El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Josep y el equipo de Gobierno se han enzarzado en el pleno municipal celebrado en la mañana del jueves en una batalla dialéctica y política sobre el decretazo urbanístico aprobado por el Govern balear, que desclasificaba un total de ocho áreas de actuación del municipio. En una moción de control, los populares han criticado que, tras el esfuerzo realizado por los equipos técnicos del Ayuntamiento y del Consell para elaborar unas nuevas normas subsidiarias provisionales y el consenso que éstas habían tenido entre todos los grupos de la corporación, el Govern se saque de la manga un decreto «que va a hacer que se modifiquen y se retrasen estas normas». «Sabe que le han fastidiado las normas provisionales que había planteado», ha espetado el portavoz popular, Javier Marí, al alcalde, Ángel Luis Guerrero.
«Se pensaba que la presentación de las normas subsidiarias eran un paso adelante para el municipio», ha insistido el popular, que ha reclamado al equipo de Gobierno que explique a cuántas áreas de actuación va a afectar, ya que desde el Consell se asegura que son ocho las afectadas «mientras que el Ayuntamiento sólo reconoce que afectará a dos».
Guerrero, por su parte, ha acusado al Partido Popular de «hiperventilar cada vez que se habla de urbanismo» y ha cargado contra el conseller insular de Territorio, Mariano Juan, por no haberle llamado para hablar de este decreto del Govern. «Ni siquiera sé si lo ha analizado», ha asegurado el primer edil. «El Ayuntamiento sí que lo ha hecho y la afección al municipio de Sant Josep no es tanta como manifestó en un principio el Consell insular. Al que sí que afecta es a Sant Antoni», ha declarado. También ha criticado a Juan por haberse reunido de inmediato con el colegio de arquitectos antes que con el propio Consistorio. «Los que mandan en la isla son los arquitectos, los constructores y los promotores», ha señalado. Otro reproche que ha hecho el primer edil al Consell es el de tratar de utilizar al Consistorio como punta de lanza contra el Govern balear.
El alcalde josepí ha ido más allá y ha defendido el decreto urbanístico, que a su entender pone en evidencia que los crecimientos se tienen que hacer en zonas que ya tienen los servicios, «y no en zonas como Cala Tarida, Caló d'en Real o toda la costa». En este sentido, ha indicado que las únicas áreas a las que afectará serán a la Punta de Llosà, a la zona de sa Torrassa y parcialmente a Cala Vedella. Por el contrario, no afectará, tal y como habían asegurado desde la máxima institución insular, a Sa Canal, Sa Revista, o Porroig, entre otras zonas.
Asimismo, ha reconocido que tenía conocimiento de que se iba a aprobar este decreto «ya que se ha hecho en aplicación de un decreto anterior», y ha matizado que conocía que el nuevo texto legislativo iba a ordenar el terreno en que se construirá el edificio para albergar a los afectados de los Don Pepe. Una afirmación que ha puesto en duda el portavoz del Grupo Popular: «Seguro que cuando se enteró la noticia de que se aprobaba este decreto urbanístico se le atragantaron los langostinos de Nochebuena», ha ironizado Javier Marí, quien ha denunciado a su vez que con el decretazo del Govern "no se sabe si se podrá aprobar todo el suelo industrial, que tanta falta le hace a la isla".
También ha sido objeto de confrontación los diferentes modelos urbanísticos de cada uno de los partidos. En este sentido, Guerrero ha asegurado que su modelo es el de la protección del territorio mientras ha dado a entender que el de los populares era el del urbanismo salvaje. «El modelo del PP es que se hagan unas leyes claras para que la gente sepa lo que puede o no puede hacer», ha rebatido Marí, «y a lo mejor el del PSOE es el de firmar el interés general para hacer un hotel en Cala d'Hort o el de firmar un acuerdo con Bastión para hacer villas de lujo».
El pleno ha aprobado a su vez otorgar la medalla de oro del Ayuntamiento a Isabel Martínez León, que fue arquitecta municipal durante tres años a partir de 1974 y que destacó por su defensa de la legalidad urbanística en el municipio durante el boom de la construcción. Pese a estar todos los grupos de acuerdo con este reconocimiento, los populares se han abstenido por la forma en la que se ha tramitado el expediente.