Una mujer llora desconsoladamente delante del cordón policial que cuatro de los antidisturbios desplazados hasta el lugar realizan delante de ella. Acaba de ser desalojada de la que ha sido su casa durante meses y no es capaz de encontrar a su hija pequeña, a la que perdió de vista en el momento en el que los desalojaron. Es una de las imágenes de lo que se vivió a lo largo de este miércoles por la mañana durante el desalojo por mandato judicial del asentamiento de chabolas, infraviviendas y caravanas de Can Rova. En este dispositivo de desalojo por mandato judicial participaron decenas de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En total fueron detenidas seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, como presuntos autores de un delito de resistencia a los agentes de la autoridad, durante el desalojo por mandato judicial de Can Rova.
Cabe destacar que este emplazamiento estaba siendo explotado por uno de los hermanos a diferentes precios según se tratara de una parcela para una tienda de campaña, caravana u otro tipo de infravivienda. En este sentido, han llegado a vivir en esta parcela más de 300 familias, que pagaban entre 250 euros y 400 euros al mes, dependiendo del tipo de parcela, razón por la cual el propietario contra el que se han demandado los otros cinco dueños de la finca habría estado ingresando alrededor de 90.000 euros al mes. Los demás dueños de la propiedad denunciaron al hermano que estaba explotando la finca y el desalojo de este miércoles es la culminación de este proceso judicial.
Cabe destacar que, según ha comprobado Periódico de Ibiza y Formentera en la información pública disponible en el Catastro, esta finca es de clase rústica, con un uso principal agrario y tiene una superficie construida de 529 metros cuadrados en una vivienda y varios almacenes. En total, entre las construcciones y el terreno, la superficie es de 26.084 metros cuadrados.
Durante la jornada de este miércoles se entrelazaron unos primeros momentos de tranquilidad, en los cuales los residentes procedieron al desalojo de manera pacífica, con los momentos de tensión finales. Los últimos residentes organizaron una sentada junto a las caravanas y chabolas que han sido su vivienda hasta el último momento, cuando fueron esalojados mediante el uso de la fuerza por los cuerpos de antidisturbios para así dar cumplimiento a la sentencia judicial que les obligaba a salir de allí.
Estos últimos residentes eran la última muestra de un alojamiento que, en su momento álgido, habría llegado a acoger hasta más de un millar de personas, según explicaban este miércoles los vecinos de la zona. Según estos propios vecinos todo había empezado hace ya más de un lustro, con algún pequeño asentamiento. Sin embargo, no fue hasta la pasada temporada cuando la situación se descontroló y la población del lugar se alzó por encima del millar de personas. El desalojo estaba planificado desde hacía tiempo -originalmente estaba planeado para el 10 de julio, pero fue aplazado por motivos procesales-. Sin embargo, todavía quedaban dentro de Can Rova cerca de 150 personas, incluidos 19 menores de edad. La mayoría de los residentes habían partido ya, mayoritariamente a otros asentamientos de la isla, como el de Can Burgos o el de Sa Joveria, al no verse en capacidad de acceder a una vivienda convencional en la isla.
El arrendador
Desde primera hora de la mañana los alrededores de Can Rova empezaron a llenarse de efectivos policiales para proceder con la orden judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza. Todo se había desencadenado a raíz de la denuncia de cinco de los hermanos propietarios al sexto de ellos, cuando descubrieron que éste último estaba arrendando el terreno a espaladas de los demás. Estaba cobrando ilegalmente a quienes se instalaban en la parcela, según la cantidad de espacio que estos ocupaban.
Los primeros episodios de tensión los protagonizaba precisamente este hombre. Cerca de las 09.00 horas, visiblemente alterado, se acercaba hasta el puesto habilitado para la prensa para proferir contra los medios de comunicación hasta allí desplazados insultos, amenazas e, incluso, algún escupitajo. Habría de pasar por delante varias veces más, repitiendo a voces los mismos improperios.
Salida ordenada
A partir de 09.30 horas, momento en el cual había de comenzar la intervención, empezaban a salir los primeros residentes, de manera ordenada y pacífica pero constante, a modo de goteo. Algunos combinaban sus quejas por el desalojo con la reivindicación a acceder a «una vivienda digna», como aseguraba Juan David, un joven colombiano que es de los primeros en salir junto a dos de sus compañeros. No quiere irse sin antes incidir que la gente que hay ahí dentro «es pacífica y trabajadora».
