El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Gestión de Política Agraria Común (PAC), lo que deroga de facto la normativa por la que se prohibía la quema de restos vegetales en suelo rústico. Una prohibición que entró en vigor el pasado 16 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se permitían las quemas de restos de poda, y que quedará eliminada completamente el próximo 2 de enero, fecha en que entrará en vigor la citada ley. Concretamente, la nueva normativa exime a las explotaciones agrícolas y ganaderas que facturen menos de 10 millones de euros anuales y que cuenten con menos de 50 trabajadores de la prohibición generalizada de quemar restos de poda y vegetales. Pese a todo, los interesados tendrán que seguir pidiendo permiso al Govern balear para realizar las quemas.
«Un enredo más»
El senador del PP, José Vicente Marí Bosó, explicó que su partido presentó en el Senado «una enmienda para volver a la situación inicial» previa a la ley «y con ello provocamos el cambio de una disposición que amenazaba a pequeños agricultores y propietarios de fincas rústicas. Hemos conseguido que el Gobierno retrocediera y asumiera su error. Lo importante es que han rectificado aunque lo hayan hecho demasiado tarde». «La ley que inicialmente aprobaron», añadió, «representaba un enredo más. Confiemos que con esta solución se reduzca la burocratización y el papeleo y se deje hacer a quienes saben de veras como se mantiene el campo».
Por su parte el diputado Miquel Jerez ha subrayado que «no se puede tratar a un pequeño agricultor como si de un gran industrial se tratase. En la isla no existen grandes explotaciones. Por eso mismo era necesario que la ley hiciera esa distinción, de lo contrario se hubieran impuesto mayores cargas a quien menos recursos tiene para procesar los restos de poda vegetal. Después de todo, el Gobierno parece que ha entendido la lección».
En estos dos meses en que ha estado vigente la prohibición, el Consell d'Eivissa ha autorizado un total de 800 solicitudes de quema de podas a agricultores y particulares, autorizaciones que se han realizado en un plazo de entre tres y siete días tras la presentación de la solicitud. Desde la máxima institución ibicenca han recalcado que todas aquellas que son de su competencia han recibido el visto bueno, y que «sólo ha habido incidencias» en aquellas solicitudes que afectan a suelo urbano o a zona boscosa, que competen a ayuntamientos y Govern balear respectivamente.
«Todos los medios posibles»
Con este procedimiento de autorizaciones, el Consell «ha dado solución a un problema que ha creado el Gobierno de España», destacaron fuentes de la institución, ya que desde un primer momento «entendió que este proceso iba a ser problemático». Por eso, «dispuso todos los medios posibles» para que la situación fuera tan complicada como podría haber sido. El departamento de Medio Rural y Marino ha dedicado un administrativo para la tramitación de estas solicitudes, además de dedicar a tres técnicos de la administración para atender a los solicitantes, ayudarles a rellenar las solicitudes e informarles a que administración se tienen que dirigir en caso de que no sea el Consell el competente para autorizar la quema.
Hay que recordar que el pasado 5 de octubre todos los grupos políticos del Parlamento nacional, a excepción de los socialistas y los podemitas, acordaron incluir una enmienda planteada por ERC y Ciudadanos en la tramitación del Proyecto de Ley por el que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) en la que proponía eliminar la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que está recogida en la Ley de Residuos. En concreto, esta enmienda suprime el apartado 3 del artículo 27 de la citada ley.