Los residentes y propietarios de los apartamentos Don Pepe se reunieron el pasado martes con el alcalde de Sant Josep, el popular Vicent Roig, para conocer las alternativas que estudian el Consistorio y el Govern para resolver el problema en el que están inmersos desde que en 2020 fueran desalojados de sus viviendas por el supuesto riesgo de ruina del inmueble. La portavoz de los afectados, Silvia Hernández, ha explicado a Periódico de Ibiza y Formentera que están «contentos» por esta «primera toma de contacto» con el nuevo gobierno municipal. Sin embargo, también ha admitido que los afectados tienen «unas ganas locas» por recuperar la normalidad.
Hernández ha descartado pronunciarse en estos momentos sobre las alternativas que hay sobre la mesa porque, ha señalado, «aún hay que trabajar sobre ellas, ver qué implicaciones tienen y si son viables». Tanto Sant Josep como el Govern estudian, por un lado, la posibilidad de legalizar el inmueble que no fue desalojado y que cuenta con una planta más de las autorizadas por la licencia de construcción a mediados de los años 60. Para los vecinos que sí fueron sacados de sus casas, ambas administraciones analizan la construcción de un edificio de viviendas en el mismo emplazamiento en el que ya en la anterior legislatura se decidió ubicar a todos los residentes de los Don Pepe.
«Al no saber lo que supone aún esta solución», ha señalado Silvia Hernández, «preferimos no decir nada porque todavía hay que conocer el hilo fino y, una vez que lo sepamos, podremos decidir si nos parece mejor o no que lo que había antes». De cualquier manera, la portavoz de los afectados ha dejado claro que están «contentos» por este primer encuentro con el alcalde Roig. «El PP siempre ha dicho que su idea era rehabilitar los edificios e, incluso, Virginia Marí llevó este tema al Parlament», ha recordado Hernández, «ahora todo depende de las implicaciones y no podemos opinar porque están aún preparándolo y trabajando».
Silvia Hernández, por otro lado, ha recordado que muchos de los afectados están pagando en estos momentos el alquiler de las viviendas a las que tuvieron que irse al ser desalojados y la hipoteca del piso que tenían en el edificio cuya ruina fue declarada por el Ayuntamiento. «En mi caso», ha explicado, «pago las dos cosas, además del IBI y del contador de la luz, más el seguro de la casa… Son pagos que no puedo dejar de hacer y llevamos así ya tres años y tres meses. Entendemos, eso sí, que el nuevo gobierno tiene que mirarlo todo bien y buscar la solución que sea menos gravosa para nosotros mismos y para la Administración», según concluyó.
La administración te desaloja por no haber manteido tu vivienda, por estar en estado ruinoso y suponer un peligro para los ocupantes (existiendo informes que lo afirman). ¿Ahora es la administración la que tiene que buscar una solución? ¿Quien ha sido el causante, el que no mantiene o el que desaloja? El problema, que desde el principio unos y otros han querido usar este tema como bandera y ahora no saben como salir.