El dispositivo, tanto policial como de prensa que había instalados, no pasa desapercibido para los centenares de personas que cruzan la carretera con su vehículo y se paran a observar qué es lo que está pasando. Desde fuera es difícil saber con certeza pero, desde la escalera de una vivienda colindante se puede ver cómo hay dos actividades principales. La primera de ellas, la de algunas personas que ultiman sus bolsas y maletas antes de abandonar el recinto de manera definitiva. Por otro lado, estaban quienes no están dispuestos a abandonar la que ha sido su casa y se organizaron debajo de un toldo instalado en una caravana, refugiándose así del sol que imperaba toda la mañana.
Según pasaban los minutos empezaron a vivirse los primeros momentos de tensión. La que se erigió como una de las portavoces, Alicia, protestaba. La habían autorizado a sacar su coche y, al tratar de volver a entrar, no se lo habían permitido «como sí lo habían hecho con algunos de sus compañeros». Después de insistir e irse con su vehículo, unos minutos después se la volvió a ver dentro del asentamiento.
Amigos y familiares de gente que está dentro del asentamiento empezó a acudir a los alrededores, a recibir a la gente que sigue saliendo de forma escalonada. Es difícil saber con exactitud cuánta gente quedaba dentro, pero lo que está claro es que imperaba la incertidumbre. Son las 11.45 hors y Alicia, junto a otro de los representantes de los alojados, Garibaldi, se acercan a esas escaleras donde se ubica la prensa, a informar de que les comunicaron que se va a proceder al desalojo forzoso en cinco minutos. Desde ahí se puede observar cómo los antidisturbios, ubicados en el acceso contrario, el del lado del polígono, avanzan con los escudos en alto. Sin embargo, pasan los minutos y sigue la aparente tranquilidad.
El estallido
Todo cambia cerca de las 12.30 horas. La Guardia Civil acudió a esa pequeña escalera en la cual muchos de los trabajadores de prensa estaban ubicados para desalojarlo, argumentando motivos de seguridad por el procedimiento. Justo unos segundos después de abandonar el lugar, se escucha el disparo de una escopeta de los antidisturbios y se desata el caos. Se escuchan los primeros gritos, la gente empieza a salir corriendo, de manera completamente desordenada del asentamiento. Los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar se preparan para atender en caso de que sea necesario.
La imagen que se produjo en estos momentos es completamente caótica. Quienes salen de dentro lo hacían con una mezcla de rabia, desesperación e indignación. Denunciaron el trato recibido por las fuerzas de seguridad ante una resistencia que aseguraron que era «pacífica por su parte». Algunos mostraban a la prensa sus heridas, provocadas por su resistencia a la autoridad y por la negativa a acatar la orden judicial de desalojo.
La exaltación se sucede y hay gente que ni tan siquiera sabe dónde va a ir. Muchos de ellos, bien por ser ajenos a la noticia del desalojo o bien al pensar que éste podía volver a ser aplazado o porque confiaban en que no llegaría a producirse, acababan de pagar la mensualidad por adelantado al arrendador, que la reclamó hasta el último momento, justo hasta el día antes del desalojo. No tienen ni idea de cómo recuperar ese dinero y se sienten estafados.
La tensión crecía por momentos y los desalojados se acumulaban en las inmediaciones del lugar, justo en la salida. La rabia les lleva a un acto espontáneo. Querían denunciar lo que acababan de vivir y se lanzaron a cortar la carretera de Ibiza a Sant Antoni, a la altura de Can Negre. Justo en ese momento se produce otro de los episodios más destacados. Uno de los conductores que quedó retenido por la protesta emprendió la marcha, a punto de atropellar a quienes protestan. Esto provocó la furia de la turba, que acabó golpeando al vehículo y éste finalmente retrocedió.
Unos minutos después el corte cesa y se retoma la circulación y, poco a poco, la normalidad. Los antidisturbios, que parecen haberse cerciorado de que no quede nadie dentro, ahora protegen que nadie vuelva a entrar a la finca de Can Rova.