El Senado ha aprobado la toma en consideración de la iniciativa del Partido Popular dirigida a proteger la propiedad privada y a endurecer las penas por okupación ilegal. El senador autonómico Miquel Jerez, quien ha lamentado el voto en contra del PSOE, ha explicado que «la medida contempla el endurecimiento de las penas por okupación ilegal, el desalojo de los okupas en 24 horas y prohíbe el empadronamiento en las viviendas okupadas, que será considerado nulo. Así mismo, enmarca los delitos en el ámbito del procedimiento rápido, se establecen penas para quienes fomenten la okupación y legitima a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales y adoptar medidas preventivas».
El popular ha puesto de relieve la importancia «de proteger a los propietarios ya que las últimas estadísticas reflejan una okupación creciente en España y también en nuestra isla a causa de las políticas de tolerancia del Gobierno de Sánchez, que en la última ley de Vivienda no contempló ningún compromiso en favor de la propiedad privada ni la inviolabilidad de los domicilios y sí el retraso del desalojo. Ha llegado la hora de poner fin a la violación sistemática de las propiedades de los demás. Con esta ley se aceleran los mecanismos procesales y se elimina la posición dominante del okupa frente a la vulnerabilidad del propietario. Se trata de poner las cosas en su sitio».
«Esta ley adopta medidas urgentes y establece un plazo máximo de desalojo de 24 horas desde que el infractor ha sido requerido por la autoridad pública o sus agentes. Si no se efectúa el desalojo en el plazo indicado, éste será forzoso e inmediato. De esta manera, muchos lo pensarán bien antes de forzar una puerta o romper una ventana para okupar la vivienda de otro», ha añadido.
En cuanto al empadronamiento, Jerez ha señalado que «no puede ser que quien okupa ilegalmente mantenga un empadronamiento legal en la vivienda usurpada. Si la conducta es ilegal, el empadronamiento también. Por ello no se permitirán altas en el padrón que, a su vez, permita alargar su delito o acceder a servicios municipales que lo tengan como requisito».
«La ley también introduce medidas para agilizar el desalojo, incluyendo delitos asociados a la okupación en los procedimientos sustanciados a través del juicio rápido para acortar los tiempos de respuesta judicial, ya que la demora, en este sentido, no hace más que beneficiar al delincuente y esto se debe acabar», ha asegurado.
«A los delincuentes se les debe responder con el Código Penal y a las personas vulnerables con políticas sociales ambiciosas. Lo que no puede pretender el Gobierno es que las políticas sociales las desarrollen los propietarios poniendo a disposición de los okupas las viviendas que tanto esfuerzo les ha costado mantener», ha concluido Jerez.