El Consell Consultiu de les Illes Balears vuelve a tener un jurista ibicenco entre sus consejeros tras una década de ausencia. Se trata de Virtudes Marí Ferrer (Ibiza, 1965), que ocupará el cargo de consejera–secretaria. De esta manera, Marí es la quinta ibicenca que forma parte del órgano superior consultivo de la comunidad autónoma después de Rosa María de Hoyos, Pepe Sala, Germán León Pina y Enrique Vicent Marí. Esta especialista en derecho administrativo fue directora general de Juventud (1991-1993), concejala en el Ayuntamiento de Eivissa por el PP durante cuatro legislaturas (1995–2011) y diputada en el Parlament (2010–2015), además de delegada del Ibavi en las Pitiusas (2003–2007). Marí fue la candidata del PP a la alcaldía de Vila en las elecciones que salió vencedora la socialista Lurdes Costa en 2007.
—¿Qué supone para usted formar parte del Consell Consultiu?
—Un honor y una responsabilidad. Para una persona que ha estudiado Derecho y que ha dedicado toda la vida al derecho administrativo, poder participar en un órgano consultivo es un hito que me ha alegrado mucho. Me ilusiona y estoy segura de que aprenderé mucho porque hay miembros brillantísimos. Además, son variados porque hay catedráticos de universidad, letrados de la Comunidad Autónoma, gente en ejercicio, abogados del Estado, ... Esto hace que tengas una visión complementaria porque no es lo mismo la experiencia profesional del que tiene un despacho que quien es funcionario. Todas las decisiones se toman en plenario entre los diez miembros que forman el Consell Consultiu. Cada uno estudiamos el asunto que nos encomiendan, hacemos una propuesta en forma de ponencia pero la resolución, el dictamen, casi siempre se aprueba por unanimidad de todos los miembros. Es muy enriquecedor esta visión desde diferentes perspectivas de un mismo asunto, ya sea una ley, un reglamento o un expediente de responsabilidad patrimonial. Es una etapa de gran responsabilidad que te exige estudiar mucho y hacerlo lo mejor que sepas siendo consciente de tus propias limitaciones. Es un reto nuevo y lo asumo con ilusión.
—Clientes suyos me han preguntado si este nuevo cargo implica que deja su despacho.
—No, en absoluto. No estaba dispuesta a aceptar ninguna propuesta que requiriera dejar mi trabajo. Cuesta muchos años que un despacho funcione razonablemente bien y a estas alturas de mi vida quiero seguir haciendo lo que hago. Esta es una oportunidad para poner en valor lo que he hecho y para aprender cosas nuevas.
—¿Qué cree que puede aportar?
—La experiencia práctica. Los abogados en ejercicio, a diferencia de los abogados de la administración, vemos el problema desde la perspectiva del ciudadano, que es una visión distinta que la que pueda tener el catedrático de universidad o el funcionario, por ejemplo. En cualquier tema jurídico no te mueves en el blanco y el negro, hay varios puntos de vista y la casuística es infinita, nunca hay dos temas idénticos. En Derecho no solo tienes que tener razón sino que, además, tienes que demostrar que la tienes. El hecho de llevar desde 1989 trabajando en despachos, primero en Palma y luego en Ibiza desde 1995, me he tenido que enfrenta a muchas situaciones. Haber sido concejala y diputada también me ha aportado la visión de la administración en el caso de redacción de leyes o en el funcionamiento de un ayuntamiento. Todos llevamos la mochila de nuestra vida, tanto en los aciertos como en los errores.
—No solo forma parte del Consell Consultiu a propuesta del Govern, sino que ha sido escogida por sus compañeros consejera-secretaria. ¿Se lo esperaba?
