La Conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear ha solicitado un informe a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para determinar si, con la aprobación en pleno en el mes de diciembre de 2021 por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni de las tres modificaciones puntuales del PGOU en la que se regulaban las unidades de actuación de la bahía de Sant Antoni, el Bosc d'en Frit y la zona norte de sa Talaia, es suficiente para queden excluidas del Decreto ley 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urbanística, que califica como terrenos rústicos determinados suelos urbanos no consolidados. «Aún estamos a la espera de una respuesta», explicaron desde Medio Ambiente del Govern.
Hay que recordar que estas modificaciones se acabaron aprobando definitivamente sin alegaciones ni impugnaciones por parte de nadie, incluido el Govern balear, por lo que el Ayuntamiento da por buenas las modificaciones y se siente excluido del decreto. Asimismo, el Consistorio ha declinado por el momento hacer algún tipo de declaración de qué podría suceder en caso de que el Govern balear no diera por buenas estas modificaciones puntuales.
Ibiza
En lo relativo al municipio de Ibiza, éste se salvaría de estar afectado por el Decreto ley 10/2022, que califica como terrenos rústicos determinados suelos urbanos no consolidados, gracias a una disposición transitoria incorporada en el Decreto 9/2020 que aclaraba que quedaban fuera del Decreto los municipios que ya estuvieran tramitando su adaptación a los Planes Territoriales Insulares, según explicaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear. Concretamente, la disposición señalaba que, para ser aplicable, «se debe entender que se está tramitando la adaptación cuando se haya adoptado el acuerdo de aprobación inicial del instrumento de planeamiento con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley, y siempre que no haga más de tres años del último acto esencial en la tramitación del procedimiento de adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones relativas al suelo de desarrollo urbano del correspondiente Plan Territorial Insular».
En el caso de municipio de Ibiza, la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que adaptaba el urbanismo municipal al Plan Territorial Insular, se realizó en el año 2018, por lo que entra en el plazo impuesto por el decreto al igual que los ayuntamientos mallorquines de Porreres y Manacor, pese a no contar con el visto bueno de la Dirección General de Recursos Hídricos y la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, que impusieron al Consistorio una serie de condicionantes en 2019 para su aprobación.
Fuentes del Consell d'Eivissa señalaron que, si tan bueno es el decreto ley aprobado por el Govern el pasado 27 de diciembre «¿por qué no se aplica en Vila? ¿Por qué no tiene que afectar al PGOU de Vila y sí a las Normas Subsidiarias de Sant Josep?». Y es que consideran que la decisión del ejecutivo autonómico es «totalmente arbitraria» ya que contaban desde diciembre de 2021 con un registro de entrada en que se informaba, entre otras cosas, de que Consell y Ayuntamiento estaban trabajando en unas nuevas Normas Subsidiarias provisionales. «La complejidad urbanística que se da en el municipio de Sant Josep es tan elevada que el Ayuntamiento y el Consell d'Eivissa han iniciado conversaciones» para, según el texto del registro de entrada, «dictar unas normas provisionales de planeamiento que sustituyan las normas subsidiarias vigentes hasta que no se apruebe la modificación o la revisión» del PGOU.
En este mismo escrito, la máxima institución ibicenca solicitaba a su vez que se le concediera una prórroga para poder aplicar el Decreto ley 9/2020 ante la imposibilidad de poder hacerlo antes del 31 de diciembre de 2021, petición a la que el Govern balear hizo caso omiso. «Si han ignorado que Sant Josep estaba redactando unas NN.SS nuevas es porque les da la gana ignorarlo, no porque no se lo hubiéramos dicho», recordaron las mismas fuentes del Consell. «Si comunicamos al Govern que estamos negociando unas normas en Sant Josep» que incluyen la regulación de los urbanos no consolidados «y ellos optan por pasar de nosotros y declararlo todo rústico, es porque han querido hacerlo así», según recalcaron.
Efectivamente, la condición y edificación de solar urbano implica suelo urbano. No hay solares urbanos en suelo rústico. Si el suelo es urbano no puede pasar a rústico. Por otra parte, el suelo no se convierte en urbano por el hecho de estar edificado (ilegalmente...o alegalmente si se construyó hace más de 40 años). Otra cosa es que sean urbanizaciones ilegales, o que se construyeron hace años y ahora las propietarios reclaman que se conviertan en suelos urbanos. Eso puede ocurrir si la administración los recalifica y recepciona dichas urbanizaciones (ilegales en su momento), pero eso tiene un coste ya que los propietarios (como pasa en suelos urbanos) tienen que asumir los costes de alcantarillado, iluminación, asfaltado, calles, cesiones de suelo, etc. Y eso no hace tanta gracia.