía que supone contar con un 60 por ciento más de población que Menorca y, sin embargo, corresponderle un diputado menos en el Parlament balear. Ni en la reforma de 2007 del Estatut ni en la más reciente de 2018, que se ciñó a la eliminación de la condición de aforados de los diputados autonómicos, se ha abordado la cuestión.
La ley electoral balear, reformada en tres ocasiones (1986, 1995 y 2002) también ha soslayado de forma reiterada el problema, mientras la diferencia demográfica ha seguido creciendo a favor de Ibiza.
Por su parte, el Tribunal Constitucional dictó un auto en 2008 «en el que abría la puerta a declarar inconstitucional el sistema electoral balear al concluir que se vulnera el principio de igualdad del voto cuando la diferencia de población es manifiesta (de dimensiones considerables), arbitraria (sin una justificación) y se prolongue en el tiempo sin que el legislador lo solucione», informa la prensa local.
La solución no es tan sencilla como adjudicar uno o dos diputados más a Ibiza sin restar de otra circunscripción, por cuanto el número máximo está establecido en el Estatut. En la primera ley electoral, de los años 80, se adjudicaba el mismo número de escaños a Menorca que a Ibiza-Formentera, consideradas las Pitïuses distrito único. Al desglosarlo después y adjudicar uno a Formentera, Ibiza quedó con doce.
Entonces los diputados por cada isla tenían la doble condición de miembros del respectivo consell insular, razón por la que se acordó que fuera un número impar. Ese requisito se rompió con la reforma de 2007, pero se ha mantenido la equidad entre diputados y consellers.
No es popular hoy aumentar el número de políticos a sueldo del Parlament, se enfrentaría a un coste económico pero sobre todo de imagen de una actividad criticada entre la opinión pública. Por tanto, la solución no es tan simple. La vía correcta, asegura Carlos Fernández, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, sería redistribuir los 59 escaños para corregir la diferencia entre Menorca y Ibiza. Sería «la vía más correcta», dice, por ajustar escaños al peso demográfico.
El ejemplo de Canarias
Para evitar «situaciones injustas» como la descrita, ese apunta a la «cláusula canaria, que señala que ninguna circunscripción insular puede tener una cifra de diputados menor que cualquier otra con menor población de derecho.
Con ese fundamento, se ha corregido el desajuste entre las islas de Fuerteventura y La Palma. La primera, con un gran aumento demográfico, elegía siete representantes, uno menos que la segunda, menos poblada. Es una diferencia de 31.000 habitantes, mientras que la Ibiza con Menorca son 56.000 con datos del último padrón de habitantes. La reforma electoral de los legisladores canarios se ha realizado, sin embargo, ampliando el número de parlamentarios en diez escaños con una redistribución bajo criterios más ajustados al censo de cada territorio.