El nuevo decreto ley urbanístico impulsado por la Conselleria balear de Medio Ambiente para proteger territorio tendrá, en la práctica, pocos efectos en Mallorca. Las únicas tres zonas que protege ya estaban, en parte, urbanizadas, o era difícil que pudieran ser desarrolladas. La normativa aprobada el pasado 27 de diciembre por el Consell de Govern completa la clasificación como suelo rústico de las 200 hectáreas de falsos urbanos sin consolidar que exigía el Decret Llei 9/2020, dictado por la misma Conselleria para todo Baleares. Se trata de suelos urbanos o urbanizables que carecen de servicios, como alcantarillado o agua corriente. Esto solo tiene efecto en el caso de que los ayuntamientos no lo hubieran tramitado antes del 31 de diciembre de 2021.
De esta manera, el decreto ley no desclasifica nuevos urbanizables en Mallorca, exceptuando dos ubicados en Palma que pasan a ser Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) y que el Consell tendrá que incorporar en su cartografía, según explican fuentes del departamento de Territorio.
Afectación en Ibiza
Muy diferente es la situación en Ibiza, donde el ‘decretazo' urbanístico del Govern convierte en suelo protegido ocho unidades de actuación en el municipio de Sant Josep, el más afectado por esta normativa autonómica, de las cuales Porroig es la más importante. A efectos prácticos, esto significa que Porroig ha pasado a ser suelo rústico por decisión del Govern. En este punto cabe recordar que el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep llevan meses trabajando de forma consensuada en unas normas subsidiarias provisionales. Con la aprobación por parte del Govern de este ‘decretazo' urbanístico, se ralentizarán y retrasarán los trámites de estas normas subsidiarias en las que trabajan Consell y Sant Josep. Cabe recordar que la máxima institución insular de Ibiza informó al Govern de que estaban tramitando y trabajando en estas normas subsidiarias provisionales, algo que el Ejecutivo autonómico no tuvo en cuenta a la hora de aprobar esta normativa urbanística de carácter autonómico. En este punto es preciso recordar que la competencia urbanística recae sobre los ayuntamientos, no sobre el Govern, de ahí la inseguridad jurídica que se ha generado al hacer «urbanismo por decreto», según ya explicó el colectivo de arquitectos la semana pasada a este rotativo. Cabe destacar también que el Govern aprobó una disposición adicional transitoria para excluir al municipio de Ibiza de esta normativa autonómica (Vila no tiene aprobado el PGOU porque no superó los trámites medioambientales y está rigiendo el PGOU de 1987), mientras que la Abogacía de la Comunidad Autónoma estudia ahora si excluye a Sant Antoni de este ‘decretazo'.