Varios propietarios de los apartamentos Don Pepe decidieron el pasado viernes entrar en sus pisos para así provocar una reacción de la Administración, que aún no les ha ofrecido una alternativa seria y definitiva tras sacarlos de sus viviendas en 2021. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, se comprometió con ellos a que este lunes solicitaría una reunión urgente de la comisión de seguimiento, de la que forman parte, además del Consistorio, el Consell de Ibiza y el Govern balear. Y así lo ha hecho, sumándose de este modo a la petición que ya formularon tiempo atrás los afectados. Roig, además, ha incluido en su solicitud que se invite a los representantes de los afectados a este encuentro.
El alcalde, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, ha señalado que está «a la espera» de que desde el Govern le comuniquen la fecha en la que el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, podrá estar disponible para este encuentro. Roig ha insistido en que el Ayuntamiento «hará lo que tenga que hacer» para ofrecer a los afectados una solución. Pero la realidad es que esta no depende del Consistorio.
En estos momentos, hay dos posibles soluciones sobre la mesa. Por un lado, realojar a estas familias en alguna de las promociones de vivienda protegida que están en marcha, como puede ser la de la avenida de Isidor Macabich, en Vila, o que está proyectada en Casas Baratas. Por otro lado, se estudia la posibilidad de regularizar estos edificios a través del decreto de simplificación administrativa cuya tramitación se está llevando a cabo en el Parlament en estos momentos. Esta última alternativa sería la que más se ajustaría a lo que reclaman los afectados, que es poder volver a sus casas y rehabilitar los edificios con su propio dinero.
«Han dicho claramente en numerosas ocasiones que ellos no quieren que les den casas, que quieren volver a sus pisos», ha recordado el primer edil, «pero el problema es que se van abriendo flancos en cada reunión de la comisión de seguimiento y ninguno se cierra del todo».
Roig ha dejado claro que entiende «totalmente» la indignación de los afectados, que llevan cuatro años fuera de sus casas, de las que fueron desalojados por, entre otras cuestiones, un supuesto riesgo de ruina inminente. Sin embargo, no parece que esto sea así pues, según relatan los vecinos que entraron al edificio el viernes, sus viviendas están en perfecto estado.
El alcalde ha señalado que, en su opinión, lo ideal sería encontrar «una solución clara y que permita salvar los edificios». Una postura que Roig ya defendió cuando el anterior Gobierno de Sant Josep, del PSOE y Unidas Podemos, ordenó el desalojo.