El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, anunció este martes en el pleno del Parlament que el comercializador del asentamiento chabolista de Can Rova, desalojado el pasado 31 de julio, se enfrenta a una multa de 2,4 millones de euros.
En respuesta a una pregunta del diputado ibicenco socialista Marco Guerrero, Mateo explicó que la resolución incluye 80 infracciones «muy graves» previstas en la Ley de Vivienda autonómica, relacionadas «con 80 construcciones muy precarias calificadas como infraviviendas».
La resolución está en proceso de notificación al propietario y se publicará en el boletín oficial esta semana, añadió el conseller, quien comunicó, entre otras medidas, que en breve firmarán convenios con instituciones de Ibiza para la construcción de «más de 600 viviendas» sociales.
Mateo defendió que el Govern «aporta medidas» para enfrentar el problema de la vivienda y actúa contra quienes «incumplen la ley».
En su intervención, Guerrero reclamó la limitación de los precios del alquiler y más vivienda pública para frenar la proliferación de asentamientos.
«Si no lo hace, cada residente desalojado por no poder afrontar la renovación de su contrato de alquiler será responsabilidad suya, de su Govern y de su partido», señaló el diputado socialista.
Negocio que sale caro
La sanción del Govern se suma a la propuesta por el Ayuntamiento de Santa Eulària de 905.137,61 euros para el promotor y explotador del asentamiento ilegal de Can Rova por una infracción de la Ley de Urbanismo.
Tras la valoración de los elementos instalados hecha por los técnicos y juristas se determinó el importe de la sanción en uno de los tramos más altos de la horquilla que permite la ley (en concreto, supone un 212,5 % del valor total de todos los elementos detectados) al considerar como un agravante la obtención de beneficio en base a la explotación de los elementos instalados sin ningún tipo de permiso.
El informe municipal concreta que la parcela, de 26.000 m2, tiene la calificación de suelo rústico común con categoría de área de transición. Según las inspecciones realizadas a finales de mayo, Santa Eulària constató que no había ningún tipo de licencia y se documentaron 103 elementos diferentes habilitados como alojamiento, desde casetas de madera a caravanas y autocaravanas, pasando por tiendas de campaña, un par de camiones y un microbús, así como un contenedor. Los ocupantes del enclave explicaron que la persona responsable cobraba entre 500 y 700 euros mensuales por cada elemento instalado.
Los técnicos municipales constataron que «las actuaciones llevadas a cabo se han ejecutado sin contar con la correspondiente licencia municipal de obras, resultando ilegalizables, vulnerándose las condiciones de edificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal» que, en su artículo 8.2.04, estipula que en suelo rústico están prohibidas «las edificaciones y elementos extraños, tales como casas de madera y elementos habitables prefabricados móviles o fijos».
El valor estimado de los elementos instalados es de 425.947 euros, cantidad que se usa como referencia a la hora de fijar la sanción. Así, la ley establece que el infractor debe ser sancionado con multa del 100 al 250 por ciento del valor de las obras de construcción, edificación, instalación y de movimientos de tierra que se realicen en suelo rústico no protegido sin el título urbanístico habilitante preceptivo según el artículo 167 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre.
Finalmente, Santa Eulària establece una sanción de 905.137,61 euros «al haberse constatado como circunstancia modificativa de responsabilidad a modo de agravante el beneficio obtenido por el promotor en base a los arrendamientos obtenidos de las parcelas sobre las que se autorizó y promovió la ejecución de obras e instalaciones ilegales».
Gatobardo 1Esto no es así , no sabemos en condiciones está la propiedad y los hermanos o socios o etc pueden ser responsables solidarios .