La quema de los restos de poda y otros vegetales seguirá prohibida en las Baleares, con las únicas excepciones que plantea la directriz planteada por el Govern balear para esquivar uno de los artículos de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica el pasado 8 de abril.
Y todo ello pese a que el pasado 5 de octubre todos los grupos políticos del Parlamento nacional, a excepción de los socialistas y los podemitas, acordaron incluir una enmienda planteada por ERC y Ciudadanos en la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) en la que proponía eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que está recogida en la Ley de Residuos. En concreto, esta enmienda suprime el apartado 3 del artículo 27 de la citada ley.
Sin embargo, y aunque se haya alcanzado este acuerdo, todavía queda un largo recorrido por delante para que este proyecto de Ley se convierta en Ley, cosa que aún no está claro que vaya a suceder dado el diferente equilibrio de fuerzas que hay en el Congreso y el Senado y que algunos de los socios de gobierno que aprueban por el momento el proyecto legislativo podrían cambiar de opinión tanto en la Cámara Alta como en su regreso al Congreso.
Y es que el texto tiene que pasar ahora por el Senado, que volverá a debatirlo y podrá plantear cambios en su redacción. De ahí volverá de nuevo al Congreso de los Diputados, que deberá darle el visto bueno definitivo antes de que el ejecutivo lo promulgue como ley. En ese momento, en cuanto se apruebe la Ley de la PAC, quedará anulado ese artículo de la Ley de Residuos y los agricultores y propietarios de fincas rústicas podrán seguir gestionando los residuos agrícolas.
El diputado del Partido Popular, Miquel Jerez, aseguró que su partido llevaba tiempo reclamando que se eliminase la prohibición para que se permitiera la quema controlada de restos de poda pues «con ello se permite a las explotaciones agrícolas y fincas rústicas autogestionar la eliminación de sus residuos sin necesidad de trasladarlos a la planta de tratamiento que, además de incrementar el gasto, no tendría capacidad suficiente para asumir toda la materia vegetal que se genera en la isla».
Recordó a su vez que la resolución de la Conselleria de Agricultura para la autorización excepcional de quemas por razones fitosanitarias «sólo cubre los restos vegetales exclusivamente de origen agrario, procedentes de muy determinados cultivos productivos, quedando fuera otro tipo de restos vegetales o maleza propia de las fincas rústicas». En este sentido Jerez añadió que «si sólo se permite la quema de determinados restos vegetales y no se facilitan ayudas que permitan acceder a maquinaria para la trituración in situ es posible que muchas de las fincas que hoy se mantienen limpias con la quema controlada acaben abandonándose. Lo han previsto todo al revés, sin un período de transición que permita al afectado adaptarse».
Por último Jerez criticó el procedimiento empleado. «En lugar de simplificar los trámites y hacer la vida más fácil, incrementan la burocracia de manera que para quemar restos vegetales habrá que solicitarlo y esperar a que finalice todo el procedimiento administrativo con una resolución favorable que permita hacerlo»..
En los otros casos los restos «sólo podrán ser eliminados mediante la trituración o a través de la planta de compostaje, por lo que el usuario deberá asumir el coste añadido que supone una u otra opción», recalcó Jerez.
A todo esto, añadió el diputado popular, «se suma la imposibilidad material que tiene la planta de compostaje para asumir la cantidad de material que le llegaría de las diferentes fincas de la isla, lo que podría llegar a provocar un colapso de la planta mientras no aumente su capacidad de tratamiento».