El Consell Exectiu ha aprobado en la mañana del lunes la segunda modificación del Plan Territorial Insular (PTI), un texto legislativo que ha sido fruto, según ha explicado el presidente del Consell, Vicent Marí, del diálogo con la sociedad y con «total rigor y transparencia», al contrario de lo que fue la primera modificación «que fue ideológica, y no se escuchó a la sociedad ni a las asociaciones». «Se trata de una nueva manera de gestionar el suelo», ha asegurado Marí, «basada en la defensa de los derechos de los propietarios de suelo rústico de Ibiza y el freno a la especulación».
Esta nueva modificación del PTI busca, entre otras cosas, dar seguridad jurídica a los propietarios de suelo rústico «y dar soluciones reales a problemas reales» como las segregaciones de terrenos dentro del ámbito familiar, además de garantizar la sostenibilidad de la isla. «Esta modificación tiene en cuenta la necesidad y los intereses de las familias de Ibiza», ha insistido el presidente del Consell, «que son los que han cuidado el territorio durante generaciones».
El conseller de Territorio, Mariano Juan, ha resaltado que esta modificación se ha gestado tras más de un año y medio de reuniones, más de una treintena, con asociaciones de diversa índole y ha destacado que, por primera vez, «la política territorial de esta isla se define en base a acuerdos previos con diversos colectivos, y no en aportaciones posteriores a un documento impuesto por parte del equipo de Gobierno».
Una de las principales novedades que incluye la modificación del planeamiento insular es la prohibición de nuevas licencias en suelo rústico «con el fin de poner freno a esas empresas de fuera que sólo quieren especular con el suelo de Ibiza». Por ello, el alquiler turístico quedará prohibido de manera general a todas aquellas casas construidas después de 1956. Para las construcciones anteriores sólo se admitirá el alquiler turístico por habitaciones por un período máximo de 60 días al año. El máximo de habitaciones que se podrán alquilar serán tres y siempre con la condición de que el propietario siga viviendo en ella. «Esto permitirá dar un estímulo al mantenimiento del paisaje rural y etnográfico de Ibiza», ha matizado el conseller.
La modificación del Plan territorial pretende a su vez «cortar el cordón umbilical entre la actividad turística y la presión constructora en el campo», ha continuado Mariano Juan, quien ha insistido en que este cambio de criterio elimina la posibilidad de explotar turísticamente hasta 11.000 casas de campo. «En 2018 había un total de 13.000 viviendas en Ibiza», ha explicado Juan, «y la prohibición afectará a 12.000. De las 1.000 que estarán permitidas 830 ya pueden ser turísticas y 200 podrán poner en alquiler sus habitaciones». «No es una modificación menor», ha añadido, ya que «cortará de raíz la especulación en suelo rústico» dado que todo lo nuevo que se construya «irá destinado a vivienda residencial».
En cuanto a las segregaciones, el nuevo texto «se adapta a la realidad familiar de la isla» y permitirá que se puedan realizar transmisiones entre familiares directos y lineales. «El actual texto generaba situaciones tan rocambolescas como que sobrinos, nietos o hermanos no se podían transmitir las fincas familiares, y la única opción que les quedaba era venderlas a capitales externos», ha recordado Juan. Tampoco hará falta acreditar la legalidad de las construcciones para poder segregar una parcela siempre que estén prescritas. Lo que no se hará bajo ningún concepto es legalizar las construcciones, que continuarán estando fuera de ordenación. El nuevo texto obligará a su vez a obtener un informe favorable de la Comisión de Patrimonio del Consell para realizar determinadas actuaciones en casas payesas de los municipios que no cuenten de un catálogo.
El mundo agrario y artesanal recibirá un notable impulso con este nuevo texto legislativo, que permitirá a los payeses profesionales la puesta en marcha de actividades agrarias complementarias para hacer rentables sus fincas e incentivar de esta forma la conservación del paisaje propio de la isla.
Entre otras cosas, se eliminará la obligatoriedad de la declaración de impacto territorial de la CIOTUPHA siempre que las actividades que se desarrollen en construcciones legales ya existentes estén ligadas a una persona profesional correctamente dada de alta. Se podrá transformar el producto en la propia finca, se fomentarán las actividades agrarias de formación, las estructuras agrarias no computarán parámetros urbanísticos, con lo que afectarán a efectos de edificabilidad de la finca y estas estructuras agrarias no tendrán que pasar por los mismos parámetros estéticos que se le exigen a las viviendas.
La modificación del PTI aprobada por el Consell Executiu pretende dar también un mayor impulso a los aparcamientos públicos. Por ello, facilitará la creación de zonas de aparcamiento legal y con parámetros medioambientales en las cercanías de las playas y lugares de interés turístico, siempre que los terrenos cuenten con una superficie mínima de 15.000 metros cuadrados. También instará a los ayuntamientos a facilitar la implantación de aparcamientos disuasorios abiertos al uso público en todas las áreas de transición pegadas a núcleos urbanos. Todos tendrán que contar con placas solares fotovoltaicas.
En materia de eficiencia energética, todas las viviendas nuevas o aquellas que sufran una gran rehabilitación, ya sea en suelo urbano o rústico, tendrán la obligación de instalar sistemas de reutilización de aguas, incluida una pequeña depuradora. Tendrán la obligación de obtener un certificado energético que velará para que la construcción sea lo más sostenible posible. Asimismo, no podrán obtener el final de obra aquellas viviendas en las que exista un jardín tropical o de alto consumo hídrico. En cuanto a la solarización de las cubiertas de las casas payesas, éstas podrán instalarse en el suelo y no computarán en los parámetros de edificabilidad.
La nueva normativa permitirá la optimización de los 900 metros cúbicos máximos por vivienda que permite la actual redacción del PTI. En este sentido, se permite a las casas payesas que superen esta medida debido al grosor de sus muros. También se permitirán los porxos tradicionales y determinados usos que estén bajo suelo, como bodegas, gimnasios, sala de lavadoras o sala de juegos, no computarán en los 900 metros cúbicos de edificabilidad.
Los ayuntamientos, por su parte, deberán adaptarse a unas determinadas directrices, como que los suelos urbanos sólo podrán crecer al lado de los ya existentes, la segregación de los diferentes tipos de vías para la movilidad a motor o eléctrica y en bicicleta, que haya zonas verdes al menos a 300 metros de todas las zonas residenciales y que un 30% de su cobertura tiene que ser arbórea, entre otras cosas.
Por orden judicial, la modificación del PTI incluye la protección de la costa en siete sectores de Sant Antoni y Sant Josep por lo que se declara un total de 60.000 metros cuadrados de suelo costero como inedificable.
La modificación del PTI incluirá una disposición legal que dará cobertura legal a una nueva normativa contra la contaminación lumínica en la isla. En este sentido, el consell ya está trabajando en el reglamento que la regulará.