Unanimidad en el pleno de Sant Josep para reclamar al Gobierno un cambio legislativo para que la actividad de taxi ‘pirata' sea consideradA un delito y no una falta administrativa como ahora. Sant Josep es el municipio de la isla de Ibiza más afectado por este tipo de intrusismo que se lleva a cabo, sobre todo, en el aeropuerto, las playas y a la salida de las discotecas.
Todas las formaciones apoyaron la moción presentada por la concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, en la que también se insta a la dirección del aeropuerto de Ibiza y al Estado a reforzar la seguridad y la presencia policial en la terminal aeroportuaria. Otro de los puntos que también salió adelante (con el voto en contra de los diez concejales del equipo de gobierno) fue instar al Consell d'Eivissa a que incremente su plantilla de inspectores dedicados a perseguir esta actividad ilegal.
«Quien no cumple es el Estado con la Guardia Civil, que es quien nos tendría que ayudar. En Sant Josep no podemos ampliar más la plantilla de la Policía Local. Necesitamos seriedad por parte del Gobierno y de Aena y que se envíen los medios necesarios para poder actuar», señaló el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
Por otro lado, el Pleno de Sant Antoni, además, ha aprobado una moción de Unidas Podemos con el fin de proteger al colectivo del taxi frente a los taxistas piratas. En este caso, la concejal podemita Angie Roselló ha aceptado retirar tres de los cuatro puntos de la propuesta para conseguir aprobar por unanimidad instar al Gobierno central a modificar el Código Penal con el objetivo de que se considere delito el transporte de pasajeros por tierra sin el título habitante para ello.
Todos los grupos municipales han estado de acuerdo en la necesidad de proteger al colectivo del taxi en esta situación. La teniente de alcalde Neus Mateu ha recordado que tanto el Consistorio como el Consell están «de acuerdo en luchar contra el transporte ilegal». La concejal de Seguridad ha recordado que la Policía Local cuenta con su propia unidad contra el intrusismo. Pero Mateu también ha subrayado que la capacidad de actuación en este caso es del Estado, que, ha señalado, ha de activar de una vez por todas el plus de insularidad para lograr que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan completar sus plantillas en la isla y, así, incrementar los esfuerzos contra problemas como el de los taxis piratas.
Sin zona verde en Sant Jordi
El equipo de gobierno y Vox rechazaron la propuesta del grupo socialista de implantar una zona verde para que los residentes en Sant Jordi aparcar libremente en el núcleo urbano. «La obligatoriedad de mover los vehículos cada dos horas ha repercutido de forma negativa», señaló la concejala socialista Present Ortiz.
Vicent Roig, por su parte, destacó que la reactivación de la zona azul en Sant Jordi ha supuesto que haya más aparcamiento en el centro del pueblo y que «nadie tiene que andar más de 500 metros para aparcar». Además, señaló que en el solar adyacente a la plaza del pueblo se habilitarán alrededor de 70 plazas de aparcamiento de 12 horas de duración para las personas que trabajan en Sant Jordi.
También se rechazó la moción socialista para la colocación, de nuevo, de reductores de velocidad en la calle es Caló y Cala de Bou. Una petición realizada por un vecino de la zona después de que en una de estas vías atropellaran a su perro y que según los socialistas cuenta con el apoyo de miles de firmas. «Intentaremos poner los menos reductores de velocidad posibles porque destrozan los coches y luego hay que cambiarlos por las quejas de los vecinos por el ruido que hacen. La velocidad no ha sido la causa de los 20 accidentes que ha habido desde la retirada de los reductores de velocidad en estas calles», apuntó el teniente de alcalde Vicent Torres.
El pleno dio ayer el visto bueno a una modificación de crédito con cargo al fondo de contingencia para el incremento del 2 % del salario de los funcionarios y del personal laboral del Ayuntamiento de Sant Josep decretado por el Gobierno para este año, el mismo porcentaje que incrementará el sueldo de los cargos públicos y los cargos de confianza.
Hay q ser objetivos. El primero fundamental esq estas personas realizan una actividad NO permitada por nuestro ordenamiento jurídico. Además no tributan, no tienen seguro alguno de responsabilidad civil etc. No es justo para los ciudadanos que SI cumplimos con papa estado y que cada mes nos descuentan el señor IRPF de la nómina. Por otro lado, no se puede dar lugar a saltarse la ley y por la face y no ser castigado. Que guste el taxi más o menos o las vtc es otro tema, que según mi opinión sí se necesitaría un poco de disciplina o sanciones.