—No tenía ninguna expectativa. Soy de las últimas que ha entrado y mi pretensión era ser una más de los diez miembros. Mis compañeros entendieron que podía cumplir las funciones de secretaria y, a pesar de lo que se ha dicho en los medios, nunca ha estado encima de la mesa el ser presidenta del Consell Consultiu, al menos por mi parte. Felio Bauzá es un excelente compañero y un jurista magnífico. Sé que el Consell Consultiu tiene unos excelentes trabajadores y unos magníficos juristas que hacen mucho más fácil el trabajo de los consellers. Espero que sea una experiencia positiva para mí. Creo que es importante que Ibiza haya recuperado después de diez años de ausencia una plaza en el Consell Consultiu porque cada isla tiene una visión de las cosas por nuestra propia idiosincrasia y nuestros problemas. Cada lugar es un mundo y lo que cada uno puede aportar desde una perspectiva distinta a la mallorquina es enriquecedor.
Foto: Irene Arango.
—En 30 años de historia que tiene el Consell Consultiu ha tenido solo 5 miembros ibicencos. Además, como ha comentado, hacía diez años que no había ninguno. ¿Ni el Consell Consultiu está exento del centralismo mallorquín?
—A veces es un criterio de oportunidad. Estos años que no ha habido ningún ibicenco había menorquines. La última menorquina ha sido Marta Vidal, ahora consellera, que es una excelente jurista. Me alegra que ahora volvamos a estar presentes y todos trabajaremos para el bien de todas las islas, no solo de la nuestra.
—Para la mayoría de la población el papel del Consell Consultiu puede ser desconocido, pero sus dictámenes tienen una gran incidencia en la vida de las personas porque lo que dice el Consultiu ‘va a misa'.
—En muchos casos sus dictámenes no son vinculantes, pero sí que se escucha normalmente al Consell Consultiu. Una gran conquista del Estado autonómico fue que en las competencias propias de las comunidades autónomas no fuera el Consejo de Estado quien informara sino un órgano propio de cada autonomía, con lo que el Consell Consultiu se acerca a la ciudadanía y también el conocimiento de la realidad es mayor. El Consell Consultiu no es famoso y sería malo si lo fuera. El trabajo del Consell Consultiu no es hacer titulares sino todo lo contrario: intentar que las leyes sean mejores técnicamente, que los reglamentos sean correctos jurídicamente y que se trate con justicia al ciudadano cuando reclama a la Administración. No es un control de la legalidad, que esto lo hacen los tribunales, pero sí un asesoramiento del buen funcionamiento de las administraciones públicas y de la calidad jurídica de las normas que nos damos entre todos. Si las normas son claras y se busca el interés público sin arbitrariedad y discrecionalidad, al final estás sirviendo al ciudadano, porque hay un buen funcionamiento. Esto es lo deseable, aunque los miembros del Consell Consultiu también son falibles.
—¿Los miembros del Consell Consultiu tienen que dejar de lado su ideología a la hora de redactar los dictámenes?
—Por supuesto, pero esto no supone ningún problema para un jurista. Y la prueba es que la inmensa mayoría de decisiones se toman por unanimidad. El anterior presidente, Antoni Diéguez, fue diputado del PSOE muchos años. Los que nos sentamos en el Consultiu somos juristas y lo que se nos pide son opiniones sobre cómo aplicar la ley o si el reglamento que se nos propone es coherente. Estoy convencidísima que la ideología de cada uno no es un problema.
—Al igual que pasa con el Consultiu, buena parte del Tribunal Constitucional, que lleva cinco años sin renovarse por falta de acuerdo, lo elige el poder ejecutivo y el legislativo a nivel nacional. ¿Deberían ser los jueces quienes decidieran su composición?
—Lo que está claro es que el sistema actual no funciona. Y no es un tema de la calidad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, sino de la confianza que los ciudadanos tienen que tener con sus órganos constitucionales. Tenemos que buscar un sistema para que todos recuperen la confianza en el máximo garante del cumplimiento de los principios constitucionales y no haya esta sospecha de que es un criterio de oportunidad política. ¿Una fórmula sería cambiar el sistema de elección? Probablemente, pero hay que hacer un gran esfuerzo de recuperación de confianza de la ciudadanía independientemente de su ideología. Como país, necesitamos volver a confiar y tener elementos que nos unan. Y durante muchos años nos unían los principios que representa nuestra Constitución, cada uno desde su perspectiva ideológica o sus creencias. Necesitamos puntos de encuentro.
