El delegado insular del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de la Asociación API Baleares, Jeffrey Fernández de Bobadilla, consideró que la limitación en las islas a la compra de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros «es un arma de doble filo», y dudó sobre la efectividad de la medida.
Señaló que al reducirse la demanda, los precios de los inmuebles podrían bajar, aunque la actividad económica y el gasto que genera este tipo de clientela también podrían verse «diezmados». «Habría que ver los flecos, cómo se hace la medida y sus detalles, pero es una de las acciones a estudiar para intentar solucionar el precio tan excesivo de la vivienda», consideró el delegado insular.
Fernández de Bobadilla reconoció la preocupación del sector inmobiliario puesto que muchos de estos profesionales trabajan únicamente con clientela extranjera, principalmente en relación al mercado del lujo. Según avanzó hace meses la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en Ibiza (API), el cliente extranjero interesado en adquirir una vivienda en las Pitiusas se ha incrementado un 5% en estos últimos tiempos, siendo franceses y holandeses los principales interesados en comprar.
Se trata de clientes con un elevado poder adquisitivo, que buscan una segunda residencia en muchos casos, y que pueden invertir hasta un millón de euros en una casa.
Más extranjero que nacional
Si habitualmente las inmobiliarias pitiusas solían trabajar con un 60% de clientela nacional, después de la pandemia se ha percibido un importante incremento del cliente extranjero. «Son muchos los profesionales de diferentes ámbitos que viven directamente de la actividad económica que generan», explicaron desde API.
Por ello, el delegado insular del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de la Asociación API Baleares consideró recomendable aplicar esa limitación a la compra de viviendas para extranjeros solo en inmuebles de determinados precios, dejando fuera al sector del lujo puesto que no es el que está provocando el problema residencial en las islas. Fernández de Bobadilla sugirió así que la nueva legislación incluya medidas como valorar una hipotética limitación por precios. «Habría que estudiar estos matices», insistió.
Desde el principio, el sector inmobiliario balear se ha mostrado contrario a la propuesta del Govern para reducir la presión medioambiental y la sobrepoblación en Baleares. Tras conocerse las intenciones del Ejecutivo en este sentido, la Asociación Balear Internacional e Inmobiliaria ABINI aseguró también que la medida generará más confusión que soluciones. El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, señaló que el Ejecutivo autonómico debería «presionar» al Gobierno central para iniciar negociaciones con la Unión Europea y que Baleares pueda impulsar esa limitación. Según desveló, se trataría de una cuestión que incluso «se podría tratar en el próximo Consell de Govern». «Sería un paso definitivo para empezar a solucionar el problema de la vivienda», añadió.
Las alegaciones
Sobre las posibles alegaciones que desde API se pudieran presentar a la nueva legislación, el delegado insular Jeffrey Fernández de Bobadilla fue contundente: «hagan lo que hagan o digan lo que digan desde el sector, el Govern no está haciendo caso a las sugerencias de estos profesionales».
Según recordó el delegado, en el tema de los avales para la compra de una primera vivienda, desde Ibiza ya advirtieron de que las cantidades máximas sugeridas para la adquisición de un inmueble – 270.000 euros – son insuficientes en el caso de las Pitiusas. «Es una medida para mallorquines y menorquines e Ibiza y Formentera han quedado fuera», criticó Jeffrey Fernández.
No es el único caso. «Otras acciones impulsadas por el Govern tampoco pueden aprovecharse en el caso de las Pitiusas. Si vamos a hacer alegaciones y nos van a hacer el mismo caso que se nos ha hecho en otras medidas, de poco nos va a servir», añadió Fernández de Bobadilla, quien lamentó que «es como hablar con una pared».También puntualizó que la propuesta del Govern es «una idea que se tiene que debatir y debe ir a la Unión Europea, ya que esta medida no es algo que pueda decidir el Ejecutivo balear unidireccionalmente».