El eurodiputado Jordi Solé (1976, Caldas de Montbui) intenta dedicar parte de su tiempo a visitar ciudades para informar sobre proyectos del Parlamento Europeo que puedan ser de interés para estos lugares, conociendo al mismo tiempo sus necesidades. Tras viajar meses atrás a Mallorca y Menorca, acaba de recorrer las Pitiusas para presentar un informe sobre la realidad de las islas mediterráneas.
—Es el impulsor del estudio ‘Impacto de las políticas de la UE sobre las islas mediterráneas’, con especial referencia a Baleares.
—Entendemos que es una problemática real y debería tener una respuesta en clave europea. Existen una serie de islas que no forman parte de territorios ultraperiféricos que a través de tratados europeos tienen una consideración especial en legislaciones, políticas o programas de la UE. Hay islas más cercanas al territorio continental, pero con problemáticas parecidas y compartidas derivadas de ese hecho insular, con numerosas casuísticas sobre comunicaciones, transportes o en relación al funcionamiento de su mercado interno. Lo que creemos es que este conjunto de islas no ultraperiféricas debería tener también una consideración especial en cuanto a legislación y políticas de Europa para ayudarles a afrontar esos hándicaps, que son particulares de estos territorios.
—¿Estos problemas derivados de la insularidad son comunes en la zona mediterránea?
—De entrada, cada territorio insular es diferente y cada zona tiene su idiosincrasia. Al mismo tiempo, es evidente que existen determinadas islas que, por su situación geográfica o características socioeconómicas, tienen problemáticas muy parecidas. Es el caso de las Pitiusas, aunque podríamos hablar también de Córcega o Sicilia con problemas diversos. No es lo mismo una isla como Formentera que un territorio como Sicilia, una de las islas más grandes del Mediterráneo occidental. Sí podemos hablar de parecidos en el fenómeno insular y lo que implica para el desarrollo.
—En el estudio se destaca que en las islas suele haber dificultades para la transición energética.
—El motivo se basa en la localización geográfica de estas zonas que están rodeadas de mar, por lo que las conexiones energéticas con el continente son más dificultosas y complicadas. Es cierto que en clave medioambiental las islas tienen ventajas en el sentido de que son territorios definidos, con unos potenciales energéticos muy claros que deberíamos saber aprovechar. Podemos hablar del aprovechamiento solar o el eólico. Así, creo que hay algunos hándicaps relacionados con el transporte o la conectividad, pero también ventajas que deberíamos aprovechar.
—En el trabajo se asegura que Europa no es capaz de articular políticas insulares.
—Es una de las conclusiones del estudio; el mensaje que se quiere transmitir. Que exista este hecho insular y sus consecuencias socioeconómicas, urbanísticas o en cuanto a la vivienda, nos hace reclamar una estrategia de la UE para estas zonas, al igual que existe un status particular para los territorios de ultramar. Consideramos que debería existir una consideración especial para estas islas no ultraperiféricas, más cercanas al continente. A través del estudio queremos demostrar que hay estas particularidades que muchas veces acaban convirtiéndose en dificultades. Por tanto, la UE debería tener una estrategia porque lo que se decide en Bruselas impacta en todos los puntos de Europa.
—Uno de los problemas para los territorios insulares es la mala conectividad.
—De hecho, es todo un reto y una de las partes del estudio se refiere a la conectividad y a la movilidad. Se han adoptado algunas medidas, pero creemos que habría que hacer más. En el trabajo hablamos de Menorca, donde en temporada baja se mantienen muy pocas frecuencias de vuelos con la Península.
—También se repasa la problemática residencial. ¿Es factible en Baleares limitar la venta de viviendas a ciudadanos extranjeros?
—Es una situación problemática real que impide a muchos un acceso fácil a la vivienda. Por tanto, hay un problema y deben buscarse soluciones, aunque no son fáciles porque estamos dentro de la UE, dentro del mercado interior, y existen unos principios y derechos como el de no discriminación por razón de nacionalidad, así como el derecho a la residencia o a la libre circulación. Plantear medidas restrictivas de este tipo, seguro que choca con el derecho de la UE. Hay estados que cuando accedieron a ella, ya se aseguraron de poder realizar prohibiciones al acceso a viviendas por parte de no residentes y ello se ha respetado. En el caso del Estado Español no fue así y, por tanto, aplicar ahora estas restricciones sería complicado. Hay que recordar que en el Parlament balear hay un grupo de trabajo que estudia esta cuestión y, en cualquier caso, debería justificarse muy bien cualquier restricción a la compra de un inmueble, haciéndolo con la existencia de un interés general. Hay que facilitar el acceso en condiciones dignas a la población residente en las islas, sobre todo a los más jóvenes, y la gran demanda hace que suban los precios. Tenemos datos en nuestro informe de que casi la mitad de las compras de viviendas en Baleares es por parte de nacionales de otros países y este interés en el mercado inmobiliario provoca que suban los precios. Existe, por tanto, un interés general que debe justificarse muy bien y, aun así, será difícil encontrar el encaje con el derecho europeo. No digo que sea imposible, pero hay que encontrar la manera de plantear restricciones con unos criterios muy bien planteados y justificados.
—¿Con qué conclusiones hay que quedarse del estudio?
—El mensaje es muy claro. Debe haber un reconocimiento de la realidad insular, sobre todos de estas islas no ultraperiféricas, como las del Mediterráneo occidental. Hay que tener en cuenta esta realidad y darle respuesta con un tratamiento específico, con una estrategia que tenga en cuenta estas particulares y que contribuya a dar respuesta a los retos añadidos que deben afrontar las islas por ser islas.