Santa Eulària concluye que Can Rova presentaba un «riesgo grave para la integridad física de las personas»

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha celebrado este lunes la Comisión Informativa del Área II, en la que se ha informado a los grupos de la oposición del expediente completo referente al camping ilegal explotado en un solar rústico del barrio de Can Negre, en la parroquia de es Puig d'en Valls. Para la aclaración de diferentes cuestiones ha estado presente personal técnico de los diferentes departamentos implicados. También se ha informado de que se mantiene una presencia extraordinaria de Servicios Sociales en las oficinas municipales de es Puig d'en Valls (bajos del Centro Cultural situado junto al Punt Jove y frente al campo de fútbol) de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y sin cita previa, para atender cualquier duda sobre posibles recursos de los Servicios Sociales para afectados de Can Rova. Igualmente, se ha remarcado que se mantiene el seguimiento a las personas que han recibido ayuda por parte del Consistorio.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado que tuvo conocimiento por primera vez de actuaciones irregulares en esta parcela el 9 de mayo de 2022, cuando la Policía Local acudió a la zona tras recibir una llamada alertando de esta actividad. «No se pudo acceder a la finca al estar cerrada, pero se pudo comprobar la existencia de caravanas y camiones. Una empresa de servicios de grúas comunicó que tenía arrendado el terreno como depósito de vehículos. Una nueva patrulla realizó otra visita con un técnico de Servicios Territoriales, el 6 de julio del mismo año, en la que lograron hablar con el propietario, que impidió el acceso a la finca a los agentes», han explicado. No se pudo demostrar, según el Consistorio, que hubiera actividad irregular, pero sí la existencia de vehículos y construcciones que parecían ser recursos habitacionales. Para poder tener una imagen más completa de la parcela, el Ayuntamiento de Santa Eulària realizó un vuelo con dron el día 18 del mismo mes.

Entonces, se elaboró un informe para dejar constancia de todo lo registrado, las visitas de la Policía Local y de las posteriores denuncias contra la propiedad y, desde infracciones, se abrió un expediente que se comunicó a todas las partes y se expidió una Orden de ejecución para devolver el terreno a la normalidad. Las personas propietarias del 83% de la finca iniciaron, entonces, un procedimiento civil de desahucio ante la negativa del explotador del terreno, la otra parte de la propiedad, de proceder a la limpieza del solar y la recuperación de su estado original. Se encargó de ello el Juzgado de Primera instancia nº5 de Eivissa. En este procedimiento acudió como testigo el ingeniero industrial municipal.

En fecha 7 de diciembre 2023, el tribunal falla contra los denunciantes, que presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma. En esta ocasión, el 5 de marzo de 2024, el sentido de la sentencia fue contrario y determinó el desahucio y desalojo de toda la parcela y todos aquellos elementos que puedan existir.

Una vez el Ayuntamiento de Santa Eulària tuvo conocimiento de ello se coordinó con los copropietarios y la Secretaría del Juzgado de primera instancia nº5 de Ibiza para determinar la mejor manera posible para llevar a cabo el mandato judicial. Desde la primera inspección hasta esta última la parcela no sólo había intensificado su actividad sino también la cantidad de personas acampando de forma irregular en el terreno.

Por ello, en fecha 10 de mayo se realizó inspección de la parcela por parte de los diferentes servicios municipales, acompañados del Grupo Roca de la Guardia Civil. Se llevaron a cabo visitas interdepartamentales a la finca, a la que también acudió el inspector de vivienda del Govern de les Illes Balears, y se elaboraron informes técnicos que se aportaron al Juzgado.

Un peligro inminente para la vida y el medio ambiente

En estas inspecciones más minuciosas, según el Consistorio, se pudo certificar que el propietario cobraba por las parcelas y que existían riesgos graves e inminentes para las personas. La situación eléctrica era un riesgo inaceptable para la seguridad pública y se instaba a «tomar medidas inmediatas para corregir las infracciones y proteger la vida y el bienestar de los residentes y la comunidad en su conjunto».

Entre otras deficiencias en el camping ilegal, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, se encontraron conexiones eléctricas deficientes, el uso excesivo de extensiones y conexiones múltiples, ausencia de dispositivos de protección básicos para prevenir accidentes e incendios, falta de equipos de extinción de incendios, cuadros eléctricos instalados a la intemperie en los árboles, inexistencia de puesta a tierra, conexiones sin protección con un alto riesgo de electrocución, bidones de gasolina con surtidor, aguas residuales canalizadas con tuberías rudimentarias dirigidas hacia algún lugar indeterminado, gran volumen de vehículos abandonados con la carrocería oxidada, cristales rotos, chatarra, material de construcción, basura doméstica, restos de poda, maderas y palés atravesados por cableado eléctrico, escombro de obra, mobiliario, botellas de dióxido de carbono junto a cuadros de luces, bombonas de gas sin etiquetar, bidones de aceite industrial, barbacoas domésticas o restos de hogueras en el suelo.

