El conseller del Departamento de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha resuelto dar inicio del expediente sancionador por infracción urbanística y de restablecimiento de la disciplina urbanística contra los promotores de unas obras ilegales en una vivienda en es Cubells, en el municipio de Sant Josep. Las actuaciones ejecutadas por cada uno de los responsables de estas obras ilegales se valoran en una sanción global de más de 2,4 millones de euros, aunque el propietario/promotor de las obras y el constructor se enfrentan a las sanciones más elevadas de las previstas, con 1,2 millones de euros y 1,04 millones de euros respectivamente.
Además de la propuesta de sanción, el expediente recoge el inicio del procedimiento de demolición y restablecimiento de la legalidad de una serie de construcciones (19 en total) que incluyen reforma integral de la vivienda (ocupando una superficie de 360 m2), dos anexos de nueva planta de 50 m2 y 18 m2 respectivamente, cinco pérgolas de nueva planta (dos con 38 m2, y las tres restantes con 45 m2, 20 m2 y 75 m2), cuatro porches de nueva planta (con 5 m2, 6 m2, 40 m2 y 16 m2); piscina de nueva planta de 60 m2, escalera de acceso a costa con una longitud de 100 metros, una plataforma de nueva planta de 60 m2, una planta primera de nueva planta de 8 m2, la demolición de un muro de bloque de hormigón de contención de suelos, y reforma parcial de la vivienda en ejecución, en la zona de la habitación principal y el salón.
Además, se han remitido todas las actuaciones a la Fiscalía de Ibiza por si estos hechos fueran constitutivos de delito.
A lo largo de esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda en Cala d'Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, desde el Departament de Gestió del Territori se recuerda que estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de cárcel. El conseller Juan ha querido remarcar la propuesta de sanción dirigida en este caso también a los constructores, aparte del promotor de la obra, «porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos a ejecutar ha pedido la preceptiva licencia».