«Con fondos propios no se pueden ejecutar los proyectos viarios previstos por el Consell d'Eivissa». Así de tajante se mostró el conseller insular de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, ante la negativa tano del Gobierno central como del Govern balear a aportar financiación extra para poder ejecutar aquellos proyectos viarios que años atrás se financiaban con los convenios viarios que se firmaban con el Ministerio de Fomento. «El Consell tiene para carreteras un presupuesto que suele rondar los 10 millones de euros», recordó el conseller, «y esto llega donde llega». En este sentido, explicó que proyectos como la reforma del cinturón de ronda de Vila ya cuesta 10 millones de euros «y la reforma de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni, que es muy necesaria, superaría los 20 millones de euros. Estamos hablando de una magnitud económica tremenda», según subrayó.
Los proyectos
El Consell d'Eivissa tiene en su cartera de proyectos la remodelación de diversas infraestructuras viarias para mejorar tanto la seguridad como el modelo de movilidad y para los que inició un proceso de negociación con el Ejecutivo central para la firma de un nuevo convenio de carreteras. Entre los proyectos que necesitan de esta financiación estarían: la reforma de la E-10, que integrará esta carretera como un boulevard en el entramado viario de Vila, con un coste de 10 millones de euros; la remodelación de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni, con una reducción de curvas y una mejora de la seguridad; o la reforma del cruce de los Cazadores para el que existe un proyecto de mejora de seguridad que costará más de cinco millones de euros, la creación de arcenes para mejorar la seguridad en la carretera de Cala Llonga o la creación de carriles bici a lo largo de toda la isla por un importe de 20,5 millones de euros.
El Consell no puede hacer frente por sí solo al coste de este tipo de infraestructuras «y los remanentes, eso que tenemos de superávit y que decía la consellera balear de Hacienda, Rosario Sánchez, que podíamos usar para financiar este tipo de proyectos, sólo se pueden utilizar excepcionalmente, dentro del mismo año y siempre que el Gobierno te lo permita». Tampoco se puede hacer frente a este tipo de inversiones con los partidas presupuestarias que se puedan liberar por aportaciones extra que haga el ejecutivo central para cuestiones como la gratuidad del transporte ni basándose, como dijo la consellera balear de Hacienda, en que se ha incrementado la financiación autonómica a los consells. «Hablan desde el Govern de que nos dan mucha financiación, pero nos dan la que por ley nos toca, no nos regalan nada», insistió. Rosario Sánchez había asegurado que «el convenio de carreteras era algo para un tiempo determinado y no estaba prevista su renovación, por lo que en este marco tenía que haber hecho sus planificaciones» el Consell.
Mariano Juan afirmó a su vez no entender cómo el conseller balear de Transportes, el ibicenco Josep Marí Ribas Agustinet, «que será el candidato del PSOE al Consell insular, no haya defendido de una forma más clara y más contundente a la isla de Ibiza cuando ha conseguido un tranvía para Mallorca. Tendría que reclamar al Gobierno del Estado que no nos quite este dinero del convenio de carreteras». Un convenio que siempre ha firmado el Ejecutivo central con los consells insulares, independientemente de quién gobernase. «Madrid siempre ha estado presente en las grandes obras viarias de las islas porque los consells no cobramos impuestos, nos financiamos básicamente de lo que viene de la comunidad autónoma y menos de lo que viene del Estado. Y siempre ha habido convenios de carreteras porque se entendía que el Estado aquí no hace trenes ni tiene grandes líneas de autobús», lo que se compensaba con la firma de estos convenios.
Un Josep Marí Ribas que no tuvo ningún reparo en reconocer que «no he hablado con la ministra de Transportes y Movilidad sobre la posibilidad de firmar un nuevo convenio de carreteras» durante la firma del protocolo firmado por ambas administraciones para la construcción de una línea de tranvía entre el centro de Palma y el aeropuerto de Son Sant Joan.
Ante esta situación, la máxima institución insular quiere tener claro cuál es la vía para obtener financiación extraordinaria para poder ejecutar los proyectos previstos en mejoras viarias y en el nuevo modelo de transporte público. Según el presidente del Conselll, Vicent Marí, «es importante despejar las incógnitas que tenemos en este aspecto porque nosotros estamos trabajando en los proyectos, algunos están ya muy avanzados y tienen que entrar en el departamento de contratación para que sean una realidad cuanto antes». Unas inversiones que están valoradas en unos 110 millones de euros para los próximos 15 años.