Mariano Juan Colomar (Santa Eulària, 1982) tiene la mesa de su despacho muy ordenada a pesar de ser, seguramente, el conseller del equipo de gobierno del Consell d’Eivissa con más proyectos y competencias a gestionar. Juan, que asegura que en 2025 Ibiza contará con un nuevo servicio de transporte público, ha declarado la guerra total contra el intrusismo y hace avanzar como un metrónomo los proyectos viarios de su departamento.
—Este verano hemos visto cómo varias decenas de taxis ‘pirata’ se convertían en chatarra. A muchos, sin embargo, parece que les sigue saliendo a cuenta arriesgarse.
—El año pasado batimos récords en recaudación y en incautación de vehículos: fue la primera vez que recaudamos más de medio millón de euros solo en sanción de Transportes e incautamos más de cien vehículos. En el caso de que los taxistas ‘pirata’ no paguen la sanción, se desguazan los vehículos. ¿Estamos contentos? Sí, pero no es suficiente. Por este motivo, hemos propuesto al Govern varias medidas para que se introduzcan en el decreto de simplificación y lo han visto con buenos ojos. Se subirán las sanciones, que ahora son de 6.000 euros, a 15.000 euros y no tendrán derecho de reducción. La mera presencia en grupos de WhatsApp o Telegram donde se ofrezcan este tipo de servicio parece ser que también será motivo de sanción administrativa. Todo esto nos dará nuevas herramientas para luchar contra esta piratería.
—La novedad de este año ha sido la infiltración de inspectores como clientes.
—Seguimos demostrando que no se nos acaban las ideas. Hemos encontrado una buena fórmula para ponerles nerviosos, porque aquí un detective que hace de gancho les lleva hacia un control de nuestros inspectores o de la policía o Guardia Civil. Seguiremos infiltrando detectives y el año que viene el servicio será permanente en temporada estival.
—¿Cómo ha ido este verano la infiltración en fiestas ilegales en villas?
—No tenemos un balance aún, pero se confirma la reducción de fiestas. Siempre han existido estas fiestas y seguirán existiendo, pero estamos volviendo a los números de antes de la pandemia. Este es un servicio de ayuda para los ayuntamientos, que son los que tramitan las sanciones. El nuevo decreto ley que ha subido las multas hasta los 100.000 euros no solo para quien organiza las fiestas sino también para los asistentes, los suministradores o los que colaboran captando clientes, ha hecho que exista un miedo en esta galaxia que gira alrededor de este negocio ilegal. Esto no quiere decir que no tengamos que mejorar las leyes y que se considere que un inmueble que se está utilizando como discoteca ya no es una vivienda y, por lo tanto, ya no es un domicilio. Hay que seguir luchando para que las policías municipales puedan entrar en estos inmuebles mientras estén abiertos al público y desactivar estas fiestas.
—En las redes sigue habiendo gente que se aprovecha de la falta de vivienda para ofrecer cualquier cuchitril como vivienda.
—Aquí hay que distinguir varias cuestiones, porque estamos atacando el problema desde tres lados diferentes. Si el alquiler es por días o por más de un mes con servicios turísticos es de nuestra competencia. Si existe un cambio de uso de un local es una infracción urbanística y es el ayuntamiento quien sanciona. Y si estos inmuebles no cumplen las condiciones de habitabilidad o lo que marca la Ley de Vivienda es competencia del Govern. No quiere decir que las tres sean incompatibles. El problema que nos encontramos es la lentitud de la administración y que al ser domicilios necesitamos una autorización judicial para poder entrar, documentarlo todo y sancionar.
—Usted fue concejal de Urbanismo en Santa Eulària, municipio pionero en establecer en sus Normas Subsidiarias la prohibición del alquiler turístico. Un hecho que ahora se establecerá en el resto de municipios. ¿Por qué es tan importante esta cuestión?
—Es importante introducir la materia urbanística y también la territorial, porque en el PTI también está prohibido el alquiler turístico, porque nos ofrece nuevas armas. Hasta ahora, la única arma que tenemos para luchar contra el alquiler turístico ilegal es la normativa turística. El Consell d’Eivissa tiene los recursos que tiene, los ha ampliado pero no son suficientes. En otros sitios están usando el arma urbanística y creemos que era importante implicar al resto de ayuntamientos. En Vila también tienen esta arma gracias al PGOU que aprobamos al inicio de la legislatura. Cuando el resto de ayuntamientos tengan contemplada esta prohibición en sus planeamientos urbanísticos, sus inspectores y policías locales también puedan luchar contra el alquiler turístico ilegal por la vía urbanística y que el infractor tenga dos sanciones administrativas. Las policías e inspectores, además de documentar y dar traslado al Consell de la infracción turística, ahora también podrán tramitar expedientes sancionadores, cortar la luz o precintar pisos en materia urbanística. Es importante porque aumentamos exponencialmente el ‘ejército’ contra las viviendas turísticas.
—¿El registro único de viviendas vacacionales que prepara el Ministerio de Turismo será la solución?
—Hace tiempo que lo esperamos. El alquiler turístico ha existido siempre, pero el problema llega cuando se ha generalizado a través de las redes sociales. Este no es un problema exclusivo de Ibiza sino mundial. Era muy importante que la Unión Europea regulara esta cuestión y pusiera coto a estas empresas comercializadoras, que suelen alegar que no pueden comprobar si los anuncios que se publican en sus plataformas son o no legales. Es muy importante que la Unión Europea obligue a los estados a crear este registro único que obligue a estas plataformas a comprobar que lo que cuelgan terceras personas es legal. Esto hará una criba muy importante y provocará que las plataformas también sean responsables si no cumplen la ley.
