Pedro Campillo Antón (Cartagena, 1960) fue elegido como nuevo secretario general de UGT en las Pitiusas tras el XII Congreso del sindicato celebrado este pasado 12 de marzo en Ibiza. Este enfermero, «con gran vocación de servicio», desempeñó este último año un papel clave en el sindicato al frente de la Comisión Gestora después de la dimisión del anterior secretario general. Durante la entrevista manifestó su preocupación por la crisis habitacional en las Pitiusas, alertó sobre la difícil situación que atraviesan los trabajadores y abordó de manera firme la importancia de la legalidad, especialmente en temas delicados como la okupación ilegal.
—Acaba de ser elegido secretario general de UGT en las Pitiusas con el respaldo del 62 % de los afiliados tras un año al frente de la gestora de UGT. Podría hacer un breve recorrido por su trayectoria sindical.
—Sí, así es. Llevo afiliado al sindicato UGT desde el año 1985. En anteriores etapas he asumido cargos de responsabilidad en la Ejecutiva Insular. Fui presidente de la gestora de Servicios Públicos en los años 80 y he ocupado varios cargos en la Ejecutiva de la Unión Insular de Ibiza y Formentera. Ahora este organismo es conocido como UCA, Unión de la Comunidad Autónoma. También he sido presidente del Comité de Empresa del Hospital de Ibiza y delegado de personal en la Junta de Personal del Hospital y, fruto de las últimas elecciones, soy delegado sindical de Sanidad. Además, durante el último año he liderado la gestora de UGT en las Pitiusas, un periodo que ha servido para reorganizar el sindicato y sentar las bases de esta nueva etapa. Ahora, con la nueva Ejecutiva, buscamos consolidar el trabajo realizado y reforzar nuestra presencia en todos los sectores.
—Estará acompañado en dicha Comisión Ejecutiva por Diego Ruiz y Cristina Ferrer.
—Esta Comisión Ejecutiva pretende ser una herramienta de trabajo para poner al sindicato en marcha. Diego Ruiz ha sido secretario general de esta casa, tiene experiencia y conocimiento, y un talante excepcional para el diálogo. Diego Ruiz representa estas cualidades, además de ser un hombre leal a la organización y comprometido con sus compañeros. Cristina Ferrer es una compañera con la que llevo batallando 30 años. Tiene una gran sensibilidad social y empatiza con los problemas de la gente. Siempre está dispuesta a escuchar y ayudar. Para este trabajo hace falta una pasta especial porque no cualquiera vale. Estoy convencido de que entre los tres conseguiremos reforzar la presencia y el papel de UGT en las Pitiusas.
—En su discurso de clausura del Congreso manifestó su gran preocupación por la crisis habitacional en las Pitiusas. Una situación que puede provocar problemas sociales como las okupaciones. ¿Cómo ha vivido la usurpación de vivienda ocurrida en Sant Antoni y el desalojo impulsado por los vecinos? ¿Cree que las leyes contra los okupas son eficaces?
—Soy un gran respetuoso de las leyes. No creo en la frase ‘El pueblo salva al pueblo’. Al pueblo lo salva el Estado, las instituciones, la policía y las leyes. Estamos totalmente en contra de la okupación. Hay que respetar la propiedad privada y, para ello, existen las normativas. Las leyes actuales son suficientes. Si se hubiese interpuesto una denuncia, como explicó el juez decano de Ibiza, la Justicia hubiese podido actuar antes. Si el propietario hubiera denunciado de inmediato, en las primeras 24 horas, el juez podría haber ordenado la intervención policial. Concentrarse de forma masiva no trae nada bueno porque puede generar descontrol e ilegalidades. Si la ley es insuficiente, habría que cambiarla dentro del marco legal para que proteja a quienes corresponde. En este caso, la presión vecinal aceleró el proceso de desalojo, pero hay que recordar que debe ser el Estado quien garantice la seguridad jurídica porque hay herramientas para que la Justicia actúe. No creo en las bandas ciudadanas que se organizan para expulsar a los okupas.
—Esta crisis de vivienda también ha generado la proliferación de asentamientos en la isla en los últimos años.
