El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento balear, el ibicenco Toni Costa, denunció anoche en el programa Bona Nit Pitiuses de la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF) que el «clarísimo espíritu» del nuevo reglamento de Costas es «hacer un mal inmenso a la iniciativa privada, ya sean viviendas o negocios que se encuentran en zonas costeras. En las Baleares, que tenemos una gran extensión de costa, hace un mal inmenso», reconoció el portavoz de los populares.
Costa indicó a su vez que esta modificación reglamentaria «aplica esta prohibición tan innata en los gobiernos de izquierdas y que acabará con la mayor parte de chiringuitos, negocios y viviendas que se encuentran en el litoral y que funcionan desde hace décadas». Un espíritu prohibicionista que, a su entender, también comparte el Govern balear, «además de no entender que la iniciativa privada ayuda a conservar la costa, porque quien limpia la playa en muchas ocasiones es el propio concesionario».
El político ibicenco insistió en que, cuando se modificó la Ley de Costas en el año 2013, «se intentó encontrar el equilibrio entre las actividades que se sitúan en el litoral y la conservación del medio ambiente. Cuando se rompe este equilibrio en favor de alguna de estas partes es cuando la cuestión empieza a generar una problemática social muy importante». Hizo hincapié además en que «el Gobierno de Pedro Sánchez, con medidas como esta, pone en evidencia el nivel de sectarismo que tiene la izquierda que gobierna en Madrid y en las islas frente a las actividades económicas que se sitúan en las zonas costeras».
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento balear hizo también referencia a los presupuestos de la comunidad Autónoma para el año 2023. Unas cuentas de las que, aunque todavía no se conoce la letra pequeña, si que pone en evidencia que se dispara el gasto corriente. «La obsesión del gobierno de Armengol es gastar, gastar y gastar», indicó Costa, «y sobre todo gastar en mucho personal». En este sentido, subrayó que en el mes de agosto sólo se había ejecutado el 16% de las inversiones previstas en el presupuesto del presente año, lo que pone en evidencia las prioridades del Ejecutivo de izquierdas. Además, reconoció que en muchas ocasiones su partido había criticado esta excesiva expansión del gasto «sin que se piense en ningún momento en bajar los impuestos».
Otra cuestión que se trató en el programa Bona Nit Pitiuses de la TEF fue la de la posibilidad de firmar unos nuevos convenios de carreteras con el Gobierno central. De hecho, en el pleno del Parlamento autonómico se debatió ayer una proposición no de ley presentada por Mes pero Menorca en la que se instaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha firmar convenios con los consells de Mallorca y Menorca por valor del importe que no supieron ejecutar del anterior convenio. «Me quedé estupefacto cuando vi esta iniciativa de Mes per Menorca, porque nunca había visto que se hiciera un planteamiento para beneficiar a dos consells y se deje tirados a otros dos.
Costa recordó que toda esta problemática con los convenios de carreteras surge cuando el Govern negocia con Madrid un fondo de insularidad «y renuncia a los convenios viarios. Todos los consells se quedan tirados» con esta decisión, relató. «Desde el Partido Popular defendemos que todos los consells deben tener derecho a los convenios de carreteras, a los que, por cierto, renunció Armengol». Por eso han presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que haya convenios en todas las islas «porque todos los consells tienen necesidad de invertir en carreteras y en seguridad viaria». «Vamos a ver qué hace el PSOE al votar estas enmiendas», manifestó.
Toni Costa tampoco se mostró sorprendido por el nuevo escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Ibiza para colocar a gente del partido a cobrar un sueldo de las instituciones, el caso Nascor. «Parece que estos del enchufismo de familiares y cargos del partido es el modus operandi de los socialistas». Recordó que no es la primera vez que el Consistorio dirigido por Rafa Ruiz hace este tipo de colocaciones, «aunque ahora ha llegado al punto de hacerlo indirectamente. Ya se contrata a empresas que colocan a miembros del PSOE». Hizo referencia a su vez al director general de Familia, en Mallorca, que tiene colocada a toda su familia en el Ibsalut, y al marido de la consellera de Salud, «el señor Juli Fuster, al que en 2015 ya se le acusó de nepotismo y había un mandato del Parlamento balear para que se le destituyese. No sólo no se le destituyó, sino que permaneció siete años como director general».