Govern balear, Consell d'Eivissa y Ayuntamiento de Sant Josep están estudiando ofrecer una solución alternativa tras constatar que las dudas jurídicas sobre la valoración del solar de Can Raspalls hacen inviable que allí se construyan las viviendas para los vecinos de los apartamentos Don Pepe.
En abril de 2023, el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó compensar al propietario de los terrenos de Can Raspalls con la recalificación de un solar rústico de 4.525 m2 que tendrá una edificabilidad máxima de 3.166 m2. La otra opción que tenía el Consistorio josepí era pagar 3.083.624,32 euros, que es el precio por el que una empresa externa tasó el terreno de 9.600 m2 edificables escogido para construir el centenar de pisos nuevos para los vecinos. Un acuerdo que para tener validez plena debe plasmarse en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) de Sant Josep que, pasado casi un año, aún no han sido aprobadas.
La corporación josepina, entonces en manos de PSOE y Unidas Podemos, aprobó este punto con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de Vox, cuya concejala, Pino Vidal, advirtió que la tasación realizada por una empresa independiente no se ajustaba a la normativa y que se tendría que haber hecho en base al reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo de 2011.
En el último pleno del Ayuntamiento de Sant Josep, celebrado la semana pasada, el alcalde, Vicent Roig, desveló que el Govern de Armengol envió al Consistorio el mismo día en que tomó posesión de su nuevo cargo, el pasado 17 de junio, un documento «poniendo en duda todo lo hecho con la valoración de los terrenos. Por eso tenemos todos los problemas ahora». Unas dudas jurídicas que ninguna de las administraciones implicadas parece capaz de solventar, por lo que ya se está trabajando en una alternativa al solar de Can Raspalls.
Todos realojados
El acuerdo original contemplaba la reubicación de las cien familias de los dos bloques de los apartamentos Don Pepe, tanto los que aún viven en el edificio B como los que han sido desalojados en distintas tantas del edificio A, el declarado en ruina. La última de ellas en diciembre de 2021, pocos días antes de Navidad. Un acuerdo que se va a mantener pese a que la intención del Govern era, por lo menos, que los vecinos que aún habitan en estos apartamentos de es Codolar siguieran viviendo en ellos y poder rehabilitarlos. De hecho, así lo aseguró la consellera de Vivienda, Marta Vidal, en sede parlamentaria el pasado mes de octubre.
Sin embargo, la permuta de viviendas con los vecinos de los Don Pepe también implica que el Govern asuma el derribo de ambos edificios de los Don Pepe, situados en pleno Parque Natural de ses Salines, cuyas competencias tiene el Ejecutivo balear y para el que hay asignados 2,2 millones de la ecotasa. Un acuerdo que de deshacerse implicaría un nuevo retraso que las administraciones implicadas no pueden asumir.
Si los Don Pepe los tumban, via libre para la ampliación del aeropuerto.....tiempo al tiempo