La gerente de la asociación sin ánimo de lucro Amadiba, Jane King, confirmó ayer que llevará a los tribunales la deuda de más de dos millones de euros que desde la anterior legislatura de PSOE y Podemos tiene el Consell d'Eivissa por diferentes servicios prestados en la isla de Ibiza. King explicó ayer que su intención era haber puesto el asunto ya en manos de los tribunales, «pero nuestro abogado nos ha dicho que, al encontrarse lo relativo a la contratación en Fiscalía, la Justicia lo paralizaría hasta que concluya esta vía».
Asimismo, precisó que la decisión del actual equipo de Gobierno insular de llevar el caso a Fiscalía ha sido «un jarro de agua fría» para ellos, ya que confiaban en que se iba a arreglar a lo largo de la presente legislatura. «Si lo llegamos a saber presentamos el recurso contencioso-administrativo en 2019», insistió. «Hay una cuestión entre el anterior equipo de Gobierno y el actual equipo de Gobierno y volvemos a estar, años más tarde, sin cobrar, al igual que antes», resumió.
En cuanto a las declaraciones realizadas por el presidente del Consell, Vicent Marí, en la que aseguraba que Amadiba cobraría lo que le adeuda la institución, la gerente de este organismo afirmó no entender «cómo llevar esto a Fiscalía nos puede llevar a cobrarlo». «Esto es agotador», manifestó. «Estamos muy tristes porque confiábamos poder cobrar finalmente». Asimismo, reconoció que se han sentido «muy utilizados».
Asimismo, Jane King expresó su prepocupación por el hecho de que la opinión pública pueda pensar que su organización haya cometido alguna irregularidad afirmó que «nosotros somos las víctimas. Si la administración ha puesto en marcha unos servicios y lo ha hecho mal, yo soy la víctima y no la culpable», insistió.
Hay que recordar que durante varios meses de 2017, en un global total de 184 días, la asociación dio servicio de vivienda supervisada a un total de 10 mayores de 18 años con discapacidad intelectual con un coste 184.478,40 euros. Además, atendió en vivienda supervisada a cinco menores de 18 años con discapacidad intelectual, lo que generó un coste de 122.985 euros.
En el conjunto de 2018, el coste del centro de día y el transporte sumaron otros 515.000 euros, mientras que las viviendas supervisadas, tanto para mayores como para menores de 18 años, alcanzaron un coste de unos 610.000 euros.
Según datos de mayo de 2020, un total de 32 personas en Ibiza eran atendidas en el servicio de educación de Amadiba; otras 33 personas en el servicio de inclusión escolar; 24 en el de atención diurna; 16 personas más en la atención residencial y 44 en el servicio de formación en inserción laboral.
Hasta la fecha, la asociación continúa realizando facturas mes a mes y cobrando sus servicios a través de reconocimiento de deuda.