La okupación de una vivienda en Sant Antoni ha generado ciertas discrepancias entre los principales partidos políticos de Ibiza. El presidente del PP en la isla, José Vicente Marí Bosó, criticó que la ley estatal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez proteja más al okupa que al propietario y cause la retirada de decenas de viviendas del mercado del alquiler.
«Una mala ley provoca situaciones peligrosas de indignación social», señaló Marí Bosó, refiriéndose a los hechos acontecidos el viernes por la tarde, cuando vecinos de Sant Antoni obligaron a los okupas a marcharse de la casa en la que habían entrado.
En este sentido, el popular recordó aspectos contemplados en su ley antiokupación presentada en el Senado, tales como el aumento de penas para los okupas o desalojos en 24 horas. «Aprobamos hace un año en el Senado este proyecto de ley y, desde entonces, Armengol lo tiene paralizado en el Congreso, sin dejar que podamos debatirlo. Hace falta adoptar otras medidas», insistió.
Marí Bosó consideró que los socialistas ibicencos «deberían levantar la voz» y decirle a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que deje tramitar la ley del PP «ante esta oleada que estamos viendo».
«Hace siete años que Sánchez gobierna y no se ha visto ninguna medida que logre el abaratamiento de inmuebles», lamentó.
Por su parte, desde la Federación Socialista de Ibiza rechazaron cualquier acto de okupación, aunque advirtieron al PP que no puede hacer creer a los ciudadanos que «que las leyes no funcionan en este país». Según consideraron, se trata de un discurso «muy irresponsable y peligroso» que, tal como se vio el viernes, puede acabar provocando que la gente intente hacer justicia por su cuenta.
Desde el PSOE, además, exigieron al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que dé explicaciones sobre los hechos y sobre la actuación de la Policía Local en este caso.
El conseller de Unidas Podemos en el Consell d´Eivissa, Óscar Rodríguez, reconoció ciertas dudas sobre la actuación policial en el caso de Sant Antoni y consideró que este tipo de situaciones nunca deberían acabar como sucedió en Sant Antoni, con un desalojo impulsado por los propios vecinos, más cuando existen formas de sacar a los okupas con cierta rapidez, refiriéndose a las explicaciones del juez decano, Sergio González.
El magistrado, en este sentido, aseguró que con una denuncia o el atestado de la Guardia Civil en el juzgado de guardia pueden decretarse medidas cautelares para obligar a estas personas a marcharse.
«La legalidad vigente protege al propietario, aunque pueden ser necesarios más recursos judiciales para actuar con mayor rapidez», explicó Rodríguez, quien apostilló que «nunca puede sustituirse la Justicia por el matonismo», en relación a conocidas empresas dedicadas a la desokupación de inmuebles.
Armengol ya no está. Manda pp y podéis desbloquearlo pero no sabéis o no queréis.