El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por la socialista Teresa Ribera, no ha contestado aún al escrito remitido por el Govern balear el pasado mes de noviembre exigiendo que cumpla con lo estipulado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en lo referente a la financiación del transporte de residuos entre las islas de Ibiza y Formentera y entre esta última y la Península. Así lo ha denunciado este martes el conseller balear de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en respuesta a una pregunta formulada en el Parlament sobre esta cuestión por el diputado autonómico y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba.
Sáenz de San Pedro ha explicado que el Govern no ha obtenido respuesta ni a esta carta ni a «las peticiones de reunión» que ha realizado con el ministerio para tratar este asunto. El conseller, además, ha recordado que «la financiación del transporte marítimo de residuos debe ser un realidad» en base a lo establecido por la propia Constitución, que indica en su artículo 138.1 que el Estado debe velar «por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo a las circunstancias del hecho insular». Sin embargo, en el caso de Formentera, que sufre la triple insularidad, esto no se está cumpliendo.
Sáenz de San Pedro ha respondido así a la pregunta formulada por Llorenç Córdoba, quien, a su vez, ha puesto sobre la mesa que la financiación del transporte de residuos en el caso de Formentera está recogida en la disposición adicional tercera de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados estatal. Esta disposición, ha explicado, fue acordada en el Senado por varias fuerzas políticas, entre ellas el PP y el PSOE, pero posteriormente fue tumbada por los socialistas y Unidas Podemos. No obstante, la disposición fue finalmente aprobada y como tal figura en el texto publicado en el BOE. De ahí que Córdoba haya exigido al Gobierno central que «esto sea efectivo». El presidente y diputado, además, ha recordado que el transporte de estos residuos es asumido ahora por el Consell, que destina a este fin más de 1 millón de euros anualmente.
Sáenz de San Pedro ha añadido en su segunda respuesta que, además de en esta ley, la financiación del transporte marítimo de residuos puede encuadrarse también en la del Régimen Especial de Baleares, que contempla «un mecanismo de compensación en función del tonelaje de residuos transportados» y que tampoco se está cumpliendo. Por ello, además de «seguir reclamando» al Gobierno que cumpla con esta obligación, el Govern planteará esta cuestión en la próxima comisión bilateral con el Estado.
Llorenç Córdoba, por otro lado, ha planteado esta pregunta al Govern dejando claro que conseguir esta financiación es una obligación del Ejecutivo de Marga Prohens en función del acuerdo alcanzado con el presidente insular para que este votara a favor del PP en la sesión de investidura. Córdoba ha explicado que este objetivo es el punto 12 del acuerdo firmado con los populares, que contempla que el Govern se comprometía a llevar a cabo las infraestructuras contempladas en el Plan Director de Residuos insular para el tratamiento y reutilización de estos. Y, además, que reclamaría al Gobierno central la financiación del transporte marítimo de estos residuos. Sáenz de San Pedro ha explicado que esta financiación ya se llevó a cabo por parte del Gobierno entre 2002 y 2011, aportando el Estado la cantidad de 10 millones de euros sobre un coste total de algo más de 33 millones.