—El papel de la Justicia y la separación de poderes está en entredicho con acusaciones de lawfare por parte de partidos políticos. ¿Cree que está en peligro la separación de poderes?
—Creo que es un error estratégico, lo haga quien lo haga, poner en duda los cimientos de un estado. Y un estado se compone de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las personas podemos ser falibles pero no se tiene que poner en duda el sistema. Es un error muy grave. No todo vale y habría que medir muy bien las consecuencias. Poner en duda el poder judicial me parece una equivocación. Si un juez hace alguna cosa mal, al igual que un concejal, un ministro o un empresario, para esto hay normas. Hay que distinguir las actuaciones de las personas, que nos podemos equivocar, y no poner sombras generales. Es un camino peligroso y cada vez a la gente nos radicaliza más en nuestros planteamientos. La democracia es tolerancia, respetar a unos y otros. Hoy se simplifican demasiado los discursos y la profundidad de un pensamiento es lo que cabe en un tuit. Lo encuentro peligrosísimo, porque las cosas son más complicadas. La obligación de cualquier persona con responsabilidad es huir del maniqueísmo.
—¿La ley de amnistía tiene cabida en la Constitución?
—El tema está en las motivaciones. No tiene nada que ver la situación de ahora con la de 1977. Cuando tienes que poner en duda resoluciones judiciales firmes que se han tomado respetando los procedimientos que nos hemos dado todos, hay que pensárselo mucho y ver por qué quieres hacerlo. Y aquí lo que me preocupa son los porqués. A mí no me toca hacer análisis políticos porque no estoy en política ni es mi trabajo.
—Tras su toma de posesión, el juez decano de Ibiza aseguró que la Justicia no recibía los fondos necesarios para su correcto funcionamiento. ¿Ya le va bien a los políticos que sea así?
—No. La Justicia es un engranaje difícil de desenrocar y la capacidad de presión de los operadores jurídicos es menor que en otros ministerios. Hacen falta recursos. También somos un país tan garantista que nos convertimos en injustos, porque la justicia tardía no es justicia. Ha salido ahora un nuevo intento de agilizar trámites y ojalá funcione porque no puede ser que todo sea tan tremendamente lento. La lentitud es el principal problema de la Justicia.
—Usted fue concejala muchos años en el Ayuntamiento de Ibiza y su última experiencia política la tuvo como diputada en el Parlament en la legislatura 2011-2015. ¿Cuál es su mejor recuerdo?
—El poder hacer cosas por tu ciudad es el mejor recuerdo que tengo del ayuntamiento, mientras que en Parlament tuve la gran suerte de participar en la redacción de leyes muy importantes como la del suelo o la de minas. Para un jurista es una experiencia magnífica. Al final de todas las etapas, con lo me quedo es con toda la gente que he conocido y, en contra de lo que la gente cree, en todos los sitios hay mucha más gente buena que mala. El adversario no es un enemigo y me preocupa que no se vea así.
—¿Ha pensado alguna vez cómo hubiera cambiado su vida de haber ganado las elecciones de 2007 y haber sido alcaldesa de Ibiza?
—Habría vivido mucho peor, porque soy muy obsesiva y no habría salido del despacho. Creo que no haber ganado aquellas elecciones es lo mejor que me ha pasado en la vida. Los que me conocen saben que se lo he dicho millones de veces. No me traumatizó lo más mínimo. Siempre he procurado mantener mi independencia económica y profesional y esto te da mucha tranquilidad a la hora de afrontar retos. Nunca lo consideré un fracaso personal ni tampoco lo habría considerado un éxito personal si hubiera ganado. De aquella experiencia con lo que me quedo es con la mucha gente que confió en mí sin que pensara como yo.