Con los votos a favor del PP, PSOE y Unidas Podemos, el Consell d'Eivissa ha aprobado este viernes la iniciativa legislativa destinada a llevar al Parlament una proposición de ley de «control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística». El objetivo es «corregir la problemática derivada de la congestión del territorio insular en los periodos del año de más afluencia de personas y vehículos», según la exposición de motivos de la iniciativa. Este documento deberá ser ahora aprobado por la Cámara autonómica, en la que será defendido por el presidente insular, Vicent Marí; el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, y los consellers y diputados autonómicos Josep Marí Ribas (PSOE) y Óscar Rodríguez (Unidas Podemos). A la sesión plenaria han asistido representantes de los cinco municipios de la isla.
La iniciativa legislativa en sí es un trámite que permitirá la aprobación de una ley que, a su vez, dotará al Consell d'Eivissa de las competencias necesarias para regular la entrada de vehículos en la isla. Una regulación que se llevará a cabo mediante acuerdos de Pleno que podrán tener una duración de entre uno y dos años.
El presidente Marí se ha mostrado satisfecho por el «consenso» con el que se ha llevado a cabo la redacción de este documento. En este sentido, ha recordado que el mismo es producto tanto de los estudios y de la recogida de datos como de las propuestas formuladas por partidos políticos y sectores socioeconómicos de la isla. Marí, además, ha hecho especial hincapié en que se trata de una iniciativa legislativa que parte de Ibiza y que será de aplicación únicamente en esta isla. «Si queremos presentar una ley eficaz», ha señalado el presidente, «ha de estar apoyada por la mayoría de la sociedad. El objetivo común es ordenar la afluencia turística y preservar la imagen y la sostenibilidad de la isla de Ibiza».
Vicent Marí ha explicado que la necesidad de regular la entrada de vehículos en Ibiza tiene como origen los cambios que ha sufrido el turismo en los últimos años. Si hace dos décadas los turistas llegaban al Aeropuerto y eran recogidos en autobuses, facilitando así la movilidad, hoy todo esto ha desaparecido y son mayoría los que alquilan un vehículo al llegar a Ibiza o se desplazan a la isla en su automóvil. «Es un reto que hay que ordenar y esta ley marca el camino», ha añadido el presidente.
Para 2025
El texto ha contado con el apoyo de los consellers del PSOE y de Unidas Podemos. Sin embargo, ambos grupos han hecho algunos apuntes sobre cuestiones que consideran que deben mejorarse. Así, el socialista Josep Marí Ribas Agustinet ha pedido al Gobierno insular del PP un «compromiso claro» sobre la entrada en vigor de esta limitación que, según Vicent Marí, comenzará a aplicarse en 2025. Marí Ribas, además, ha reclamado «un paquete total» de medidas de sostenibilidad que permitan que esta nueva norma sea «realmente efectiva».
El podemita Óscar Rodríguez, por su parte, ha recordado que fueron los movimientos ecologistas de la isla los que en 2018 ya reclamaron una ley como esta. Rodríguez ha calificado de «muy positivo» el consenso alcanzado ahora para que pueda salir adelante. Pero también ha lamentado que haya sido necesario llegar a la actual situación de saturación para actuar. Además, ha explicado que esta ley debe ser un primer paso para «reducir la presión turística» y ha reclamado una «planificación a largo plazo» para aumentar la sostenibilidad de Ibiza. Un objetivo en el que, ha dicho, debe colaborar el Govern.
Solo el conseller insular de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, ha votado en contra de la iniciativa por considerar que esta va en contra de la Constitución en lo que al derecho a la movilidad de las personas se refiere. Díaz de Entresotos ha afirmado que existen otras fórmulas para poder frenar la saturación de vehículos en la isla como, por ejemplo, ordenanzas fiscales que obliguen a los rent a car a pagar aquí determinadas tasas o el fomento del transporte colectivo, sea público o privado. «Se puede hacer un tren de Vila al Aeropuerto», ha planteado el conseller de Vox, «no es ninguna tontería. Y hay que mejorar las carreteras en las zonas donde se producen las acumulaciones». Y es que desde Vox se considera que no es aceptable que el Consell tenga la potestad de limitar el derecho a la movilidad de los ciudadanos «como si esto fuera la aldea gala». «Somos un Estado de Derecho», ha recordado Díaz de Entresotos, «y esta norma, además, incide en competencias de carácter municipal. Espero que la ley se modifique y racionalice en el Parlament».
Las cifras
Lo aprobado este viernes en el Consell es un texto que ahora deberá pasar por el tamiz del Parlament, donde se espera que los grupos hagan sus propias enmiendas. En su exposición de motivos, el documento recoge datos para justificar esta limitación a la entrada de vehículos. Así, indica que, según el IBESTAT, «el parque de vehículos en Ibiza se ha incrementado en un 255% entre 1996 (63.202 vehículos) y 2023 (160.835 vehículos)». En el mismo periodo, el incremento en Baleares ha sido del 52,7%.
En lo que a la entrada de vehículos se refiere, según la iniciativa legislativa, entre 2001y 2022 esta se ha cuadruplicado, pasando de 51.000 a 206.960 vehículos. Muchos de estos coches, además, concentran su entrada en Ibiza en los meses de la temporada alta, lo que implica «una gran sobrecarga en la red viaria insular (…) que en 2023 se ha estimado en hasta el 23,6% respecto al parque de vehículos insular del mismo año».