—¿Ya han recibido alguna oferta por la rotonda del cruce de Los Cazadores?
—Hasta el día 28 de octubre está abierto el plazo para presentar ofertas. Ha habido ofertas de aquí interesadas y que se estudiaron el proyecto la primera vez y nos dijeron que no les salían los números. Se sacó a licitación por 5 millones y pico y ahora son casi 8 con impuestos y estoy seguro que tendremos una buena acogida, como mínimo con empresas de aquí. Nos hubiera gustado adjudicar las obras antes y esperamos hacerlo a principios del próximo año. Las obras durarán un año y medio así que era imposible no pillar un periodo estival en su ejecución.
—Sant Rafel parece dividido por el proyecto de la variante.
—Aquí hay una parte que creo que no se ha entendido o que no hemos explicado bien. No se trata de un proyecto ni tan solo un anteproyecto. No se trata de decidir si la carretera será grante, si tendrá cuatro carriles o tendrá rotondas. Es un estudio de alternativas para decidir por dónde tiene que pasar la carretera si se decide que se hace. Por primera vez se ha hecho un proceso de participación pública para que la gente pueda opinar sobre las alternativas que los técnicos han puesto sobre la mesa sin ningún tipo de directriz política. Se trata de decidir por dónde tiene que pasar la variante para desviar el tráfico de Sant Rafel por fuera del pueblo y que el centro del pueblo sea peatonal. Puedo garantizar que no gastaremos ni un euro en un proyecto que no se quiera, porque tenemos mucho trabajo en otros sitios. Se trata de decidir si queremos un Sant Rafel peatonal y, en este caso, por dónde tiene que pasar la variante. Sant Rafel tiene un potencial enorme si se peatonaliza y nuestro deber era abrir el debate.
—¿Cómo está el proyecto de la carretera entre Sant Josep y Sant Antoni?
—Este será el proyecto más importante de la próxima legislatura y que esperamos iniciar en la actual. Será la inversión más potente del Consell d’Eivissa en los próximos años y la que tenemos más avanzada. Es una carretera muy transitada porque, como muchas la llaman, es la ‘carretera de las playas’ y necesita un cambio de trazado, sobre todo la parte sinuosa que llega a Sant Josep, arcenes como toca, un carril bici y de movilidad eléctrica, rotondas que den seguridad y paradas de bus dignas. Es una infraestructura importantísima de más de 20 millones de euros y que necesitará financiación externa, pero estoy seguro de que conseguiremos los fondos. Ahora se trata de convertir el anteproyecto en un proyecto y poderlo licitar en los próximos tres años.
—¿Ya se piensa en una futura variante de Sant Josep?
—Nuestra compromiso es que cuando acabemos con el estudio de alternativas de Sant Rafel, empecemos con las alternativas de una variante en Sant Josep, que también tiene un potencial muy importante y que puede dar mucho juego si se saca el tráfico de su interior. Hacer una variante tendrá unas dificultades importantes porque la orografía no es tan agradecida como la de Santa Gertrudis, Sant Carles o Sant Rafel, pero es un compromiso y lo haremos.
—En transportes parece que la licitación de las nuevas líneas de autobús arranca definitivamente.
—Sí, eso parece. Cuando entramos la legislatura pasada nos encontramos unas concesiones caducadas desde hacía muchos años y con un margen de mejora muy reducido. A pesar de esto, hemos hecho 23 modificaciones de trazado y de horarios para reforzar el transporte público, pero necesitábamos unas concesiones nuevas. Después de todos los trámites sacamos a concurso a principios de año los dos lotes. Es un contrato muy ambicioso, que aumentará un 50 % los kilómetros que se hacen actualmente, que conectará mejor los núcleos del norte de Ibiza y reforzará la línea del aeropuerto, sobre todo en invierno. Es un contrato que está pensado para los residentes y la dispersión de la población de Ibiza. Sacamos el concurso en enero, tuvo dos recursos de dos empresas, nos obligaron a cambiar unos detalles, volvieron a recurrir estas mismas empresas y finalmente nos han dado la razón. Ya hemos podido abrir los sobres de las seis empresas que se han presentado, de las que una ha sido excluida por presentarlo fuera de tiempo. Ahora estamos analizando la documentación administrativa y, si no hay más recursos, en las próximas semanas abriremos las ofertas para ver cuál es la mejor oferta para la isla de Ibiza. La intención es que el año que viene tengamos nuevos autobuses y las nuevas líneas funcionando.
—Que el Consell sea quien gestione este servicio en Ibiza y, en cambio, en Mallorca sea el Govern quien financia el bus y los trenes públicos supone un agravio comparativo. ¿Reclamarán más financiación al Govern en transporte por carretera?
—El déficit actual del sistema es de unos cuatro millones de euros, mientras que con el nuevo contrato será de 13 millones. Esto es insostenible, por eso hay que tener ayuda del Govern y no me cabe ninguna duda de que la tendremos. Estoy seguro que el Govern financiará mejoras en el transporte público porque es su deber.
—En la legislatura pasada se redactó un plan para renovar las paradas de bus. ¿Habrá que esperar a las nuevas líneas para aplicarlo?
—No, estamos instalando nuevas paradas constantemente, en todos los proyectos viarias las incluimos. Es verdad que tenemos más de un centenar de paradas dispersadas en todo el suelo rústico y espero que en diciembre o en enero tengamos en concurso la redacción del proyecto constructivo de estas nuevas paradas. En suelo urbano, que son competencia de los ayuntamientos, les hemos ofrecido financiación para que las renueven.