La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y los concejales delegados de Servicios Sociales y la Policía Local, Antonia Picó y Juan Carlos Roselló, respectivamente, estuvieron este miércoles por la mañana siguiendo el operativo instalado por mandato judicial para el desalojo en la zona conocida como Can Rova a raíz del conflicto entre la propiedad de la finca. Según destacaron desde la Villa del Río, en total participaron 12 agentes de Policía Local con dos drones.
Por lo que respecta a los Servicios Sociales Municipales, se desplazaron a la zona desde primera hora de la mañana tres trabajadoras sociales y una educadora social, que estuvieron en la zona para coordinarse con la central de Bienestar Social en Santa Eulària. En este sentido, el departamento ha tenido contacto las últimas semanas con 13 familias que residían en el campamento ilegal, a las que «se dio información, acompañamiento y orientación, además de un trabajo de prevención ante la situación de urgencia que suponía el desalojo», según precisaron.
Durante la jornada de este martes, día previo al desalojo, «se ayudó a una familia pagando la entrada a una vivienda, mientras que este miércoles otra familia ha solicitado la misma asistencia». «Ninguna persona más ha pedido ayuda al departamento, por lo que se estima que el trabajo informativo y preventivo previo ha hecho que algunas de ellas hayan acudido a la red insular», según destacaron desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.
También acudió a la zona una técnica de Bienestar Animal y del Servicio de Recogida y Acogida de animales de Santa Eulària para hacerse cargo de las mascotas que pudieran quedar tras el operativo o las que, por diferentes motivos, no pudieran seguir con sus propietarios. Se ha atendido a dos animales, un perro y un gato, según concluyeron.