—Sí. Esta crisis habitacional que estamos sufriendo ha entrado en una espiral donde la gente no puede alquilar un piso de manera digna. Con un sueldo ya no puedes vivir: o pagas el alquiler o comes. Hemos llegado a un punto donde compartir habitación con cinco personas a los 50 años se ha convertido en algo normal. Eso no es vivir dignamente. Los sindicatos, y en concreto UGT, llevamos años denunciando esta situación. Ahora vemos asentamientos con más de 1.800 personas en situación de vulnerabilidad y viviendo en condiciones infrahumanas. No podemos normalizarlo. Es urgente que las administraciones pongan en marcha políticas de vivienda realistas y eficaces.
—Las administraciones anuncian continuamente inmuebles para el alquiler asequible en la isla, pero estas medidas no llegan. Incluso el Ibavi ha promocionado viviendas de protección oficial de lujo.
—Es necesario también ser muy cuidadosos con el tema de la construcción de viviendas porque la isla tiene limitaciones y, por lo tanto, la construcción tiene que ser muy equilibrada y las administraciones tienen que analizar bien los planes generales de cada municipio, potenciando la vivienda a precio asequible, y no promocionando pisos de construcción nueva por más de 400.000 euros y sólo dos habitaciones. Con el sueldo de un empleado público o con el sueldo de una persona que se dedica a trabajar en una empresa privada, que puede ganar entre 1.300 y 1.500 euros, no puedes pagar un piso de 350.000 euros porque se hipotecan para toda la vida. Es necesario reflexionar y aplicar una serie de medidas efectivas.
—¿Qué soluciones habitacionales plantea UGT para intentar mitigar esta crisis de vivienda?
—La soluciones no son sencillas. Hay que regular los precios del alquiler, aumentar la construcción de viviendas protegidas y, sobre todo, evitar que la especulación siga encareciendo el mercado. Si no se toman medidas urgentes, el futuro laboral y social de Ibiza y Formentera estará en serio peligro. Además, sería fundamental que las instituciones trabajaran en un plan de urbanismo sostenible, que garantice el acceso a la vivienda sin comprometer los recursos de la isla. También es esencial luchar contra el alquiler turístico ilegal porque hay cerca de 50.000 plazas turísticas ilegales que habría que regularizar. Esta medida tendría influencia en el mercado.
—¿Considera que puede agravarse el problema habitacional en las Pitiusas?
—El problema es que hemos entrado en una gran espiral de avaricia. Aquí todo el mundo quiere más. Si un piso se puede alquilar por 1.800 euros, no lo ponen a 1.500. Todo es negocio, y debido a esta cultura del dinero, los residentes estamos pagando las consecuencias en materia de vivienda y de recursos porque la isla tiene sus límites. Por ejemplo, si caben 100 coches, no pueden entrar 180. Después no hay agua para todos, ni una recogida de basura suficiente, ni carreteras adecuadas, ni servicios públicos en condiciones... Esta crisis habitacional no sólo ocurre en Ibiza, también en Formentera, donde la carestía de la vida es todavía mayor.
—Este problema de la vivienda lleva tiempo perjudicando a los residentes, pero también a los trabajadores que vienen a Ibiza en temporada.
—Totalmente, y los hoteleros hace tiempo que se dieron cuenta. Ahora verbalizan y comparten este problema. Sin ir más lejos, Carmen Riu, de Riu Hotels & Resorts, y el CEO de Palladium Hotel Group compartieron esta preocupación porque hay muchos empresarios que se están encontrando con esta falta de trabajadores que quieran venir a las Pitiusas. Ocurre lo mismo con los empleados públicos, ya que, cuando saben que tienen que desplazarse a la isla, lo pasan muy mal porque saben que de un sueldo de 1.300 euros tendrán que pagar un alquiler mensual de 900 euros o vivir con cinco personas más en una vivienda. Toda esta situación provoca esta falta de médicos, enfermeras, policías... hay un gran desequilibrio general que genera plantillas inestables. Incluso hay celadores de Can Misses que en verano dejan la sanidad para trabajar de taxistas o en el sector de la hostelería porque ganan más. Esto genera una serie de problemas que hay que ir corrigiendo con decisiones que miren por el bienestar de los vecinos, y no por la comodidad de los turistas. Esta preocupación por los suyos es la única medida que comparto yo con Donald Trump cuando dice que America First.
