El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, exige al Gobierno central la aprobación de un marco jurídico que otorgue seguridad a los propietarios de viviendas con el objetivo de que estas puedan salir al mercado del alquiler residencial. «No puede que ser que tengan más derechos los okupas», ha advertido Marí, que también ha recordado que «el que tiene una vivienda vacía es por algo: o ha pasado una mala experiencia y tiene miedo o prefiere alquilarla turísticamente porque es más rentable y no le da problemas».
El presidente ibicenco ha subrayado también que «mucha gente tiene los ahorros de su vida o los de sus antepasados en bienes inmobiliarios». Propietarios que, por temor a la ocupación ilegal, prefieren ahora mantener sus viviendas cerradas antes que alquilarlas. Un problema que, en opinión de Vicent Marí, ha de resolver el Gobierno central: «Tiene que crear un marco jurídico de seguridad e inmediatez. Si hubiera más seguridad jurídica, habría más viviendas en el mercado y bajarían los precios».
Marí ha asegurado que en la isla de Ibiza «hay miles de viviendas vacías y eso es solo por cuestiones jurídicas». Y ha puesto como ejemplo de intervención pública el programa Lloguer Segur, impulsado por el Govern de Marga Prohens y que tiene como objetivo garantizar a los propietarios tanto el cobro de las rentas como el retorno de los inmuebles al finalizar el contrato de alquiler o si se producen problemas con los inquilinos. «El Gobierno tiene que recuperar la seguridad jurídica», ha insistido el presidente del Consell, «tiene que haber garantías para los propietarios y también para los inquilinos».
Vicent Marí, por otro lado, ha subrayado que a la hora de afrontar el problema de la carestía y de la falta de vivienda es imprescindible contar con la iniciativa privada. En este sentido, el presidente ha recordado que durante las dos anteriores legislaturas autonómicas el Govern solo construyó 87 de pisos de protección oficial en la isla de Ibiza. «Al ritmo al que construye la Administración», ha asegurado, «necesitaríamos 80 años para poder cubrir el problema de falta de vivienda que tenemos hoy. Es invivible trabajar en esa línea». Por ello ha reclamado también un «marco jurídico que permita a la iniciativa privada construir vivienda en determinadas condiciones, movilizando suelo público». Y ha destacado que el Govern tiene «la voluntad política de abordar el problema ya sea por la vía de la construcción público-privada o por la vía de la ayuda y la garantía al propietario».
Las cifras en Baleares
Cabe recordar que las okupaciones de viviendas se han duplicado en Baleares durante la última década. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en el ejercicio 2023 se contabilizaron un total de 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles, mientras que en el año 2013 fueron 193. Desde el Ministerio del Interior precisan que «el delito de allanamiento de morada consiste en la conducta de entrar y mantenerse en una morada ajena (domicilio) sin autorización; mientras que la usurpación recoge la entrada, sin autorización debida, en un inmueble, local o edificio que no constituye morada/edificio. Son tipos penales distintos que protegen bienes jurídicos diferentes: el allanamiento protege la inviolabilidad del domicilio, mientras que la usurpación protege la propiedad de un inmueble».
Es importante tener en cuenta que el pico se registró en 2021 y desde entonces se está experimentando un ligero descenso. En concreto, en dicho año se contabilizaron 509 casos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles; mientras que en 2022 bajó a 417 y en 2023 disminuyó a 207. Sin embargo, aún es pronto para poder hablar de un cambio de tendencia.
El Ministerio del Interior también informa de los casos de okupaciones en los que se ha identificado al presunto autor. En concreto, de los 407 hechos conocidos por allanamiento o usurpación de inmuebles en 2023, se identificó al presunto autor en 232; es decir, algo más de la mitad. Un dato relevante es que la cifra de casos resueltos ha descendido, ya que de los 193 conocidos en 2003 se identificó al autor en 115.
Aún más significativa es la diferencia entre detenidos e investigados: en 2023 fueron 107 por haber okupado un inmueble, mientras que en 2013 fueron 124. Este dato es especialmente llamativo, puesto que hace una década hubo más investigados y detenidos que okupaciones; en 2023 fueron bastantes menos.
Hasta que la ley de la vivienda no se reforme, el problema seguirá, independientemente de las razones u obligaciones que tenga cada parte.