El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, considera que «legislar sin dedicar recursos no tiene ningún sentido». Así se refirió a la falta de inspecciones y sanciones interpuestas por parte del Govern en el marco del decreto ley contra el turismo de excesos.
En estos últimos meses, el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, ha llegado a tachar de «gravísima negligencia» del alcalde y del presidente insular Vicent Marí la falta de actuaciones en Sant Antoni para evitar incumplimientos contemplados en la polémica normativa. «Nos sorprende y nos preocupa que en Mallorca haya habido 90 expedientes sancionadores y en el caso de Ibiza haya habido cero expedientes», manifestó el pasado julio el conseller Negueruela.
«Es sorprendente que el conseller balear de Turismo, o más bien de antiturismo si nos referimos a Sant Antoni porque siempre nos hace mala publicidad, haya criticado al Ayuntamiento o al Consell asegurando que no hemos dedicado esfuerzos a la aplicación del decreto. Al final, los que hemos sido criticados, somos los que hemos trabajado», manifestó Serra, reiterando que los inspectores del Consell y los agentes de Policía de Sant Antoni «son los únicos que han trabajado para aplicar la normativa».
El primer edil portmanyí recordó también que fue el propio Ayuntamiento el que decidió ampliar la zonificación para la aplicación del decreto contra el turismo de excesos.
Ningún inspector
Serra constató que durante el verano el Govern balear no ha llegado a enviar a ningún inspector para detectar irregularidades o incumplimientos. También defendió la actuación del Consistorio puesto que «hemos dedicado muchos esfuerzos», contando con más efectivos e incluso abonando a los agentes horas extra para que esta temporada la presencia policial fuera mayor en la localidad. Por tanto, Serra calificó como «sorprendentes» las constantes críticas del conseller de Turismo, Iago Negueruela,
Más reciente es la polémica suscitada en la pasada feria turística de Londres, World Travel Market, desde donde se consideró que Negueruela debía pedir disculpas por sus «injustificados ataques» a la gestión del Consell en la lucha contra el turismo de excesos. El PP manifestó que el conseller había lanzado esas críticas «por mero interés electoral, lo que supone una profunda deslealtad y una actuación reprobable y censurable».
Desde el Consell d´Eivissa, por su parte, remarcaron ayer que el Govern no ha llevado a cabo ninguna inspección en Ibiza y no ha destinado ni un solo inspector a hacer cumplir el decreto de excesos, a pesar de tener en él más competencias.
En este sentido, la institución insular recordó que, en el polémico decreto, el Ejecutivo balear mantiene competencias en cuestiones de salud, consumo o comercio, por lo que corresponde al Govern sancionar cuando se incumplen normativas sobre estas materias. s sobre estas materias.
Inacción
La voz de alarma la lanzaron responsables del Consell d´Eivissa en la feria turística World Travel Market de Londres: el Decreto Ley 1/2020, de 17 de enero, contra el Turismo de Excesos no se ha traducido en actuaciones contundentes por parte del Govern a la hora de combatir este modelo turístico.
En relación a Sant Antoni, el Consell d´Eivissa aseguró recientemente no tener constancia de ninguna inspección impulsada esta temporada directamente por el Govern y, por tanto, desde la Comunidad no ha sido trasladado ningún expediente a la institución insular, competente a la hora de sancionar prácticas como el balconing o la oferta de rutas etílicas. Los hoteleros de Platja de Palma coincidieron con el Consell ibicenco a la hora de expresar cierto malestar por la inacción del Ejecutivo autonómico en este asunto.
Sin embargo, la actuación de la Policía Local y las inspecciones de los departamentos de Ordenación Turística del Consell habían logrado rebajar este pasado verano «muy notoriamente» los efectos del turismo de excesos, según puntualizaron desde la institución insular.
En concreto, se aseguró que la Oficina contra el Intrusismo había llevado a cabo durante la temporada 33 inspecciones para garantizar el cumplimiento del decreto, actuaciones que se traducen en 17 expedientes abiertos por diligencias previas y nueve con propuesta de traslado al Govern, competente a la hora de sancionar determinadas infracciones.
El Ejecutivo balear tampoco habría ejecutado ninguna sanción en relación a las 36 denuncias que los hoteleros de la Platja de Palma interpusieron esta temporada por infracciones al decreto antiexcesos. Así lo denunciaron hace unos días responsables de la Asociación de Hoteleros de Playa Palma (AHPP) en la presentación del balance final de la temporada. Desde la patronal mallorquina denunciaron que «no existe una verdadera voluntad política» para acabar con los problemas de inseguridad y de comportamientos incívicos que persisten en este lugar.