Atención de Servicios Sociales

Los primeros desplazamientos del equipo de Servicios Sociales a Can Negre fueron el 6 de mayo de 2024 cuando se tuvo el primer requerimiento de ayuda por parte de una unidad familiar. A raíz de aquellas intervenciones se tuvo contacto con siete núcleos familiares vulnerables con los que vivían 14 menores de edad (con dos de ellos ya se tenía contacto en anterioridad).

«Las familias explicaron que pagaban por las parcelas entre 500 y 700 euros con luz aparte y, que algunas de ellas, tenían miedo del arrendador ya que habían recibido amenazas. Pudieron identificar a una persona que hacía de supervisor del camping ilegal», han indicado desde el Ayuntamiento.

El personal pudo determinar que había vehículos y construcciones precarias, muchas de ellas sin el equipamiento básico y los servicios mínimos necesarios como agua corriente, calefacción, electricidad, equipo para cocinar y/o elementos de higiene personal. Todo ello hacía que el entorno tuviera un «riesgo grave para la integridad física de las personas» y que vivían «en unas condiciones inadecuadas de habitabilidad». El informe técnico destacó que existían «carencias graves de higiene y salubridad y riesgo de aparición de plagas no controladas de insectos, parásitos u otro tipo de animales capaces de transmitir enfermedades y/o causar lesiones a las personas, en especial para los menores».

Durante estas actuaciones, el equipo de Servicios Sociales realizó un análisis de las actuaciones previas al desalojo y ha atendido una de las competencias municipales como es la atención a la vulnerabilidad: la atención y el servicio a personas con problemas de movilidad, problemas de salud, familias con pocos recursos económicos y menores en situación de riesgo y/o exclusión.

Trabajo posterior al desalojo

Durante el día del desalojo, el 31 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha destacado que destinó un total de 12 agentes de la Policía Local con dos drones, 3 trabajadoras sociales, 1 educadora social, 1 técnico de movilidad y técnicos de Medio Ambiente para hacerse cargo de las mascotas que lo necesitaran, los departamentos que tenían competencia en este desahucio ordenado por mandato judicial. Asimismo, por parte del equipo de gobierno acudió la alcaldesa, Carmen Ferrer, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, y la concejala de Bienestar Social, Antonia Picó.

«Hasta la celebración de la comisión, se trabajó con todas las personas que lo necesitaron. Las personas vulnerables (mujeres y niños) fueron alojadas en el centro Nazaret de Cáritas; dos personas acudieron al Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y la instalación temporal de emergencia del CEIP S'Olivera acogió a 29 personas la primera noche, un número que se fue reduciendo hasta los 13 de la última, el viernes 9 de agosto», han apuntado.

La atención de Servicios Sociales en cifras:

• Antes del 31/07 se atendió a 14 familias, de las cuales 4 se fueron de la isla antes del desalojo, con información y orientación en cuanto a la situación de infravivienda; apoyo en el proceso de búsqueda de una vivienda alternativa; información de extranjería; escolarización, escuela de verano y comedor escolar para los menores de edad; alimentación; ayuda en la tramitación de la tarjeta sanitaria; alojamiento de urgencia; derivación al Servicio de Protección de Menores y derivación a la Oficina de la Mujer.

• 32 nuevas familias atendidas tras el desalojo.

• 29 solicitudes de alojamiento temporal de emergencia en el CEIP S'Olivera.

• 5 asistencias de escuela de verano y comedor.

• 7 billetes de viaje.

• 4 ayudas para entrar en una nueva vivienda.

• 4 mujeres más sus hijos derivados al centro Nazaret de Cáritas.

• 2 derivaciones al Centro de Baja Exigencia de sa Joveria.

• 1 derivación a servicios externos de sa Joveria.

• 1 derivación para conseguir ropa en Cáritas

• 2 alimento para familias.

• 1 recursos farmacéuticos.

• 5 menores de edad de dos familias atendidos en el servicio municipal de psicología.

• Servicio de grúa.

• 2 servicios de mudanza y trastero por un plazo de dos meses.

• Material para el alojamiento de emergencia (sábanas, toallas, colchón, bolsas de basura, agua y gel de ducha).

• Servicio de vigilante del 31 de julio al 9 de agosto.