El Consell d´Eivissa ha ‘cazado' ya a unas 100 personas que comercializaban en la plataforma Airbnb viviendas de manera ilegal. Además, la recaudación en sanciones por prácticas irregulares supera ya el 1.800.000 euros, no sólo en relación a los pisos turísticos ilegales sino también en otros ámbitos donde hayan podido detectarse actividades ‘piratas'.
El conseller del Departamento de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explicó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que acabar con las prácticas ilegales es una «prioridad» y consideró que se están obteniendo resultados «que nos ayudan a acabar con la sensación de impunidad que reinaba en Ibiza».
Cambio de tendencia
De hecho, el conseller consideró que es más que evidente un cambio de tendencia en esta lucha, «principalmente al ver cuestiones estadísticas y observar un incremento de la recaudación y del número de sanciones interpuestas, lo que supone un antes y un después».
El conseller recordó también que una patronal turística como Exceltur había resaltado esta misma semana el «cambio de tendencia» registrado en Ibiza precisamente en la lucha contra el intrusismo, destacando que la isla es uno de los lugares del país donde porcentualmente más ha bajado la presencia del alquiler turístico ilegal. Juan destacó que el informe de la patronal habla incluso de un descenso del 49% desde el año 2019.
«La sensación de que en Ibiza se podía hacer todo lo que se quiere y no pasaba nada está comenzando a decaer», reiteró.
A pesar de los avances, Mariano Juan dijo que deben seguir reforzándose todos los mecanismos posibles para combatir el intrusismo en numerosos ámbitos.
La petición
Por ello, el conseller ha remitido estos días una carta al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital planteando la urgencia del nombramiento de un coordinador de Servicios Digitales según el Reglamento europeo recientemente aprobado. El Consell explicó que se han establecido normas para proteger a los consumidores dentro del entorno digital implantando garantías de seguridad y fiabilidad. Así, si los proveedores de servicios en línea detectan una difusión o comercialización de productos o servicios ilegales, éstos están obligados a adoptar medidas como informar a las autoridades competentes.
Ante esta posibilidad reglamentaria, el Consell consideró ayer que podrán mejorarse las políticas desarrolladas en la lucha contra el intrusismo, principalmente en turismo y transportes, donde es más habitual el uso de las plataformas en línea.
«Poder aplicar el citado reglamento europeo sería de gran ayuda en la persecución de las actividades ilegales», insistió.
El coordinador que designe el Gobierno supervisará y garantizará el adecuado cumplimiento de las normas, siendo su trabajo una «nueva herramienta más para luchar contra los proveedores de productos y servicios ilegales».
En concreto, a través de esta figura, el Consell podrá reclamar información sobre las identidades reales de los perfiles anónimos que gestionan estos servicios ilegales en portales digitales, instruyendo después los expedientes sancionadores correspondientes.
Según indicó Juan, el reglamento europeo «demuestra que en Ibiza estamos
haciendo las cosas bien en la lucha contra el intrusismo ya que fuimos pioneros, junto a Barcelona, en firmar un protocolo de colaboración con Airbnb para identificar perfiles anónimos y cazar a los infractores».
«La impunidad se ha acabado en Ibiza y esto es muy importante», concluyó el vicepresidente y conseller Mariano Juan.