La Federación Española de Municipios (FEMP) tachó ayer de «disparate» la tasa de basuras que impondrá el Gobierno a los ayuntamientos y aseguró que «atenta contra la autonomía local». A partir del año que viene, los ibicencos verán cómo la tasa que pagan por la recogida de basuras aumenta de forma muy notable. Un incremento en los impuestos municipales que los consistorios se han visto obligados a ejecutar, ya que es una medida establecida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y que implica que los ayuntamientos deban repercutir la totalidad del coste del servicio de recogida de basura en los contribuyentes. Hasta ahora, los ciudadanos sólo pagaban una parte de este servicio, mientras que el resto se sufragaba con otros fondos de los consistorios. Esto no va a ser así a partir de 2025 ya que cada persona se hará responsable del coste real de la recogida, tratamiento y reciclaje de sus residuos.
Desde la FEMP criticaron esta subida, advirtiendo que provocará una avalancha de recursos, por lo que reclamaron a los ayuntamientos del país alcanzar un consenso ante «esta tropelía económica».
En una entrevista concedida a la emisora Onda Madrid la presidenta de la Federación, María José García-Pelayo, criticó la tasa de basuras que se ven obligados a aprobar los ayuntamientos en sus ordenanzas porque «le ha dado la gana al Gobierno de Pedro Sánchez, dado que la normativa europea no establece una tasa que tengan que pagar los vecinos de esa manera». También explicó que han intentado reunirse con responsables del Ejecutivo nacional para abordar esta cuestión, aunque ha sido del todo imposible.
Según García-Pelayo, con la imposición de la tasa de basuras el Gobierno realiza un cambio importante en cuanto a la concepción de las tasas locales en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que, tal como se deduce de su artículo 20.1, las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales. Sin embargo, en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se establece por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia.
Desde la FEMP, «el Gobierno debería haber hecho las cosas bien, no actuar así, de manera inesperada y obligando a los alcaldes a establecer una tasa cuya aplicación no comparten, violando además el principio constitucional de autonomía local».
«Pedro Sánchez no tiene la financiación local en el pensamiento, ni siquiera la autonómica, ya que sólo está preocupado por el concierto independentista», concluyeron desde la Federación.