Su nombre es Salvador y junto a su familia tenía previsto trasladarse a Ibiza y residir en la vivienda que iba a comprar en el municipio de Sant Antoni. Para ello, llegó a adelantar a un supuesto promotor inmobiliario 150.000 euros, tal como hicieron también el resto de compradores. Cuál sería su sorpresa cuando, tras muchos intentos fallidos al intentar contactar con el vendedor, descubrieron que éste estaba en la cárcel al verse implicado en un importante operativo contra el tráfico de drogas.
Todo se inició en 2020. El ‘promotor', que se presentaba a los demás como un empresario de Bilbao, tenía previsto comercializar nueve chalets ya construidos en Punta Pedrera que previamente él iba a adquirir a la inmobiliaria del Banco Sabadell, Solvia. Para ello, este empresario contaba a su vez con un tiempo límite para formalizar la compra de los inmuebles con los que, probablemente, pretendía blanquear dinero.
«Yo contacté con él a través de unos agentes inmobiliarios. Había ido a ver otra promoción que tenía unos pisos de Solvia y les pregunté por las casas de Punta Pedrera. Me dijeron que iban a mirarlo y, finalmente, me confirmaron que podía acceder, previo pago de una entrada de 150.000 euros», relató Salvador.
La compra, en principio, iba a ser inminente y, en cuestión de pocos meses, iba a firmarse. Lo cierto es que la operación se fue retrasando por diferentes motivos, aunque la principal excusa utilizada por el ‘promotor' era que había tenido problemas para traer el dinero de fuera.
«Nos enseñó incluso las cuentas en diferentes bancos extranjeros. Iba dilatando la compra y la posterior venta de las viviendas» aseguró Martínez.
Este ciudadano llegó a visitar varias veces el chalet para tomar medidas y comprar los muebles y para comprobar posibles desperfectos como humedades aparecidas debido al paso del tiempo. Solvia, según explicó, estaba al corriente de todo. De hecho, y para pedir el permiso correspondiente, el vigilante de la zona contactaba con esta entidad cada vez que uno de los futuros inquilinos se acercaba a las viviendas para ir adelantando trabajo.
«Todo se fue dilatando en el tiempo, pero yo con este hombre llegué a quedar ocho o diez veces en Madrid. En una ocasión quedamos en un notario para firmar, aunque en el último momento faltó un papel y no se pudo. Al final, nos contaba películas, porque eran todo películas», recordó el afectado.
Retirada de la comercialización
Una vez descubierta la verdadera identidad del promotor, todos los compradores intentaron hablar con Solvia para comprobar si les iban a reconocer las cantidades entregadas a modo de adelanto y para saber si se mantenía la venta. «Directamente, a nuestros abogados les han cerrado la puerta diciéndoles que no tienen nada que hablar con nosotros», lamentó Martínez. La entidad bancaria ha retirado incluso la comercialización de los inmuebles.
Los afectados afirmaron también tener copias de los contratos firmados entre el promotor y Solvia, así como con los futuros inquilinos de la promoción, por lo que inicialmente «existía cierta tranquilidad».
Martínez vendió un inmueble que ya tenía en Ibiza para poder adquirir el chalet de Punta Pedrera. Entre los afectados hay también una pareja de jubilados que vendieron el piso en su ciudad de origen con la intención de trasladarse a Ibiza. Otra pareja, residente en la isla desde hace algún tiempo, vendió también su casa para poder comprar el inmueble de Punta Pedrera. Ahora, está viviendo de alquiler.
Siguiendo las recomendaciones de los abogados, no todos los afectados han denunciado puesto que difícilmente podrá recuperarse un dinero que está en manos de un narcotraficante ahora mismo en prisión y con todas las cuentas bloqueadas. «Nos dijeron que, como mucho, igual podríamos alargarle la pena a este hombre», reconoció.
Compinchados
Repasando lo sucedido, Martínez explicó cómo comenzó a tratar la compra del chalet con el supuesto trabajador de una inmobiliaria aunque, «tras pillarle en varias mentiras», le exigió negociar directamente con el presunto promotor. Por tanto, el afectado no descartó ahora que ambos estuvieran compinchados.
Hasta esta pasada Semana Santa este hombre y su familia estuvieron visitando la casa, manteniendo la ilusión por comenzar en Ibiza una nueva vida. Poco después, descubrió que el falso promotor era en realidad un narcotraficante detenido en un gran operativo contra el tráfico de cocaína.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) colegiados o asociados tienen un seguro de responsabilidad civil obligatorio precisamente para que el cliente tenga cubiertas incidencias, y otras. Sigamos alimentando al primero que nos ofrece una zanahoria, el timo de la estampita, el taxi pirata cuando vamos de vacaciones, el top manta, etc, etc... y así nos podemos seguir quejando e indignando. Au.