El Consell de Ibiza ha resuelto ordenar la demolición de una vivienda de nueva planta de 235 m2 de superficie construida y un anexo edificados ilegalmente en la finca conocida como Villa Rocío, propiedad de la dueña de Casa Lola, la empresaria Paquita Sánchez Ordóñez (conocida popularmente como Paquita ‘Marsan').
La institución ha informado que la finca está ubicada en un Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa.
El departamento de Gestión del Territorio detectó a finales de 2021 que en esta zona, situada en Sant Josep, se estaban ejecutando obras consistentes en la construcción de una nueva vivienda sin disponer de licencia urbanística. Como consecuencia, este departamento resolvió ordenar la paralización inmediata de las obras e incoar el expediente de disciplina urbanística.
Sin embargo, la propiedad incumplió la orden de paralización y continuó con las obras, por lo que se enfrenta ahora a multas coercitivas que ascienden a 116.288 euros. Además, el Consell ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Ibiza por si pueden ser constitutivas de delito.
Una vez resuelto el procedimiento de restablecimiento, la promotora ha presentado de manera voluntaria un proyecto de demolición ante el Consell que ha sido informado favorablemente. El Ayuntamiento de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado incluye la documentación necesaria y, una vez agotado el plazo, la promotora tendrá cuatro meses para ejecutar la demolición.
El balance
Según informa el Consell, durante la legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales, una en Cala d Hort, otra en Corona, dos construcciones tipo 'yurta' en zona Anei y una instalación en costa.
En total, ha remitido seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que pueden conllevar penas de hasta cuatro años de prisión.
El conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha explicado que los expedientes de disciplina urbanística se han multiplicado exponencialmente en los últimos años y desde 2021 se han abierto 26 procedimientos contra posibles infracciones urbanísticas en suelo rústico, seis más que en 2020 y 19 más en comparación con 2018.
Del total de expedientes, en 2021 se han estado tramitando más de 4,4 millones en procedimientos sancionadores, lo que supone un aumento del 3.600 por cien respecto a 2018, según ha destacado la institución.