A lo largo de 22 artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, el documento aprobado este viernes en el Consell fija las bases para poder poner freno a la saturación que crea cada año en la isla la entrada descontrolada de vehículos. En el capítulo I, el texto justifica la existencia de esta ley y establece «medidas de sostenibilidad» que deberán ser adoptadas por el Consell con la limitación de la afluencia de vehículos a motor en la isla y la de la circulación en vías públicas a determinados tipos de automóviles «de acuerdo con criterios medioambientales». Además, podrá establecer el número máximo de vehículos de alquiler en circulación y tendrá que potenciar el uso del transporte público, elaborar un plan de acción para la sostenibilidad de la isla y procurar que las medidas adoptadas respondan «a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y no discriminación».
En su capítulo II, la ley indica la prohibición y circulación de vehículos llegados a la isla, incluido el estacionamiento, «en el periodo del año que determine el Pleno del Consell a efectos de ordenar los flujos turísticos». Además, «con carácter previo al acuerdo del pleno se dará audiencia a los ayuntamientos de la isla». Quedarán fuera de esta prohibición los vehículos cuyos titulares sean residentes en Ibiza, salvo que se trate de titulares de flotas de vehículos de alquiler. Tampoco se verán afectados por la limitación los vehículos de aquellos que, sin ser residentes, tengan una vivienda en propiedad en Ibiza. En este caso, no obstante, solo podrá beneficiarse de la excepción un vehículo por propietario. No verán limitado tampoco su acceso aquellos vehículos cuyos titulares residan en Baleares y tengan que desplazarse a Ibiza por motivos laborales. Y podrán saltarse la norma, finalmente, los vehículos oficiales y de servicio público, los coches fúnebres, el transporte escolar, los de bienes y mercancías o los tractores, entre otros.
Identificación
Todos los vehículos exentos serán identificados por el Consell y deberán portar una acreditación par circular. Además, se determinará «el procedimiento telemático adecuado para facilitar la obtención de la acreditación» y se establecerán «sistemas automatizados de lectura de matrículas».
En lo que al techo de vehículos se refiere, la iniciativa legislativa indica que este será fijado «justificadamente» por el Pleno insular para uno o dos años: «Puede permitir la circulación de un número máximo de vehículos a motor para un número de días concreto, cuyas personas usuarias lo soliciten con la antelación que se fije». El Pleno, además, establecerá «la cuota reservada únicamente a los vehículos de las personas residentes en Formentera no incluidas en las excepciones previstas (…). Esta cuota debe determinarse según los datos históricos de afluencia de vehículos de que se disponga, para garantizar que es suficiente».
Sin acreditación, indica la iniciativa, no se podrá circular y, «si lo exige el reglamento», será necesario un distintivo. El Consell, además, podrá establecer cuotas para todos los vehículos a motor aunque «deberá darse preferencia en este techo a los vehículos eléctricos o no contaminantes» y se tendrá en cuenta la antigüedad de los coches a la hora de otorgar las acreditaciones.
Entre los vehículos que más preocupan a la institución ahora mismo están las caravanas, junto con los de alquiler. En el primer caso, el Pleno fijará una cuota específica e, incluso, «puede establecer la obligación de tener que acreditar disponer de una previa reserva en un campamento de turismo de la isla para su estacionamiento y pernocta».
Nada de esto será posible sin la colaboración de las navieras, las empresas mediadoras y las expendedoras de títulos de transporte marítimo, que, según esta ley, «están obligadas a informar a las personas usuarias, durante el proceso de adquisición de los títulos de transporte relativos a vehículos con este destino, del régimen de limitaciones temporales de acceso y circulación de vehículos a motor en la isla de Ibiza, como también de las consecuencias del incumplimiento de este régimen».
El documento, por otro lado, regula la posibilidad de restringir el acceso a determinados espacios «para evitar que se produzcan daños o aglomeraciones en vías públicas o espacios determinados con valores naturales, patrimoniales o paisajísticos, o que la concentración de vehículos pueda poner en riesgo las medidas de evacuación de las personas en supuestos de emergencia, previo informe favorable del ayuntamiento correspondiente».
Interés general
Todas estas medidas se adoptarán en base a «razones imperiosas de interés general referidas a la protección del medio ambiente y del entorno urbano y la salud pública». El objetivo será «garantizar que no se intensifique la presión sobre el territorio, que no se supere la capacidad de carga de las playas y calas, que la concentración de vehículos no comprometa la eventual actuación de los servicios de emergencia, que no se congestione la red viaria y los aparcamientos, no quede comprometida la capacidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, no se sobrepase la capacidad de recogida y tratamiento de residuos, no se sobreexploten los recursos hídricos y que no se pierda el valor y la buena imagen de la isla de Ibiza como destino turístico».
A través de esta nueva ley, finalmente, el Consell deberá sacar adelante un plan de acción para la sostenibilidad de Ibiza con una vigencia de entre dos y cinco años. El plan tendrá como objetivo «reducir las externalidades que pueda producir la presión turística y la automovilística» y deberá contener «objetivos específicos, acciones concretas para conseguirlos e indicadores para medir el grado de cumplimiento». Además, obligará a la institución insular y al Govern a crear un fondo específico para la financiación de las actuaciones, que deberá nutrirse de las tasas obtenidas a través de los permisos para circular, de las sanciones y de las aportaciones de la CAIB.
En lo referido a las sanciones, se establecen infracciones de carácter leve, grave y muy grave. Las primeras podrán ser sancionadas con multas de entre 300 y 1.000 euros. Las multas para las sanciones graves oscilarán entre los 1.001 euros y los 10.000 euros. Las muy graves, finalmente, serán sancionadas con entre 10.001 y 30.000 euros. Las multas, además, podrán ser coercitivas hasta «que se cumpla lo que haya sido ordenado».