Los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni, además del Consell de Formentera, han aprobado ya las medidas del decreto balear contra la emergencia habitacional que aplicarán en sus respectivo municipios. Solo Sant Josep y Sant Joan no se han pronunciado a través de sus respectivos plenos sobre esta cuestión. El decreto será aprobado como ley la próxima semana en el Parlament. Y, según una de las enmiendas introducidas, será de aplicación plena en aquellos municipios que no hayan tomado previamente decisiones al respecto, como es el caso de Sant Josep y Sant Joan.
De los 67 municipios con que cuenta el archipiélago, 32 han llevado a sus plenos aquellos puntos del decreto que aplicarán. De estos, un total de 19 «han regulado ya la aplicación de alguna, varias o todas las medidas del decreto ley», según han explicado a Periódico de Ibiza y Formentera fuentes de la Consellera de Vivienda, dirigida por Marta Vidal. Las mismas fuentes han señalado que, en aquellos municipios en los que los ayuntamientos no han «aprobado acuerdos que limiten o dejen sin efecto las medidas, el decreto será de aplicación plena». Esto significa que entrarán en vigor las cuatro medidas del documento: incremento de la densidad para que los pisos puedan dividirse en otros apartamentos, incremento de alturas, reconversión de locales comerciales y reclasificación como residenciales de suelos destinados a equipamientos, tanto públicos como privados.
En la isla de Ibiza, el único ayuntamiento que ha aprobado aplicar las cuatro medidas contempladas en el decreto es el de Santa Eulària. En el. Caso de Vila, se ha decidido adoptar la reconversión de locales comerciales, la división de las viviendas y el cambio de uso de terrenos de equipamientos. Sant Antoni, por su parte, ha dado luz verde al uso de terrenos de equipamiento y al incremento de las alturas. Este municipio, además, empleará el decreto para poder regularizar «una docena de edificios inacabados para poder levantar una planta más de las previstas y que estos inmuebles se puedan destinar a nuevas viviendas de alquiler a precio asequible», han recordado las fuentes de la Conselleria de Vivienda. El Consell de Formentera, finalmente, ha aproado aplicar todas las medidas del decreto en la isla.
Las mismas fuentes han mostrado su satisfacción por el hecho de que las grandes ciudades del archipiélago, Palma, Ibiza, Inca y Manacor hayan aprobado ya la regulación para aplicar estas medidas contra la grave crisis de la vivienda que sufren las Islas. Y, finalmente, han recordado que, una vez que se apruebe la ley, los ayuntamientos que aún no hayan hecho nada tendrán un plazo de tres meses para pronunciarse: «Se da este plazo razonable de tres meses para poder aportar mayor seguridad jurídica para la planificación de este tipo de actuaciones. Si en ese plazo no se ha adoptado el acuerdo de pleno, las medidas serán de aplicación plena en esos municipios».
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