Varias familias de las desalojadas de los apartamentos Don Pepe han vuelto en la tarde de este viernes a las que fueron sus viviendas como forma de protesta contra el Govern balear y el Ayuntamiento de Sant Josep les den una alternativa. Estas familias fueron desalojadas del inmueble en 2021 y esperan desde entonces una solución por parte de las administraciones que, de momento, no acaba de llegar. Algo que las está llevando a la desesperación.
Hay que remontarse al mes de julio para encontrar alguna noticia relacionada con este caso. El Govern abrió entonces la puerta a la posibilidad de legalizar el edificio del bloque A, que fue declarado en ruina, para que los propietarios de los pisos pudieran reformarlo y volver a vivir en él. Así lo había planteado el abogado de los vecinos, Juan Nadal, en la Comisión de Seguimiento de los Don Pepe, celebrada en aquel momento en el Ayuntamiento de Sant Josep.
Esta opción podría caber en el decreto de simplificación administrativa que aprobó el Govern el pasado verano y que incluye un procedimiento extraordinario para retornar a la legalidad inmuebles como este. El Govern, entonces, se comprometió a estudiar la propuesta de los vecinos porque, según señaló en aquel momento la ya exconsellera Marta Vidal «en una isla como Ibiza, con un problema tan flagrante de vivienda, evitar derribar más de 80 viviendas es una buena idea como política de vivienda». Sin embargo, nada más se ha vuelto a saber sobre esta cuestión.
Los dos edificios que forman el complejo de los Don Pepe están fuera de ordenación. Del bloque A, que fue desalojado totalmente en diciembre de 2021 tras declarar la ruina del edificio, no se ha encontrado en el Ayuntamiento el permiso urbanístico correspondiente. En el caso del bloque B, el problema es que se construyó una planta más de lo que permitía la licencia.
El Ayuntamiento
Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, se personó en el edificio de los Don Pepe al enterarse de que varios vecinos habían regresado a los pisos. El alcalde josepí estuvo conversando con estas personas y les recordó que el edificio está declarado en ruina y que, por tanto, es peligroso para su integridad física que estén allí.
«Me han pedido que revise la declaración de ruina y que se convoque de manera urgente la comisión de seguimiento de los Don Pepe y que, al mismo tiempo, dos representantes de cada una de las escaleras del Edificio A puedan formar parte de esta comisión», explicó Vicent Roig a última hora de este viernes.
Las dos familias que entraron pidieron al alcalde que se personara algún técnico o alguien que les comunicara en qué estado estaba el edificio y así fue: acudió el jefe de servicio del departamento de Urbanismo, que ha constatado el estado de las dos viviendas y «hará el informe oportuno el lunes».
«Se les ha informado que estaban en un edificio declarado en ruina y que aparentemente está bien porque la verdad es que yo no soy experto en urbanismo ni técnico; un quinto piso y un bajo, es decir, el que más sufre la altura y el que más sufre la presión de los demás, frente al mar y cerrados durante tres años porque nadie ha entrado en este tiempo en las dos viviendas, la verdad es que no había ni una grieta, lo que tienen es polvo y que se han abombado baldosas. ¿Que se puede caer el edificio mañana? No lo sé porque no soy experto; hablo desde mi percepción personal como ser humano», precisó Vicent Roig, quien afirmó comprender perfectamente la desesperación de estas familias y señaló que este viernes a última hora de la noche trasladó las peticiones de estos vecinos al conseller balear de Vivienda. «Le he trasladado las peticiones de las dos familias; están muy decepcionados. Les he transmitido que me da vergüenza que casi un año y medio después estemos en esta situación y que se hayan visto abocados a tener que hacer esto para llamar la atención de la administración; realmente después de cuatro años casi es lógico que estén desesperados», concluyó Roig, quien destacó que «hemos estado donde debíamos estar, con los vecinos».