La Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares (ANADE) se hace eco de la situación en que se encuentran las ampliaciones de las concesiones del Real Club Náutico de Palma y el Club Náutico de Ibiza y defiende la buena gestión empresarial, así como la actividad social de los distintos concesionarios de Baleares, como elementos esenciales a tener en cuenta para extender los plazos concesionales en base a la Ley existente.
«La aparente arbitrariedad en el otorgamiento de prórrogas está llevando a una situación de gran incertidumbre a múltiples instaciones como los dos clubes ya citados, Marina Menorca, Moll Vell o el Pantalán del Mediterráneo», han explicado desde ANADE este jueves.
Por otro lado, han evidenciado que ambos clubes náuticos, pese a no encontrarse integrados en ANADE, «se han significado por el cumplimiento de sus compromisos estatutarios y merecen, por tanto, su continuidad como operadores portuarios del mismo modo que ANADE lo reclama para sus asociados».
La Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas de Baleares defiende la unidad de criterio en la aplicación de la ley como garantía de seguridad jurídica para todos los concesionarios, con independencia de su naturaleza y afiliación empresarial, y aboga por establecer una línea de gestión portuaria que reconozca el fondo de comercio generado por las empresas locales y evite el proceso de gentrificación de la náutica recreativa.
«Puertos deportivos y clubes náuticos formamos parte, cada uno a su manera, de un mismo sector. Es de justicia reclamar que todos seamos tratados con unos mismos criterios por parte de las instituciones que nos regulan, sin dobles raseros y sin contradicciones, y que se valore el papel que hemos jugado en el desarrollo de un sector que hoy es considerado estratégico para Baleares», señala Andy Halcón, vicepresidente de ANADE.
La patronal de puertos deportivos censura que la discrecionalidad que la Ley otorga a la Autoridad Portuaria de Baleares para decidir si concede o no una prórroga se ha transformado en «arbitrariedad» por la falta de una pauta de actuación clara.
El organismo que gestiona los puertos de interés general del archipiélago ha autorizado y/o denegado ampliaciones de plazo «sin explicar ni razonar por qué unos sí y otros no», denuncia Halcón, quien no ve otra lógica que «cumplir la ley y otorgar las prórrogas a quienes reúnan los requisitos legales, como, sin embargo, sólo se ha hecho en determinados casos».