El Ayuntamiento de Sant Josep ha retirado de una finca de Cala Tarida utilizada como vertedero ilegal 145 vehículos y embarcaciones y unas 500 toneladas de residuos de todo tipo.
Según ha informado el Consistorio, el pasado 3 de mayo se dieron por concluidas las labores de retirada de residuos y limpieza de la finca que comenzaron en marzo.
Durante abril, se trabajó de forma específica para retirar residuos especiales que necesitaban de maquinaria determinada.
El Ayuntamiento ha recordado que los residuos que hasta ahora se acumulaban en el solar motivaron múltiples denuncias y requerimientos desde 2016.
Aunque la propiedad permitió al principio la entrada y mostró una actitud colaboradora, no ha facilitado después los trabajos de limpieza, causando que la Policía Local haya tenido que acudir al lugar casi a diario.
Desde Sant Josep han recordado que, entre los recursos materiales utilizados en esta acción, se ha contado con hasta 12 vehículos de transporte de residuos de diferentes tamaños.
Entre los restos retirados, se han contabilizado 71 vehículos, 13 de ellos de grandes dimensiones; 61 barcos; 13 elementos flotantes como velomares; 103 extintores, bombonas de gas o similares; 31 bengalas y lanzacohetes; más de 174.000 kilos de ferralla; más de 115.000 kilos de voluminosos y más de 9.000 neumáticos usados, entre otros.
El coste de los trabajos ha sido calculado en función de las labores realmente efectuadas y de los residuos retirados de la finca y, aunque el contrato se adjudicó por 752.436,34 euros, el coste final ha sido de 573.157,15 euros. Esta cantidad será reclamada al propietario.
El Consistorio ha recordado que desde 2016 se habían recibido quejas y denuncias sobre el estado de la finca, por lo que se requirió en diferentes ocasiones la limpieza de los terrenos al propietario del solar. En 2022, se emitió un decreto ordenando la retirada y reciclaje de los materiales y la restitución de la finca a su estado original.
Visto que se hizo caso omiso a este requerimiento, en agosto de 2022 se emitió una resolución de Alcaldía resolviendo iniciar un expediente de ejecución subsidiaria. El pasado febrero se obtuvo la autorización judicial para entrar en la finca.