El sindicato CSIF en Baleares denunció ayer la situación que se está viviendo en las aulas de las Islas con el alumnado con necesidades educativas especiales, ya que, según esta entidad, estos estudiantes no pueden disponer del «apoyo imprescindible» de los auxiliares técnicos educativos (ATE) para garantizar la educación inclusiva en los centros.
En este sentido, la delegada del sindicato CSIF en Baleares, Loli Guijarro, señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que estos profesionales «viven en la más absoluta precariedad dentro de una Administración que los utiliza como personal de usar y tirar». Según esta representante sindical, estos trabajadores sufren «una auténtica explotación laboral a la que hay que poner fin». Es por ello que desde el sindicato CSIF en Baleares no dejarán de reclamar «dignidad para este colectivo», un sector que, según denunció Guijarro, cuentan con «contratos precarios y salarios bajos frente a una inflación que no para de crecer».
Contratos dignos
«Exigimos contratos dignos de 12 meses para este colectivo con el objetivo de ofrecer puestos de trabajo atractivos para el personal que forma parte de las bolsas de trabajo, y de esta manera no queden plazas vacantes desiertas como es el caso», apuntó, resaltando que sí hay personal disponible, pero no quieren cubrir estos puestos porque no se ofrecen condiciones dignas», lamentó esta representante sindical. «Es el momento de implantar contratos de 12 meses igual que se implantó en mayo de 2023 en Castilla-La Mancha. Además la Conselleria de Educación dispone de una partida que permitiría convertir los contratos en anuales, ya que el Ministerio de Educación y Formación Profesional aporta más de un millón de euros a Baleares destinados al programa de Educación Inclusiva.
«La finalidad de esta partida es facilitar la disponibilidad del personal no docente para cubrir las necesidades del alumnado en los centros ordinarios. No obstante, pese a este importe, Educación sigue ofreciendo contratos precarios de 10 meses», denunció, al mismo tiempo que indicaba que esta precariedad causa también segregación de género porque la mayor parte de este personal afectado está formado por mujeres.
«Esta situación constituye una discriminación indirecta; una diferencia de trato en perjuicio del género femenino al suponer un detrimento de las retribuciones y de las cotizaciones a la jubilación con respecto al resto del personal laboral de la CAIB, con contrato a tiempo completo», agregaron desde CSIF. Además, también afirmaron que los ATEs padecen una relación contractual como fijo-discontinuos, cesándolos de sus puestos de trabajo durante julio y agosto.
«Esto les obliga a buscar contratos en otros sectores para cubrir los meses de verano con las retenciones que suponen tener dos pagadores. Para ellos, acumular experiencia y acceder a un proceso selectivo o al concurso-oposición para un puesto precario de 10 meses, no es rentable. Esto hace que las sustituciones no se cubran y ahora tampoco las nuevas vacantes», denunció Loli Guijarro, insistiendo en que hay personal disponible, pero no hay contratos dignos.
Es por eso que, según adelantó esta representante sindical, CSIF no descarta movilizaciones y también pide apoyo a toda la comunidad educativa para solucionar la «sobrecarga laboral» en las aulas con el alumnado con necesidades educativas especiales. «Disfrutar de una escuela inclusiva es un derecho de nuestros alumnos», concluyeron desde el sindicato.