El teléfono del exalcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, fue intervenido por investigadores 10 días antes de las elecciones del 28M, y casi un mes antes del arresto del exprimer edil y de otras cinco personas, entre ellas la letrada municipal, por una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento josepí.
Según las fuentes consultadas por EFE, el resto de conversaciones telefónicas fueron intervenidas con anterioridad, siendo la abogada municipal la primera cuyo móvil fue blanco de las escuchas. Los teléfonos de otros implicados se intervinieron a partir del 21 de marzo.
La investigación sobre la supuesta trama urbanística de Sant Josep arrancó a raíz de una investigación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil sobre unas obras ilegales en Cala Bassa, según han señalado las mismas fuentes.
En estas obras, al parecer, al amparo de una licencia de rehabilitación parcial de una vivienda anterior, se derribó el inmueble y fue construida una de obra nueva. Lo mismo detectaron en otro inmueble en la zona de Es Cubells.
El pasado 23 de febrero fue admitida a trámite la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra la abogada municipal y un mes después, el 21 de marzo, se amplió la misma a otros implicados, de acuerdo a la versión de las fuentes consultadas.
La magistrada autorizó la entrada y registro en las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep, en la vivienda particular y en el despacho privado de la abogada municipal, ubicado en la localidad de Sant Jordi- perteneciente también al municipio de Sant Josep-, en los despachos de los dos abogados externos y, finalmente, en la vivienda del constructor arrestado.
Según ha recopilado Efe, también fue autorizado el registro del estudio de un aparejador de San Vicente de Raspeig, en Alicante, el sexto detenido en el operativo policial desplegado la semana pasada.
La operación se desarrolló el pasado martes con la participación de agentes de la Guardia Civil de Mallorca, de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
Tanto el Guerrero como el resto de detenidos se negaron a declarar ante la jueza, que mantuvo el caso bajo secreto de sumario hasta el pasado viernes, cuando ordenó la puesta en libertad provisional de los cinco detenidos en Ibiza, acusados de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho, y en el caso de los funcionarios y cargos políticos, también de prevaricación.