El diputado del Partido Popular en el Congreso, Miguel Jerez, ha defendido esta tarde en la Comisión de Interior una proposición no de ley para que se refuercen las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en las islas Baleares. Según se relata en la exposición de motivos de la proposición, el último balance de criminalidad facilitado por el Ministerio del Interior desvela que en el año 2021 el archipiélago balear se consolidó como la Comunidad Autónoma con mayor incidencia proporcional en tasa de criminalidad en relación al número de habitantes, «todo ello sin tener en cuenta la derivada de la población flotante.
Por islas, la tasa de criminalidad se sitúa aproximadamente en 53 delitos o faltas por cada 1.000 habitantes en Mallorca; 58 en Ibiza; 36 en Menorca y 44 en Formentera en los últimos 12 meses. Por tipología en el último año se ha observado una mayor incidencia de los delitos contra la libertad sexual, que crecieron casi un 50%. «La presencia de la administración del Estado en las Baleares sufre un retroceso más, con pocos medios y menos funcionarios para el servicio», algo que, a su entender, «es especialmente doloroso en el tema de la seguridad».
Y es que, según ha relatado en la Comisión de Interior, «cada año son del todo insuficientes los refuerzos que facilita el Ministerio, y cada invierno nos quedamos sin agentes. Los que llegan, tan pronto como vienen, se van. Las Baleares no son un paraíso para los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional allí destinados». Un destino con un elevado coste de vida, sin una oferta de vivienda asequible en régimen de alquiler «y que al funcionario le sale caro porque todavía sigue sin reconocérsele un complemento que, por razón de insularidad, compense todo ese esfuerzo». Algo que ha calificado de «discriminación» si se compara con lo que reciben los agentes en Canarias, Ceuta o Melilla.
En cuanto a la problemática de la vivienda, ha reconocido que «los agentes en Baleares no viven, sobreviven». En este sentido, ha recordado que hace cuatro años el Ministerio del Interior firmó un protocolo con el Govern balear para construir viviendas en un solar de la ciudad de Ibiza propiedad del Estado. «Donde tenían que haberse construirdo 120 viviendas sólo hay piedras y matojos», algo de lo que ha culpabilizado el conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet. «Ni el Ministerio ha puesto a disposición la parcela, ni el conseller ha sido capaz de reclamarlo jamás». Un conseller del que ha asegurado que «no ha trabajado lo suficiente, no ha estado a la altura de sus competencias y mucho menos a la altura de un territorio del que presume defender. Un conseller de Vivienda que va a dejar caducar ese protocolo y que va a dejar a los agentes sin vivienda».
«Ha llegado el momento de que se les reconozca una compensación justa que dé para vivir adecuadamente en un territorio», ha señalado Jerez, «muy complicado por razón de insularidad, un territorio donde la criminalidad ha aumentado, donde la tipología del delito es compleja y donde la inmigración llega a centenas», además de ser un destino turístico de orden mundial donde la seguridad es determinante.