—¿Entiende, entonces, el gran malestar social existente entre la sociedad ibicenca con la masificación turística?
—Históricamente Ibiza siempre ha sido una isla de convivencia y de paz. Yo defiendo que el turismo es nuestra primera industria y, por ello, entiendo que tenemos que cuidar este mercado y colaborar para que funcione, pero hemos entrado, como decía, en una espiral que nadie se atreve a cortar. Yo siempre he dicho que dentro del sector turístico lo primero para las empresas tiene que ser el bienestar de los trabajadores que están en la isla para que puedan vivir dignamente.
—¿Cómo prevé el sector turístico de las Pitiusas la temporada turística? ¿Les está costando contratar a trabajadores de cara a la temporada?
—La temporada, por los datos que hay a día de hoy, será una buena temporada, aunque existirán problemas relacionados con la escasez de contratación del personal y con la situación laboral y económica de la isla. Espero que el sentimiento de masificación, con las tímidas medidas desarrolladas de limitación de vehículos, mejore. También espero que con las acciones políticas que se han ido tomando cambie la percepción de los residentes porque los vecinos de la isla y los trabajadores deberían sentir ese bienestar, y no esa incomodidad que sienten temporada tras temporada porque, al final, pasará como con la vivienda y no habrá marcha atrás.
—¿En qué punto está la negociación del convenio de hostelería de Baleares entre las patronales y los sindicatos?
—En la UGT quien hace la acción sindical son las federaciones. En este caso el convenio lo está gestionando la Federación de Hostelería. La UGT tiene a los mejores cuadros sindicales que hay en esta comunidad autónoma para negociar los derechos de los trabajadores en este sector. Es un buen momento para que los beneficios de las excelentes temporadas pasadas se repartan con quien genera también la riqueza, que son los trabajadores. La subida salarial del 19 % que pedimos parece que es mucho, pero no lo es porque estamos atravesando un momento dulce en la economía y debería repartirse con los trabajadores. Yo entiendo que utilizando el diálogo como herramienta, y siendo un poco empático con las peticiones de los empleados, debería haber un acuerdo.
—¿En Ibiza es posible aplicar la reducción de jornada teniendo en cuenta los problemas de contratación de personal?
—No existe ningún problema porque el mundo ha evolucionado y se han incorporado herramientas que son fundamentales en la vida laboral. Cuando en el año 83 se redujo la jornada a 40 horas, compartían los mismos argumentos negativos que dicen ahora. Esta medida significará compartir más, poder vivir mejor, leer, salir con tus hijos, con tu mujer, poder hacer un viaje... dignificará nuestra vida.
—Se equiparará el plus de insularidad de los funcionarios de Baleares con Canarias, pero no se subirá el plus de insularidad a los funcionarios del Estado. ¿Qué valoración hace?
—Por supuesto que los funcionarios estatales también deberían percibir una subida del plus de insularidad, pero yo voy más allá. Considero que para los trabajadores de la empresa privada – si no se negocia como un concepto de insularidad – se debería aplicar un complemento en las nóminas que refleje la carestía de la vida en Ibiza en la negociación de sus convenios porque esta carestía es la misma para un celador que para un ciudadano administrativo, médico o docente. Por lo tanto, parece razonable que si aplicas un plus de insularidad en un sector, se pueda aplicar en el resto de ámbitos para que todo el mundo pueda cobrar este complemento. Desde la sanidad debe ser extensivo al resto de funcionarios que no lo cobran y también debe ser extensivo a los trabajadores de la empresa privada.
—¿En qué situación se encuentran los pensionistas de Ibiza y Formentera?
—En esta sociedad cada vez hay más jubilados, personas que se han partido la espalda trabajando sin cotizar con trabajos precarios. Muchas de ellas tienen pensiones mínimas de 900 euros o de 1.180 euros para vivir, y es imposible. Esto está generando una nueva categoría de pobres debido a estas situaciones de precariedad. Debido a esto, está teniendo lugar en Ibiza una emigración de jubilados a la Península porque no pueden vivir dignamente en la isla con una pensión mínima.
DaltviBuen argumento.... Te confirmas....