El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha aprobado este jueves por la mañana por unanimidad el uso de 2,42 millones de euros para la realización de distintas intervenciones en materia de uso de agua depurada, la construcción de un Punt Jove en Santa Gertrudis, reformas en el campo de fútbol de Jesús y la mejora del estacionamiento en el Cementiri Nou. Igualmente, se ha acordado instar (con el apoyo del Grup Municipal Popular y de Unides Podem y la oposición del PSOE) al Govern a que asuma el alquiler del local del SOIB en Santa Eulària que el Ayuntamiento viene pagando desde diciembre de 2018 y se ha dado cuenta de la paralización temporal y reactivación del plazo para presentar propuestas para el nuevo contrato de residuos , entre otras cuestiones.
En cuanto al uso de remanentes, se propone dotar con 436.000 euros a la segunda fase de una canalización para poder usar parte del caudal de agua regenerada de la futura depuradora de sa Coma, de manera que permita su uso para riego y limpieza de calles en las poblaciones de es Puig d'en Valls. En cuanto al Punt Jove de Santa Gertrudis, se encontrará en el espacio que se reservó tras la ampliación de la ‘escoleta' Els Menuts, precisamente, para acoger un espacio centrado en las necesidades y el ocio de los jóvenes de la Parróquia.
La habilitación de estacionamiento y dotación de mobiliario para el tanatorio del Cementeri Nou de Cas Llaurador es la partida más importante que se propone modificar, con un total de 733.500 euros. Se trata de actuar para la ordenación y habilitación de espacios de estacionamiento en el entorno del cementerio para poder dar un correcto servicio a las personas que acuden allí por algún servicio. Por último, se proponen destinar 696.700 euros a la reforma de las instalaciones del campo de fútbol de Jesús, las cuales tienen ya cierta antigüedad y sufren un uso intensivo durante toda la semana tanto por los entrenamientos como por los partidos oficiales.
En el pleno también se ha aprobado instar al Govern a que asuma el gasto de la oficina que el Ayuntamiento viene pagando desde 2018 para que se puedan ofrecer las prestaciones del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) a los ciudadanos del norte de la isla evitando desplazamientos innecesarios hasta Eivissa. La moción ha contado finalmente con dos puntos. El primero, en el que se insta al Govern a asumir el alquiler, ha salido adelante con el apoyo de PP y UP y el rechazo del PSOE, que ha remarcado que lo ha hecho no por no estar de acuerdo sino por la forma. El segundo punto, para reclamar los cerca de 100.000 euros gastados por el Ayuntamiento en este alquiler, ha sido aprobado con el voto a favor del Grup Municipal Popular, la abstención de Podem y el rechazo de los socialistas.
El Consistorio aceptó asumir dicho gasto para facilitar la instalación de dicha oficina, al igual que ser el encargado de realizar el proyecto y ejecutarlo. Ahora, dado que la oficina ya está plenamente implantada, el Consistorio demanda que se acabe con esta situación anómala y que sea el Govern el que asuma, como hace en el resto de Balears, el gasto que supone la prestación del servicio del SOIB.
Además, también se ha dado cuenta de la suspensión cautelar y posterior reactivación del procedimiento de licitación del nuevo contrato de recogida selectiva, transporte de residuos, limpieza viaria y limpieza de playas. El proceso ya está nuevamente en marcha pero ha tenido que ser suspendido ya que la normativa establece que las empresas interesadas en presentar ofertas pueden presentar consultas para aclarar puntos del contrato de manera que puedan redactar adecuadamente sus propuestas o, incluso, advertir de posibles errores u omisiones. Dado el gran número de peticiones de aclaración y su complejidad, a finales de enero se suspendió el procedimiento, reactivándose hace unos días tras contestar las dudas planteadas. Tras la suspensión, el nuevo plazo finalizará a mediados de marzo.
Entre otros puntos, se ha rechazado con la oposición del Equipo de Gobierno y la abstención de UP (que pedía hacer un balance del registro dentro de un año), la petición del PSOE de hacer voluntaria la inscripción en el registro municipal de ADN canino después de haber votado a favor de la ordenanza que fija su obligatoriedad.
Por último, en el turno de intervención del público, varias personas que decían hablar en representación de colectivos animalistas, plantearon preguntas sobre la rescisión del contrato con Can Dog, cuestiones respondidas en la sala por el Equipo de Gobierno.