«Los recursos de acogida deben ir orientados a la integración exitosa del menor en la sociedad de acogida. En ese sentido, deben ser ambientes normalizados, en los que los y las menores tengan intimidad y autonomía propias de su edad, espacios amigables que les den confianza y seguridad, con recursos humanos y materiales suficientes para una atención individualizada y en los que se promueva la interculturalidad, la convivencia y la emancipación». Este párrafo forma parte de la memoria elaborada por la directora del centro Padre Morey, Olga Egea, para sacar a adjudicación la gestión de un total de 16 plazas destinadas a la acogida en Ibiza de menores extranjeros no acompañados (más conocidos por sus siglas, menas). Esto significa dinero. Y, de momento, el Consell d’Eivissa tendrá que gastar cerca de 7,8 millones de euros en cinco años para habilitar estas 16 plazas, divididas en lotes de ocho, y que deben sumarse a las 40 ya existentes.
El primer lote está a punto de adjudicarse y todo indica que será la Fundación Diagrama la que se hará con el mismo dado que ha sido la única que ha presentado una oferta. Esta entidad gestiona ya en la isla ‘Posidonia’, un centro también para menas ubicado en Santa Eulària. Periódico de Ibiza y Formentera ha intentado que la Fundación Diagrama explique su día a día con estos menores y, sobre todo, el coste de sus servicios, sin que ello haya sido posible. El segundo lote quedará desierto y, según ha podido saber este rotativo, el Consell estudia subir la partida destinada a estas adjudicaciones para conseguir que alguna empresa se haga cargo de esta gestión. Además, prepara también otras dos adjudicaciones más, con el mismo número total de plazas.
Por estas 16 primeras plazas, el Consell tiene previsto pagar 3,12 millones de euros durante los dos primeros años de vigencia. Si el contrato se prorroga, la previsión es de una ampliación de tres años más. El coste total será entonces de 7,8 millones de euros.
Desglose de cifras
Tomando como referencia un lote de ocho plazas y el contrato de dos años, el coste será de 1,56 millones de euros. Dinero que se pagará a la adjudicataria entre este año y 2026.
La memoria económica que acompaña al pliego de condiciones contiene una estimación de costes según la cual buena parte del dinero, 956.617 euros, se va en pagar al personal. Y es que para atender a ocho menores son necesarios, según indica la legislación, un director (40% de jornada), cuatro educadores sociales, cuatro auxiliares técnicos educativos, un mediador intercultural, un psicólogo y cinco controladores. Tanto el director como el psicólogo trabajarán un 40% de la jornada laboral. El primero con un sueldo anual de 40.908 euros y el segundo de 26.795 euros.
El alquiler del inmueble para este servicio de acogida se cuantifica en esta memoria en unos 60.000 euros anuales, 5.000 euros mensuales. Es necesario un inmueble de unos 237 metros cuadrados en el que se deben habilitar, además de las habitaciones, espacios para diferentes momentos como los de estudio o los de «regulación emocional». El inmueble ha de tener, según este documento, dos baños y «espacios para la atención y el apoyo individualizado», entre otros requerimientos.
Estos chicos necesitarán en su día a día suministros de luz, agua e internet. En este caso, la memoria prevé un coste de 3.890 euros en dos años, 1.945 euros en 12 meses.
El documento recoge otros apartados que, a buen seguro, generarán más de una crítica. Y es que, por ejemplo, estos chicos tendrán a su disposición un servicio de limpieza de 12 horas semanales, con un coste total durante los dos años del contrato de 15.834 euros. Esto incluye la limpieza diaria del inmueble durante una hora, una limpieza a fondo semanal de cinco horas y los servicios de costura, colada, plancha, comedor y soporte doméstico.
En material pedagógico, el cálculo para dos años es de 2.400 euros en total, a razón de 100 euros por acogido anuales y a los que se debe sumar el efecto del «factor rotación».
En alimentación, la memoria consigna un coste presupuestado de 20 euros diarios para cada menor, aunque, en este caso, solo se tiene en cuenta a seis de los ocho. Así, se calcula que el coste de este apartado será de 176.800 euros en dos años. Los chavales, además, necesitan ropa y calzado. Para este fin, el cálculo que hace el Consell basándose en un informe de Save the Children, es de 759 euros anuales por menor, teniendo en cuenta que «a veces el ingreso del menor es repentino y no hay tiempo de comprar por internet y esperar a que llegue el material, y debe acudirse a establecimientos físicos cercanos». En total, por este concepto en dos años se estima un coste de 18.216 euros. A esto deben sumarse 1.040 euros más para la compra de sábanas, toallas, mantas, edredones y otros.
Al tratarse de menores alejados de sus familias, la Administración debe tener en cuenta factores como los regalos de cumpleaños o de Navidad. En este caso, el coste medio es de 50 euros por cada regalo, con un total de 2.600 euros en los dos años del contrato para estos ocho acogidos.
18.800 euros es lo que se estima, por otro lado, que cuesta la atención en dos años para cuestiones como higiene (160 euros anuales para los ocho chicos), productos de limpieza personal (1.440 euros al año), medicinas (1.600 euros al año), gafas y material ortopédico (2.200 euros al año) y dentista (4.000 euros al año).
Se vela también en este contrato por la vida social de los chicos acogidos. En este caso, se prevén fiestas de celebración de cumpleaños, Navidad, Carnaval y verano. Para ello, tendrán que disponer de 2.000 euros anuales, 250 por chico. A esto se suman 10.400 euros más al año en concepto de paga, es decir, el dinero de bolsillo que reciben semanalmente y que se cuantifica en 25 euros por chaval.
La valoración
Estas cifras justifican, en opinión de la consellera insular de Asuntos Sociales, Carolina Escandell, la postura del Consell de exigir al Estado que se implique en el mantenimiento de los menas que llegan a Ibiza. «El Consell», ha asegurado Escandell, «no puede desatender sus obligaciones por hacer frente a una situación sobrevenida cuyo único responsable, por mucho que no quieran reconocerlo, es el Gobierno de España». La consellera ha subyrado que la institución insular está cumpliendo con sus «obligaciones» en cuanto a la acogida de los menas a pesar del alto coste económico de estas. Pero ello está afectando al resto de áreas del departamento: «Nosotros no huimos de nuestras obligaciones y de nuestras competencias pero estas se están viendo seriamente afectadas por la dejadez de los ministerios de Exteriores e Interior, a quienes parece que el problema de Ibiza preocupa bien poco».
La consellera Escandell ha recordado que «la principal ruta de entrada a Ibiza o a Formentera es Argelia y ni el Ministerio de Exteriores está haciendo labor diplomática para que las autoridades locales del país eviten que sus jóvenes se echen al mar, ni el Ministerio de Interior está haciendo nada para evitar que desembarquen en Ibiza, con los problemas sociales, económicos y administrativos que todo esto nos está generando».