Desde caravanas y autocaravanas instaladas en el lugar, pasando por chabolas hechas de manera artesana con palés de madera, hasta pequeñas casas prefabricadas. Esa es la disparidad de infraviviendas que se vislumbran desde las afueras del asentamiento ilegal de Can Rova, entre la carretera que une Sant Antoni con Ibiza y el polígono de Can Bufí. Desde fuera parece difícil imaginar la cantidad de gente que ha llegado a vivir en este lugar durante tanto tiempo. Y, a día de hoy, y según el propio Ayuntamiento de Santa Eulària, es imposible saber con certeza cuánta gente sigue viviendo hasta que no se proceda mañana al definitivo desalojo.
A tan solo unas horas de que se produzca el desahucio del lugar a instancias del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza, este miércoles 31 de julio a primera hora de la mañana. Dicho desalojo estaba planificado originalmente para el 10 de este mismo mes, pero finalmente fue postergado por motivos procesales relacionados con los plazos.
A diferencia de lo que pasa con muchos otros asentamientos de la isla –que desgraciadamente cada vez proliferan más–, como puede ser el de Can Raspalls o el del parking de Sa Joveroa, Can Rova se trata de un terreno privado en el que se mensualidades a quienes alquilan «una parcela». Y el precio está lejos de ser algo simbólico, ya que se suele situar entre los 300 y los 500 euros mensuales, según la cantidad de terreno que ocupe, pudiendo llegar a ser más.
Esta actividad se realiza supuestamente por uno solo de los seis hermanos propietarios de los terrenos a espaldas de los demás. Los otros hermanos no eran conscientes de que uno de ellos se estaba lucrando de manera directa del arrendamiento de los terrenos. Según la demanda interpuesta, «dan por concluida la posesión exclusiva y excluyente como consecuencia de un uso abusivo que se manifiesta en la realización de actividades ilegales e incluso peligrosas, y contraria a su destino».
Denuncia
El escrito hace referencia a actividades «ilegales, carentes de licencias y que reportan un beneficio económico ilícito y exclusivo» al demandado. Según estimaciones realizadas en base a las mensualidades y la cantidad de gente viviendo simultáneamente en el lugar, el arrendador podría haber estado ingresando entre 80 y cien mil euros mensuales. Sin embargo, muchos de quienes alquilaron ese espacio se vieron obligados a pagar por adelantado y ahora temen «no recuperar ese dinero».
El desalojo no ha pillado por sorpresa a quienes vivían en el asentamiento. Según lo que cuentan los vecinos de la zona. la mayoría de ellos ya se han marchado a otros lugares u otros asentamientos. En los momentos álgidos estiman que podía haber más de medio millar de personas instaladas en la zona. Un fenómeno que, en menor medida, venía produciéndose durante años pero ha sido entre este verano y el anterior cuando se ha llegado a un límite prácticamente insostenible.
Sin embargo, hay quienes parecen mantenerse ajenos a esta situación y siguen con las que serían sus tareas rutinarias del día a día. Entre el trasiego habitual se puede ver a quien hace la colada, tiende la ropa, llega cargado con bolsas de la compra o se va a trabajar. Hablar con la gente que vive dentro resulta complicado ya que desde la propiedad se les ha prohibido explícitamente contactar con la prensa.
Trabajadores
Pese a ello, y por declaraciones realizadas a este periódico en anteriores ocasiones, se puede saber que la mayoría de las personas que viven en el asentamiento de Can Rova son trabajadores que no han encontrado una alternativa habitacional digna en la isla. «Hay algunas familias que tienen miedo porque nos quedamos en la calle. No entendemos por qué nos quieren echar; nosotros no hacemos daños a nadie», explicaba una mujer que ha estado viviendo en el asentamiento junto a su hijo de 10 años.
La mayoría de quienes han estado residiendo en este lugar ya han emprendido su marcha hacia otro lugar. En su mayoría se han ido al asentamiento de Can Raspalls, cerca de Sant Jordi. Esto no ha hecho más que aumentar el volumen poblacional de un lugar que ya de por sí no paraba de crecer. Choca la imposibilidad de acceder a una vivienda convencional en Ibiza con la imagen de destino de lujo que tantas veces se intenta transmitir.
Alternativas
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, donde se ubica el asentamiento de Can Rova, han asegurado que apoyarán la decisión judicial tanto con Policía Local como con Servicios Sociales, estos últimos para atender a todas las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad. Quienes lo necesiten serán acogidos en albergues de la red insular o, en última instancia en el pabellón del polideportivo de es Puig d'en Valls, tal y como aseguró Toñi Picó, la regidora de Benestar Social del Consistorio.
Que chapuceros sois los políticos. O ya tenéis donde ubicar y alojar a estas personas?