La operación antidroga llevada a cabo este pasado jueves en Sant Antoni, con la detención de cuatro personas, se inició a raíz de una denuncia interpuesta porque un menor había recibido amenazas por contraer deudas en la compra de sustancias estupefacientes.
En la operación, llevada a cabo entre la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Antoni, se realizaron dos registros domiciliarios en los que se incautaron 700 gramos de polen de hachís y 200 gramos de cocaína, además de marihuana, según informó ayer el instituto armado en un comunicado.
También se recuperaron varios teléfonos móviles, tabletas y ordenadores robados que los presuntos traficantes habían obtenido a cambio de drogas.
Los arrestados son una mujer española y tres hombres marroquíes. A todos se les imputa delitos de tráfico de drogas, y a dos de los hombres también el delito de receptación.
En la investigación, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil comprobó que la persona que había realizado la amenazas al menor era una mujer que acumula antecedentes por diversos delitos.
Tras varios dispositivos de vigilancia en las proximidades de su domicilio, con la participación de agentes de la Policía Local, los investigadores confirmaron que se trataba de un punto de venta de drogas.
También pudieron averiguar que en el edificio, situado en la calle Alicante, había otra vivienda relacionada con los mismos hechos.
Por ello, tras solicitar el permiso judicial, se llevaron a cabo registros en las dos viviendas que concluyeron con las detenciones y la incautación de la droga y los objetos robados.
Curiosidad
El despliegue de medios que se vivió en Sant Antoni este pasado jueves provocó curiosidad entre los vecinos de la zona, pero no asombro debido, según un testigo, a la «situación insostenible» que llevan viviendo desde hace años. «La presencia de okupas y el trapicheo constante de drogas es habitual. No me sorprenden los arrestos», destacó un residente de la calle Alacant haciendo hincapié en que los detenidos distribuían sustancias estupefacientes. Muy cerca de esta persona estaba el encargado de un negocio próximo al edificio registrado. «Todos sufrimos las consecuencias de esta situación que se está alargando en el tiempo. Llevamos más de siete años viviendo con su presencia», lamentó.
Asimismo, denunció que existe una mafia detrás de estas ocupaciones ilegales que controlan los pisos disponibles y los «ponen» en el mercado para gente necesitada de techo a cambio de un mínimo desembolso. «Son caciques que se aprovechan de la situación. Incluso he visto cómo en temporada alta viven en estas viviendas más de seis personas que se dedican a robar el agua y la luz de la comunidad», puntualizó este hombre destacando cómo uno de los okupas rompió el cristal de un local para robar la electricidad con la idea de acceder a la caja de fusibles. «Hay okupas de todas las nacionalidades: desde marroquíes, senegaleses y argentinos hasta españoles», concluyó este trabajador.
En esta misma línea se mostró también un vecino que estaba en un bar de la calle. Según este residente, en total hay 12 viviendas repartidas entre los tres pisos del edificio. «En el bloque viven varios okupas, pero sobre todo están asentados en la parte de abajo, en el sótano», explicó mientras resaltaba que la mayoría son españoles que trabajan en la obra. «Diría que viven aquí desde hace casi 10 años. Muchos de ellos roban agua y electricidad desde hace tiempo», manifestó este trabajador.