El Consell d'Eivissa adelantará dos semanas la investidura de Vicent Marí. El motivo no es otro que salvar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ibiza, cuya evaluación ambiental estratégica favorable caduca el próximo 13 de julio. Por esta razón, desde la institución insular trabajan para que el viernes 23 de junio se celebre el primer pleno de la legislatura, que serviría para conformar la corporación e investir a Vicent Marí presidente del Consell d'Eivissa.
La fecha del pleno aún no es oficial y, según fuentes del Consell d'Eivissa, podría cambiar a última hora en función de la agenda de la candidata electa a presidir el Govern, Marga Prohens, entre otras variables. No obstante, lo que más preocupa al Consell (y también al Ayuntamiento de Eivissa) es el informe preceptivo de la Demarcación de Costas sobre el PGOU. El pasado 24 de mayo, el Consell remitió el PGOU aprobado por inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Eivissa al ente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene dos meses para emitir su informe. Un plazo que, de agotarlo, llegaría tarde para salvar la tramitación del plan general de la ciudad ya que su evaluación ambiental habría caducado.
Presuponiendo que Demarcación de Costas entrega su dictamen a tiempo, el Consell d'Eivissa debería ‘correr' para que el PGOU no tuviera que volver a tramitarse. Además de adelantar el pleno de investidura 15 días de la fecha prevista inicialmente, el futuro presidente debería convocar otro pleno de forma al cabo de pocos días para aprobar las carteras y atribuciones de los consellers, así como los cargos que formarán parte de la Comisión Insular para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, la conocida como Ciotupha y que será el ente encargado finalmente de darle el vistobueno al PGOU de Vila.
Además de políticos, este ente también tiene una ponencia técnica formada por profesionales de reconocido prestigio de diferentes ámbitos. Una vez nombrados los miembros la ponencia política de la Ciotupha, el Consell deberá solicitar a diferentes entidades y colegios profesionales qué personas proponen para que formen parte de la ponencia técnica de la comisión. Una petición que pueden responder en un plazo máximo de diez días que, en esta ocasión, deberán solventar cuanto antes para que se pueda constituir cuanto antes la Ciotupha y ésta pueda aprobar definitivamente el PGOU antes del 13 de julio.
Un PGOU obsoleto
El pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobó el pasado 22 de mayo, seis días antes de las elecciones, la revisión del PGOU del municipio, que rebaja el techo de población de 140.000 a 77.000 personas. No obstante, el nuevo PGOU prevé dos fases de crecimiento hasta el año 2032. En la primera de ellas está prevista la construcción de 1.412 viviendas, mientras que en la segunda, de 1.820. Ninguna de estas viviendas se podrá conectar a la depuradora actual, que está obsoleta y, además, el desarrollo de la segunda fase queda supeditado a la reducción del consumo de agua en un 15 %.
Casi la mitad de la superficie del municipio queda catalogada como suelo rústico (49,2 %, 523 hectáreas), un 47,2 % (502 hectáreas) es suelo urbano y el 3,5 % restante queda como urbanizable.
El Tribunal Supremo anuló en febrero de 2014 el PGOU aprobado en 2009 por un defecto de forma en su tramitación al carecer de la evaluación ambiental estratégica. Desde entonces, el plan urbanístico que rige en la capital es el de 1987. En abril de 2018, Vila aprobó provisionalmente el nuevo PGOU, pero el Consell (entonces también gobernado por la izquierda) lo devolvió a al Ayuntamiento de Ibiza para que resolviera la falta de agua en el municipio.